Por Carla Cristina/Especial para En Rojo
En estos días, se discute en el país la probabilidad, las ventajas, desventajas y consecuencias de permitir que salgan de prisión (si aplica y si pagan fianza) y enfrenten un nuevo juicio los convictos por delitos graves que fueron encontrados culpables por jurados no unánimes y cuyas sentencias no sean finales y firmes o estén en etapa de apelación.
Esto, a raíz de un proyecto de la Legistatura local que propone la aplicación retroactiva de una determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOUTS) que establece que los veredictos en casos penales graves a nivel estatal tienen que ser unánimes (12-0).
La decisión de Ramos v. Louisiana establece que la 6ta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América -que garantiza el derecho a un juicio por un jurado imparcial y que está incorporada en contra de los estados por la 14ta enmienda- se satisface mediante un veredicto unánime en casos de delito grave. Hasta el momento, 48 estados y el gobierno federal permiten que un solo jurado evite que una persona sea convicta; solo Louisiana y Oregon han sentenciado a personas por veredictos 10-2. Esta decisión revocó el caso Apodaca v. Oregon, de 1972. Sin embargo, no mencionó la retroactividad de su aplicación.
Cabe señalar que esta misma controversia fue planteada ante SCOTUS en el caso Edwards v. Vannoy, y el tribunal federal accedió a revisar el recurso de Certiorari para contestar si su decisión aplica retroactivamente a casos que estén en ‘revisión, o apelación, colateral’ ante un foro federal. Por lo que, este asunto ya está ante la consideración del tribunal federal.
El caso Ramos v. Louisiana es el que dio base a la solicitud de nuevo juicio que presentaron Tomás Torres Rivera y Pablo Casellas, por separado, ante el Tribunal de Apelaciones, que acogió las solicitudes de ambos y ordenó un nuevo juicio contra cada uno por los delitos por los que fueron encontrados culpables por jurados no unánimes.
Aprovecho, pues, la coyuntura de la discusión para traer a la atención un tema que me inquieta desde hace mucho tiempo: la cárcel como castigo.
La cárcel como pena impuesta tras la comisión de un delito es una institución relativamente moderna, si por moderna se entiende que no tiene más de 300 años. Su origen se remonta a los calabozos sarracenos, las ergástulas romanas y las celdas antiguas en las que encerraban provisionalmente a los individuos que habían causado algún daño. Encerraban temporalmente a los reos en esos espacios hasta que estos enfrentaran un juicio (si aplicaba) o hasta que repusieran el daño que habían ocasionado (ya fuera físico, moral o pecuniario). Es decir, las celdas no eran el castigo, sino el lugar en el que mantenían a los reos hasta que les impusieran la pena que habrían de cumplir. Por muchísimo más tiempo del que debió ser, los castigos eran crueles e inhumanos, e iban desde la horca y el fusilamiento hasta la guillotina y la crucifixión, entre otros.
A mediados del siglo XVI y comienzos del XVII, surgieron en Gran Bretaña las denominadas casas de corrección, que eran los centros en donde aislaban a las personas que molestaban en la calle o que eran vistos como un ejemplo de moralidad no favorable. Estas personas eran casi siempre pobres. Había en aquella época una distinción entre los “pobres aptos” y los “pobres no aptos”. Los primeros eran los que “eran pobres porque no trabajaban porque no querían”, y para ellos se usaba el encierro con la intención de inculcarles la disciplina del trabajo. Por otro lado, los “pobres no aptos” eran aquellos que “eran pobres porque no podían trabajar porque padecían” de alguna condición fisiológica que les impedía realizar labores. Para esos existía clemencia y compasión, y recibían ayudas que no requerían su encierro… pero tampoco les sacaban de la pobreza.
Ya para el siglo XVIII, en pleno apogeo de la Ilustración, las cárceles recibieron otra mirada. Las torturas y los castigos bárbaros se consideraron inhumanos, y se propuso un acercamiento más humano hacia las personas que faltaban al “orden social”. Se concibieron, entonces, las cárceles como centros de reformación. Sin embargo, debido a que el capitalismo -ni ningún sistema económico que le antecedió– no logró erradicar la pobreza y que, por el contrario, la hemos criminalizado, las personas pobres siguen siendo -por razones muy parecidas pero más complejas que las de antes- la mayoría de la población correccional.
Las cárceles se convirtieron en el castigo para quienes delinquen. Pero ¿cuántas personas ricas van a la cárcel? ¿Por qué? Esas preguntas no pueden responderse sin hacer un análisis social que concluya que el desbalance y la desigualdad de oportunidades y acceso a herramientas de desarrollo propician que más personas pobres pasen por la cárcel o terminen sus días en ella. Sobre todo, la criminalización de la pobreza permite que la sociedad rechace contundentemente la idea de que las personas pobres que van a la cárcel deben tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Esto hace que la política pública del Estado no desarrolle con vehemencia, voluntad y compromiso un sistema de rehabilitación honesto y eficaz.
