Por Cándida Cotto//CLARIDAD
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Cuando el gobernador Ricardo Rosselló, dice que “tiene que terminar la obra que comenzó”, seguro que se refiere a terminar de regalar a Puerto Rico a los inversionistas, desarrolladores extranjeros, a sus amigos del alma. Ya en la práctica ha privatizado a todo el gobierno y lo que no, lo ha regalado.
Ahora la Junta de Planificación se dispone a celebrar nueve días de vistas públicas- del 15 al 24 de julio- con el propósito de adoptar nuevos mapas de calificación, como se llama ahora a los mapas de zonificación. El experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, lanzó la voz de alerta respecto a los peligros que esto puede representar. Indicó que los cambios abarcarían a todos los municipios e incluirían numerosas áreas especiales naturales, históricas y agrícolas, entre otras.
Ante el aviso de vista pública Sadeé Lloréns, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, le cursó una carta a la presidenta de la JP, planificadora María del C Gordillo Pérez, en donde le expone una serie de consideraciones para solicitarle que se pospongan las vistas públicas y se den al menos 90 días previo a la fecha en que se pauten nuevas vistas. Trae a la atención que dada su amplitud e implicaciones, se trata en realidad de un cambio de grandes proporciones y de consecuencias vastísimas para lo cual, la Junta no ha concedido suficiente tiempo de análisis y evaluación. Es decir ni a el público en general, a los residentes de urbanizaciones y comunidades, los Municipios, ni a las organizaciones no gubernamentales que “se interesan por la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la agricultura”.
En el caso particular de los municipios advierte, que los cambios distritales amenazan con invalidar de un plumazo las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, sin que sea humanamente posible que en tan poco tiempo se puedan examinar con el detalle que se requiere los usos de los terrenos de los mapas de calificaciones propuestos, no importa que se cataloguen como meras equivalencias de nomenclatura. “Recordemos que estos planes han implicado la inversión de millones de dólares municipales. La tarea del análisis se dificulta en extremo debido a que la Junta no ha incluido en el Aviso de las vistas ningún análisis o explicación razonable de lo que propone y sus implicaciones”.
Sadeé Lloréns advierte además que ese análisis, explicación o memorial explicativo tampoco puede encontrase en el portal de la JP. Otro elemento que tampoco se preovee en el Aviso es el que alude a áreas o zonas sobrepuestas, pero no puede encontrase una ilustración o explicación de éstas, aún cuando los cambios de distrito que se proponen pueden afectar y de hecho afectarían terrenos de gran valía natural o agrícola.
Continúa señalando que a las dificultades indicadas se suma la ausencia de información o explicación de los impactos de los distritos propuestos en el Plan de Usos de Terrenos u otros instrumentos de planificación, ni sobre el importante tema de la incorporación o no de nueva información y toma de conciencia sobre los riesgos en zonas de riesgo, costeras o no.
Por su parte el planificador ambiental José Rivera Santana, catalogó las pretensiones de la JP como “otro atropello y un ejemplo de la corrupción en el manejo de las reglamentaciones de planificación. “En efecto, lo que pretende la Junta de Planificación es abolir mediante un proceso, a mi juicio ilegal y fraudulento, el Plan de Usos de Terrenos y los planes territoriales de los municipios”. Advirtió que de aprobarse lo propuesto, no solo tendrá consecuencias nefastas para los sistemas naturales, sino también para los centros urbanos y la calidad de vida de sus residentes.
“Se traen “por la cocina” cambios en la calificación (zonificación) que desvirtúan la visión y propósitos de los distritos permitiendo usos y densidades inaceptables. ¡Es grave! ¡Muy grave!”, recalcó.
Hay que traer a la atención que la administración de Rosselló Nevares, colocó a la JP bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Además, se propone crear un fideicomiso para entregar a manos privadas el 96% de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), la cual tiene propiedades tanto en zonas costeras, y otras áreas privilegiadas, la designación de todo Puerto Rico como “zonas de oportunidades”, y ahora los cambios a los mapas de calificación del uso de los suelos, todo levanta sospechas del por qué y la prisa por los cambios.
