La crisis no alcanza a los jueces

Por la Redacción /CLARIDAD

La medida legislativa que aumentaría el salario de los jueces y juezas de Puerto Rico, presentada por el presidente del Senado a petición de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, ha causado indignación tanto por el aumento mismo como por las razones que expuso la promotora de la medida para intentar justificarlo. Según la licenciada Maite Oronoz, el incremento de entre $40 mil y $58 mil anuales “asegura una judicatura independiente y robusta, libre de presiones indebidas”, lo que supone que sin los nuevos salarios los jueces estarían sujetos a ser presionados o sobornados por lo que la pulcritud judicial estaría atada al ingreso que reciba el magistrado más que al carácter y la honestidad de los jueces y juezas. Ese argumento, que condiciona la independencia judicial a un salario alto, le hace un mal servicio a la judicatura puertorriqueña que, en su inmensa mayoría, está integrada por personas honestas.

Según información obtenida por CLARIDAD, además de acudir a donde el presidente del Senado, la jueza Oronoz también gestionó el apoyo de la delegación del Partido Popular buscando que el proyecto de ley apareciera como una gestión “bipartidista”. Entre otros senadores, se reunió con Rosana López, precandidata a la alcaldía de San Juan por el PPD, quien declinó aparecer como coauspiciadora de la medida.

La propuesta de Oronoz que recoge Rivera Schatz, le aumentaría $58 mil anuales a la propia presidenta Oronoz llevando su salario a $183,000. Los otros ocho jueces asociados del Tribunal Supremo recibirían un aumento de $53 mil colocando sus salarios en $173 mil. Los jueces superiores, que constituyen el grupo más grande, estarían recibiendo un asalario de $145 mil tras un aumento de $40 mil, mientras a los jueces municipales casi se les duplicaría el salario llegando a $120 mil.

Estos aumentos, además de golpear el presupuesto de la Rama Judicial, impactarían de forma significativa el sistema de retiro que sirve a la judicatura. En caso de los jueces del Tribunal Supremo, la legislación vigente les permite jubilarse con sólo diez años de trabajo, manteniendo su salario completo de forma vitalicia y hasta después de fallecido porque el ingreso íntegro pasa al viudo o viuda supérstite. Ese privilegio no lo disfruta ningún otro funcionario público. Para calcular las pensiones de los demás magistrados se utiliza el ingreso de los últimos tres años que ahora serían significativamente más altos. Como sabemos, el sistema de pensiones en Puerto Rico se encuentra en crisis y es uno de los temas más afectados por las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal. Ahora mismo prácticamente no existe un sistema de retiro para los actuales empleados del gobierno y muchos de los pensionados están expuestos a recibir una reducción de hasta diez por ciento en la mensualidad que reciben.

Además de la supuesta coraza contra el soborno, otro argumento esgrimido por la jueza Oronoz para intentar justificar el aumento salarial es que los jueces puertorriqueños “son los peores pagados entre los estados y territorios de Estados Unidos.” Este argumento fue inmediatamente desmentido por el economista José Caballero Cueto quien circuló en las redes sociales una tabla con la media salarial de todos los estados. Al menos 14 de las provincias o estados en que se divide la nación estadounidense, pagan salarios inferiores a los que actualmente reciben los magistrados puertorriqueños. Entre los que pagan compensaciones más bajas se encuentra estados con economías y población de gran tamaño como Ohio, Texas y Pennsylvania. Cada uno de ellos tiene una media salarial anual inferior o muy similar a los $91,120 que ahora mismo tiene Puerto Rico.

El tercer argumento utilizado por la Jueza Oronoz es que a los magistrados puertorriqueños no se les ha aumentado el salario durante los últimos 9 años mientras el costo de la vida ha aumentado cada uno de esos años. Esa es exactamente la misma situación de todas las personas que trabajan para alguna de las ramas de gobierno mediante un salario fijo. Ningún empleado público regular ha disfrutado de aumento salarial desde, al menos, el 2009, con el agravante de que cada uno de ellos tiene un salario significativamente más bajo que el de los jueces. En el caso de los maestros y maestras, que tampoco han disfrutado de aumentos, su salario de $21 mil anuales, cuatro veces más bajo que el de un juez superior y seis veces más bajo que el de un juez asociado del Tribunal Supremo. Lo mismo ocurre en la Universidad de Puerto Rico donde, para lograr una mejoría salarial, los profesores dependen que se les autorice ascender a un nivel superior en la escala profesoral porque los salarios no aumentan.

La medida legislativa impulsada por el Tribunal Supremo, que gustosamente acogió Rivera Schatz, pasa por alto el repetido discurso utilizado por los principales funcionarios del gobierno y la Junta de Control Fiscal para justificar las severas medidas de austeridad impuestas a los empleados públicos y al pueblo. Ese discurso insiste en que la crisis económica y en la supuesta incapacidad del gobierno para cubrir sus obligaciones justifica la austeridad.

La actual gobernadora Wanda Vázquez, cuyo esposo es uno de los jueces que se beneficiaría con el jugoso aumento, no se ha expresado en torno a la propuesta. Al firmar la ley que autorice los nuevos salarios estaría aumentando su ingreso familiar en $40 mil anuales. En cuanto a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, su compañera, Gina Rodríguez, es jueza del Tribunal de Apelaciones por lo que los ingresos del grupo familiar serían $328,000.