La crisis fiscal de Puerto Rico = colonialismo.

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Washington, DC-Tras más de 500 años de subordinación extranjera, desastres atmosféricos, corrupción política de administraciones de turno y múltiples intentos de americanizar al país, el imperio ha fracasado en borrar de la mente del puertorriqueño nuestra identidad nacional. Dos mujeres boricuas defendieron la identidad puertorriqueña con ahínco en Washington DC en las pasadas semanas. En el Tribunal Supremo la Energía Eléctrica (UTIER) pidió al Tribunal la revocación de los Casos Insulares, que establecen el dominio colonial de EEUU que tiene sobre los territorios de ultramar.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz en vistas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, liderada por el Congresista Raúl Grijalva, le reprendió con dureza y severidad a un Congresista de nombre McClintock de California, y a quien la alcaldesa le tuvo que aclarar que su nación es Puerto Rico y su nacionalidad la puertorriqueña. Para el Congresista McClintock, Puerto Rico tiene la misma obligación como California de pagar una deuda que entiende que es soberana. Mientras todo ese debate se llevaba a cabo en el salón de vistas del edificio Longworth, un grupo de la diáspora puertorriqueña se manifestaba en los pasillos tomándose fotos mientras portaban cartelones que leían “Promesa es Pobreza”. Es un hecho indiscutible, la crisis fiscal de Puerto Rico es sinónima a colonialismo.

En síntesis, el proyecto de ley de Grijalva que trata de redefinir lo que se debería considerar como servicios esenciales, entre otras cosas. El proyecto también pide que los gastos de la Junta sean costeados por el Departamento del Tesoro federal, y, además, que la deuda sea auditada, que haya una reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, y conjuntamente, se cree una serie de salvaguardas para evitar los conflictos de interés de miembros de la Junta y de los profesionales que son contratados por la misma.  

Mientras al otro lado de la calle, una semana antes, el Tribunal Supremo Federal había escuchado los argumentos orales sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal creada por el Congreso. A excepción del reclamo de la abogada Méndez-Colberg sobre la revocación de los Casos Insulares, los argumentos se concentraron sobre las funciones y poderes concedidos a la Junta Fiscal por el Congreso Federal y si estos eran de índole local o federal.

En otras palabras, si se considera un asunto local, entonces, los nombramientos están abalados por la Cláusula Territorial bajo los poderes plenarios del Congreso. Por otro lado, si se ve como un asunto de índole federal, entonces, estos están avalados por la Cláusula de Nombramientos. Como ha sido de costumbre, el Supremo federal nunca ha revocado una ley del Congreso a favor de Puerto Rico. En dicho caso de encontrar los nombramientos nulos porque no cumple con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de EEUU, la Corte tendría que definir el remedio. Los más probable, bajo el concepto “de facto”, las acciones que hayan tomado los miembros de la Junta serán consideradas válidas, y habrá un proceso de confirmación mientras estos continuaran desempeñados sus labores o hasta que se haya determinado lo contrario. Eso es como dejar a las cabras velando a las lechugas, en argot puertorriqueño.

Tanto en la decisión que emitirá el Tribunal Supremo, como la discusión que pueda generar el proyecto de ley de la Cámara baja federal de Grijalva, a fin de cuentas ambos resultados carecerán de las posibilidades de que se pueda eliminar o modificar la Junta de Control Fiscal. Primero, el proyecto de Grijalva no tiene posibilidad alguna de salir de Comisión, ser aprobado por el pleno de la Cámara baja y pasar por el cedazo del Senado Federal para después convertirse en ley. Ambos, el Senado federal como Casa Blanca se oponen a enmendar Promesa. En el caso de la Corte Suprema, según allegados al litigio admitieron que tampoco pasará nada allí, y aun cuando se pueda prever algún cambio, el cual, si alguno, se habrá de efectuar en el sentido más favorable a proteger los grandes intereses capitales de EEUU que tiene en Puerto Rico.

La continua merma de poder político que afecta al pueblo puertorriqueño se tiene que resolver en la calle. No se puede contar ni con el Congreso ni el Tribunal Supremo federal para resolver las deficiencias de democracias que ha creado el colonialismo rampante en la isla y a la que han sometido al pueblo. Acudir al Tribunal Supremo o al Congreso para pedir reparaciones son reclamos que se quedan a la deriva si no hay un respaldo contundente de movimiento de pueblo.

Por eso cuando la representante legal de la UTIER reclamó la derogación de los Casos Insulares por estimar que estaban influenciados por visiones y razonamientos de una Corte racista, todos los jueces, incluyendo la juez Sotomayor, la miraron con horror, el juez Thomas se llevo las manos sobre la cara mientras el juez presidente Roberts, entre otros, le trataban de desviar su discurso interrumpiéndole para recordarle que se trataba de un asunto sobre la aplicabilidad de la Cláusula de Nombramientos, a la cual la gallarda abogada contestó que la oposición se había basado en los Casos Insulares para avanzar sus argumentos en apoyo a validar los nombramientos de la Junta.

El autor es abogado en Washington.

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