Por ejemplo, según prisonstudies.org/, que recopila los datos del World Prison Brief, al 2016, Estados Unidos tenía una población total de 323.1 millones de personas. De esas, 6,613,500 eran supervisadas por alguno de los sistemas correccionales del país, ya sea mediante grillete electrónico, probatoria o la cárcel, en las que había 2,121,600 personas. En contraste, Rusia, que para 2016 tenía una población de 144.3 millones de personas, contaba con una población penal de 554,995. China, por su parte, para 2016 tenía una población de 1.379 billones de personas y mantenía encarceladas a 1,649,804.
Según un estudio realizado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (al que pueden acceder a través de estadisticas.pr/files/inventario/publicaciones-especiales/DC_perfil_poblacion_confinado_2019.pdf),al 2019, la población correccional de Puerto Rico era de 7,728 confinados, de un total de 3.194 millones de habitantes.
Esos números nos dicen mucho de muchas cosas, pero, sobre todo, nos hablan del pésimo sistema penal que rige en Estados Unidos.
En los Países Bajos, por otro lado, las ciudades han cerrado las cárceles y las han convertido en refugios. Al 2018, había solo 10,887 personas en las cárceles del país europeo, que para esa fecha tenía una población total de 17.18 millones de personas. Según un artículo de U.S. News (usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons)el año pasado, la tasa de población penal era de 61 por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos, esa cifra aumenta exponencialmente a 655 personas presas por cada 100,000 habitantes.
¿Por qué hay tan pocas personas presas en los Países Bajos? ¿Cómo lo lograron?
Wiebe Alkema, portavoz del Ministerio de Justicia y Seguridad de ese país europeo, dijo que en 2016 el Gobierno realizó un estudio que reflejó que, entre otras cosas, haberse enfocado en conocer cómo funciona la criminalidad y de qué manera afecta a la sociedad les permitió implementar una política pública que logró la reducción en la población penal. En 2013, profesores e investigadores de criminología de Leiden University, en Holanda, concluyeron que la cárcel no es un método efectivo para reducir el crimen y que las penas de reclusión más largas tampoco resultan en la disminución de la comisión de delitos. Estos añadieron que la cárcel reafirma la identidad criminal de un individuo, lo que tiene un efecto negativo en la mayoría de los aspectos de la vida social, como, por ejemplo, la oportunidad de conseguir un empleo al momento de reinsertarse en la sociedad.
En los Países Bajos hay programas de intervención dirigidos a detener el ciclo de la reincidencia criminal. Uno de estos programas les permite a los confinados trabajar fuera de la prisión en labores significativas y productivas. También, a los presos se les permite tener contacto con sus familiares mediante Skype para que, por ejemplo, estos les lean cuentos a sus hijos antes de dormir. Además, los guardias llaman a los reos por sus nombres y no por sus apellidos o por un número que les hayan asignado.
Esto es porque, según explica Peter van der Laan, profesor e investigador del Dutch Study Centre for Crime and Law Enforcement, el trato humano a los confinados es clave para lograr su rehabilitación y detener la reincidencia criminal. Van der Laan añade que el sistema judicial holandés practica y promueve un acercamiento a la cárcel que parte de la premisa de que privar de la libertad a un individuo es un castigo en sí mismo, por lo que no contempla la deshumanización de las personas confinadas y no permite que se les castigue mediante el trato que reciban.
En nuestro sistema, por el contrario, pareciera que la oportunidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros errores y, sobre todo, de enmendarlos es inversamente proporcional al tamaño del error. Esto, porque mientras más grave es el delito, menores son las probabilidades de salir de la cárcel debido a que las penas son más altas.
¿Por qué habríamos de creer -y esperar- que alguien se rehabilite si no va a tener la oportunidad de empezar de nuevo? Por lo anterior y por tanto más, sostengo mi postura en cuanto a que la cárcel es un castigo anticuado que no cumple los propósitos de justicia y reparación (corrección, rehabilitación…). Apartar, excluir, expulsar y hasta exterminar (en los casos de pena de muerte) no son maneras justas de crear o mantener el “orden” social.
¿Qué cambios ocurren en la sociedad cuando se encarcela a alguien como castigo por la comisión de un delito? ¿Qué se logra? ¿Qué se obtiene? ¿Cuánto de la raíz del “problema” se atiende? ¿Se soluciona algo? Estamos acostumbrados a castigar por los errores sin detenernos a pensar por qué los cometemos y cómo podemos evitar repetirlos.
La cárcel es una respuesta acomodaticia, vengativa y estéril que ofrece el sistema para solucionar algunos problemas que, paradójicamente, surgen de él. Es un desperdicio de todos los recursos y las posibilidades que tenemos de redirigir, de impulsar el desarrollo integral del otro. Ese desarrollo que inevitablemente impactará el mío y, así, el de todos.
Es, además, un despilfarro de dinero que no vemos retribuido de ninguna manera.
En fin, creo que el castigo de reclusión es una falta inmensa de voluntad social. Es como una vagancia perenne, un constante eludir, una negación irresponsable de la responsabilidad colectiva que tenemos sobre el funcionamiento del individuo.
Somos más vengativos que justos. ¡Pero podemos rehabilitarnos!
