CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
La Junta de Control Fiscal (JCF) ya no está solo conforme con quitarle el dinero al pueblo puertorriqueño para dárselo a los bonistas, ahora viene por los recursos naturales del país. En el nuevo Plan Fiscal (PF) presentado por la JCF a fines de abril, el ente federal le exige al gobierno de Puerto Rico cambios a las leyes de planificación y de protección ambiental dirigidos a que se deroguen el Plan de Uso de Terrenos (PUT), los Planes Territoriales de los Municipios (PTM), la Ley de Municipios Autónomos y la Ley General de Permisos.
En entrevistas por separado, planificadores, activistas ambientalistas y un abogado de Derecho Ambiental, denunciaron y advirtieron de los peligros y fines ulteriores de los cambios que exige la Junta de Control Fiscal.
El planificador José Rivera Santana, en tono crítico denunció que la Junta exige que los cambios a todos estos documentos que tienen que ver con la política pública ambiental ocurran entre este 2021 al 2023. Advirtió que hacer cambios en las zonificaciones en la práctica es derogar tanto el PUT así como los PTM. Mientras cambiar el sistema de permisos es enmendar la ley 161, y lo que tiene que ver con lo que son las competencias de los municipios que les permite tener oficinas de permisos.
Rivera Santana, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP), puntualizó que cuando se miran en su conjunto los cambios que exige la JCF la consecuencia es que se va a re zonificar para permitir desarrollos en áreas que la zonificación vigente lo prohíbe y lo prohíbe porque se trata de terrenos que tienen un alto valor natural, o valor ecológico, o de alto valor agrícola, alto valor paisajista o porque son áreas urbanas residenciales en los que la zonificación no permite algunas actividades. Acotó que el propósito de la zonificación en algunas áreas urbanas es precisamente preservar el carácter residencial.
“Lo que está haciendo la JFC en la práctica es desmontar todo lo que hasta ahora ha sido el avance en la planificación para acomodar proyectos de construcción y ‘desarrollo’ que la zonificación, clasificación y reglamentaciones ambientales ahora no lo permitirían”.
En cuanto a las reglamentaciones ambientales la JCF pretende que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) amplíe la lista de exclusiones categóricas. Exclusiones categóricas es cuando se exime de presentar documentos de evaluación ambiental a una serie de actividades y proyectos. Ampliar la lista de exclusiones categóricas implica a su vez eliminar la participación ciudadana en los procesos decisionales. Sobre este particular acusó que el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, “está conectado con la Junta”. Esto en referencia a que ya el secretario amplió la lista de las exclusiones categóricas e incluso le envió a la JCF el reglamento sobre la disposición de cenizas de la carbonera AES, asunto en el cual el ente federal no tiene ninguna injerencia. “Es una actitud de entrega total a la JCF, evidencia que lo que hay es un arreglo, un entendido obvio”, manifestó.
Rivera Santana, quien participó en la preparación del PUT, recordó que la ley para su creación se aprobó en el 2004 y el plan se aprobó en el 2015. El proceso completo “tomó 15 años y ahora Jaresko quiere votar ese trabajo por la borda”. En esa línea también denunció que a sectores vinculados a la construcción y desarrolladores siempre les ha interesado derogar el PUT e incluso los que dirigen la JP en la actualidad también están moviendo los hilos para en la práctica no aplicar el PUT.
“Lo vimos hace dos años con el Plan de Clasificación y recientemente con el Reglamento Conjunto [RC] que el tribunal lo declaró nulo. En el fondo los cambios que están incluidos en el RC son cambios para desvirtuar el PUT”.
Mas aun calificó como un descaro de parte de la JCF el que además de incluir estas exigencias en el PF incluya que se cree una comisión del sector privado junto con las agencias de gobierno para llevar a cabo los cambios.
No obstante, en un análisis más abarcador, Rivera Santana destacó que la exigencia de estos cambios se puede atar a lo que está ocurriendo con las acciones de compra de inmuebles y de propiedades de alto valor natural, paisajista, agrícola y ecológico como resultado de las exenciones contributivas de la Ley 22.
“Ya muchos de esos inversionistas están mirando la posibilidad de desarrollar proyectos de construcción. Cuando uno mira el PF de la JCF encuentra perfectamente que se trata de cosas que están en armonía, que vienen como parte de un diseño que invita a privar a nuestro país de áreas naturales de recursos económicos y agrícolas, que va ir desplazando población y sustituyendo población, lo cual indica además un proceso de empobrecimiento adicional porque en la medida en que estas políticas intervengan con nuestros bienes pueden apropiarse de bienes públicos como el agua. En la medida en que los seres humanos perdemos los bienes que son de todos ocurre un proceso de privación social y también de violación de derechos humanos”.
Un enfrentamiento constitucional
En entrevista por separado el abogado de la práctica de Derecho Ambiental, Omar Saade Yordán, expresó que es preocupante que el gobierno de Puerto Rico se preste a no darle la protección legal que existe en la actualidad al ambiente, los recursos naturales y a la salud de las personas. En todo caso reclamó que las actuales leyes ambientales lo que requieren son cambios para darles una mayor eficiencia, pero lo que plantea el PF es empeorarlas aumentando las actividades exentas de tener que analizar su impacto al ambiente.
Trajo a la atención que los cambios a las Exclusiones Categóricas que decretó el secretario del DRNA el pasado año todavía están en el tribunal. No dudó en atribuir que “la acción del secretario es el impulso de toda una política pública y de toda una ideología de que en la medida en que acelero los permisos y dejo a un lado los análisis, estoy ayudando a la economía, eso en realidad no tiene base ni fundamento y mucho menos justifica que se desprotejan los recursos naturales y la gente”.
Defendió que los procesos de evaluación ambiental y, sobre todo, también los de planificación dan un procedimiento en ley para que las personas se expresen sobre proyectos controvertibles que puedan afectar tanto su salud como el ambiente natural. “Adoptar una política así es bien peligroso para el país. No solo propone se desprotejan los recursos naturales, la política ambiental, sino también proponen enmendar los distritos para que se permita de manera arbitraria más actividades. Todo con el propósito de evitar que los proponentes desarrolladores tengan que solicitar consultas de ubicación, el cual es un instrumento importante de planificación y participación del público”.
Sadee Yordán advirtió que tanto a nivel de la regulación ambiental como la planificación, la desregulación de ambas es bien peligroso para el país. Añadió que desde el punto de vista ambiental lo que pide la JCF es un choque frontal con una política de rango constitucional que existe en Puerto Rico. Esto debido a que la ley de política pública ambiental es de rango constitucional y todos esos instrumentos que se requieren cuando las personas van a construir o llevar a cabo alguna obra son en respuesta a ese mandato de la constitución.
“Esto es parte de los esfuerzos de explotación que lleva a cabo Estados Unidos con Puerto Rico como colonia y es parte del uso de ese poder absoluto que pretende también ejercer e interferir con las normas locales de la protección del ambiente”, declaró.
En tono enfático Saade Yordán denunció que ya en realidad en Puerto Rico hay empresas que operan de manera ilegal y con impunidad y dio como ejemplo el puerto de gas de la compañía New Fortress. Puntualizó que para este proyecto era necesario la consulta de ubicación -requisito que no cumplió- por lo que la empresa opera de manera ilegal.
El abogado ambientalista hizo un llamado a estar alertas, incluyendo que la operación de Luma “es una sentencia de muerte para todos nosotros”, en relación a su insistencia en la utilización de combustibles fósiles en lugar de la energía renovable.
Al igual que Rivera Santana, Saade Yordán criticó el itinerario que impone la JCF para llevar a cabo los cambios y la creación de una comisión compuesta por el sector privado y distintas agencias, entre ellas el DRNA, la JP y la OGP. “La función de la comisión es la de eliminar regulación”, reiteró. Al insistir en que los cambios son preocupantes, indicó que estos parecen ser una continuación de las políticas de desregulación automática que impulsó el ex presidente Trump, los cuales logró en algunos estados.
“Eso se quiere incorporar aquí. Hay que estar pendiente cuáles regulaciones van a ser, qué ordenamientos van a afectar todos esos esfuerzos sin fundamento ni base, no hay nada que vincule la desregulación con un progreso económico ni con una necesidad incluso de pagar a los bonistas”.
Un aspecto que trajo a la atención es que desde la administración del ex gobernador Fortuño que creó la ley de permisos, se le han hecho enmiendas en tres ocasiones en esta década. Reveló que de acuerdo con la ley, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) está obligada a rendir un informe de los beneficios económicos que esta ley ha supuesto para el país.
“No hemos podido identificar de ningún informe que está obligada la OGP dar a la Legislatura que esa política impulsada desde el 2009 ha tenido unos beneficios económicos para Puerto Rico, ni ha redundado en una mejoría en términos económicos para el país, ni siquiera la OGP sabe cuáles son las solicitudes que trata y deniega; las trata todas como adjudicaciones, eso puede querer decir conceder o denegar”.
Prosiguió que cuando se estudian los informes se ve que estos son bien vagos. Censuró el que si la teoría es que en la medida en que se conceda todo de manera rápida se está impulsando la economía cómo es posible que desde que empezó esa política hace diez años no se tenga los datos que lo sustente. Incluso dijo que muchos de los informes no están públicos, en incumplimiento con la ley misma de permisos y los que están tampoco se le puede catalogar como análisis ya que son una descripción de la estructura y los puestos que dicen que creó o produjo y con eso ya supuestamente están en ley.
Saade Yordán fue más allá y acusó que el problema -en relación a los que quieren proteger y preservar el ambiente y recursos naturales- es que tanto el foro administrativo que concede un permiso cómo los tribunales, le aplican una especie de protección casi sagrada a ese pedazo de papel que se concedió de manera ilegal. “Las personas tienen que sufrir las consecuencias de la falta de foro porque hay una idea general en los tribunales y las agencias que el impugnar esos permisos es ir en contra de la economía”.
“Aquí se nos va la vida”
“Esto es parte del proceso. Se me parece a lo sucedido a principios del siglo pasado cuando el gobernador gringo vino devaluaron la moneda, cambiaron todas las leyes y los puertorriqueños que tenían algo tuvieron que vender todo a los gringos. Ahora es algo similar porque están aprovechando una crisis que tiene el país creada obviamente por el mismo sistema y los que nos gobiernan han ido llevando poco a poco todos los servicios públicos a la privatización y entonces ahora vienen con la otra parte del postre de que para reactivar la economía y aprovechar los fondos federales los inversionistas quieren es desreglamentar completamente las protecciones ambientales que hay en el país y la zonificación que hay en el país”, destacó el planificador Abel Vale.
Consideró que la situación es una alarmante y recordó que en el 2019 y en el 2020 lo que hizo la JP fue una desreglamentación de la planificación con el nuevo Reglamento Conjunto. Mientras el secretario del DRNA hizo lo mismo con las Exclusiones Categóricas. Vale, quien es uno de los gestores de la organización Ciudadanos del Karso, la cual demandó al DRNA, reveló que uno de los argumentos del secretario en el tribunal para justificar las exclusiones fue que él estaba siguiendo las “directrices de la JCF”.
“Aquí se nos va el país, de eso es lo que estamos hablando. Con el argumento de que eso va a mejorar la economía. Eso lo han dicho en todos los demás cuatrienios y estamos peor, estamos diciéndole vamos al cadalso a que nos guillotinen”.
Por el contrario, expuso que si se busca a los países que están mejor en términos económicos son aquellos que tienen una planificación de sus suelos en una forma bien pensada, bien mesurada, porque de esa forma se trata de aprovechar sus aspectos fuertes y evita sus debilidades. “Aquí no les importa nada a ellos, lo que les importa es aprovechar el momento. Con la cantidad de dinero que FEMA le va a dar a la AEE y que Luma se va quedar, por esa cantidad de dinero, $20 mil millones, matan a cualquiera, no estamos hablando de unos dos miles. Si se tienen que llevar de frente a quien sea, lo van hacer. No es tan solo la AEE es el resto del país, todos los mejores suelos, las áreas costeras desde el punto de vista que la Junta y los inversionistas ven como turismo”.
El activista ambiental exhortó a las y los puertorriqueños a tener la capacidad de solidarizarnos para entender lo que está pasando y que no nos mantengan divididos para que los inversionistas y otros intereses hagan del país lo que les dé la gana.
“De lo que estamos hablando es que si se destruye el ambiente olvídese de cualquier estatus político porque la isla no es viable. Cuando se habla del ambiente se habla de lo que sostiene la vida y cuando tú destruyes el ambiente estás destruyendo la base de lo que sostiene la vida. Los inversionistas hacen y luego se van del país, cuando ya no rinda más”, concluyó.
