La cuarentena no es igual para todas las personas

 

Por Candida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

¡La cuarentena no es igual para todos(as)! es el grito que lanzan organizaciones no gubernamentales (ONG) y las comunidades alrededor de la isla frente a la gestión del Gobierno para atender la emergencia provocada por la epidemia del coronavirus (COVID-19).

Unas cuarenta organizaciones de base comunitaria se constituyeron en una Mesa Social para exigir a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, acción gubernamental en áreas de derechos humanos, como parte de la atención a la epidemia. A esos fines, la Mesa Social le envó una carta a inicios de abril en donde le planteaban sobre las áreas  a las que el Gobierno debería de dar acciones específicas, empezando por  una respuesta coordinada del Estado.

En tanto, un grupo de líderes comunitarios también le cursó una carta, el 3 de abril, a la Primera Ejecutiva en la que denuncian que el Gobierno no ha tomado en cuenta el trabajo de los líderes comunitarios ni las circunstancias de las comunidades de bajos y moderados ingresos durante la imposición de la cuarentena para atender la epidemia y reclaman atención a sus necesidades.

La Mesa Social está integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) ya establecidas. En entrevista, la doctora Carmen Milagros Vélez Vega hizo alusión a que las ONG siguen trabajando con todos los problemas que había antes de la epidemia y del toque de queda. Según ella, “ahora es peor”.  Comentó que Puerto Rico es un país ya traumatizado, que ha tenido una crisis sobre otra, que tiene muchos problemas de salud mental y  que sus servicios están limitados. Mientras,  tiene que atender la epidemia del coronavirus.

La doctora, que trabaja con el Comité Amplio de Búsqueda de Equidad (CABE), expresó preocupación por la población transgénero, sobre todo los que salen a la calle a trabajar, los cuales, dijo, están expuestos al discrimen y a la violencia. Muchos de los integrantes de esta comunidad son jóvenes a quienes sus padres echaron a la calle y ahora no tienen dónde vivir.

“Hay que mirar modelos de salud pública que reconocen cómo las poblaciones más vulnerables y con menos recursos suelen ser las víctimas fatales en tiempos de desastres o de pandemia. Puerto Rica necesita incorporar una mirada de derechos humanos al manejo del COVID-19 y monitorear la respuesta gubernamental desde esa perspectiva. De lo contrario, los problemas sociales que teníamos el 15 de marzo (fecha de la primera Orden Ejecutiva) se agravarán con consecuencias fatales. Recordemos que el COVID-19 no eliminó ninguno de esos problemas; al contrario, los exacerba”.

 

La portavoz de la Mesa Social expresó su respaldo a la petición de los líderes de las comunidades: “Nosotros lo que queremos es que mientras más voces haya, se atiendan. Ellos (se refiere a las personas del Gobierno) actúan como si existieran solamente ellos y sus realidades acomodadas”.

 

Gritan las comunidades

“Nosotros somos ese pueblo de Puerto Rico al que usted menciona en sus mensajes; sin embargo, no se nos incluye en ningún task force, ni se nos pregunta ni convoca.  Queremos participar y estamos disponibles.  Como líderes comunitarios, tenemos mucha experiencia, conocemos el perfil de nuestras comunidades y las necesidades de nuestra gente, y siempre hemos estado dispuestos a colaborar.  Podemos servir de enlace con las autoridades del Estado para asegurar que las ayudas llegan a donde tienen que llegar”.

Así lee parte de la carta enviada por líderes de varias comunidades de San Juan, Naguabo, Yauco, Caguas, Juncos y Loíza a la gobernadora.

“Esto es bien difícil para las comunidades viejas. Yo tengo que  casi entre el 60 a 70 de la comunidad son envejecientes. Es bien cuesta arriba. Recientemente, la Fondita de Jesús me acaba de donar unas 12 compras, pero las mascarillas, guantes… Después se quejan de que los envejecientes están en las tiendas sin mascarillas, guantes. Oye, pero sabes que tienen, que moverse en transportación pública y apenas han podido abastecerse. Es una cosa abusiva, una falta de visión de compasión”.

Omayra Ríos, portavoz de la comunidad de Shangai, no oculta su indignación ante las exigencias del Gobierno. A preguntas deCLARIDAD, Ríos afirmó que en la comunidad no han tenido ningún acercamiento ni por parte del Departamento de la Familia (DF), ni de la Procuraduría del Envejecientes (PE).  Al reparar que todas esas oficinas están cerradas, censuró que inclusive Comedores Escolares hasta hace poco estaba pensando qué hacer con la comida que se le está venciendo. “No tienen ni la visión de repartir esas compras en las comunidades que están cerca de las escuelas, esas compras que están a punto de perderse”.

La líder comunitaria denunció además la inacción a estas alturas de la llamada Oficina de Desarrollo Económico, antigua Oficina de Comunidades Especiales. “¿Hasta cuándo las organizaciones sin fines de lucro vamos a estar cargando este bendito país?”, manifestó Ríos, quien es la secretaria de la Alianza Lideres de Puerto Rico (ALPR). A la vez que reconoció que el trabajo voluntario comunitario es uno de empoderamiento reparó en  que el Gobierno tiene una responsabilidad, un trabajo que le toca hacer y tiene que dar una rendición de cuenta.

La líder comunitaria expresó que la gente de Shangai y de las otras comunidades circundantes como Villa Palmeras, Sagrado Corazón, Barrio Obrero, “son gente de a pie”. En particular, en estos sectores prevalece la comunidad dominicana, la cual está en una posición aun más frágil. Dado a que todo se encuentra cerrado debido a la cuarentena, dijo que tiene que orientar a la gente sobre dónde dirigirse a buscar servicios desde su casa, lo que describió como “una locura”, por el reto que representa obtener algún tipo de ayuda. Incluso ha recibido llamadas solicitándole ayuda para pampersy para orientación de una comunidad de Ponce.

“¿Cuál es el plan, cuál es el plan, del plan? ¿Dónde está la cabeza de esa gente, que no sea saquear el país? ¿En qué otra cosa pone empeño?  Las comunidades están luchando solas, porque el Gobierno nunca se presenta”.

Por su parte, otro de los firmantes de la declaración de los líderes comunitarios, Carlos Iván Pérez García, de la comunidad Playa Húcares de Naguabo, dirigió su preocupación a la falta de servicios para atender la salud mental de los residentes de comunidades de bajos y moderados ingresos, que en su mayoría son personas de mayor edad.

 Que acabe el asolamiento

“Ya estamos viendo personas desubicadas en tiempo y espacio por llevar mucho tiempo encerrados. Me preocupa. Entiendo que los trabajadores sociales no deben estar trabajando en remoto, deben estar en primera línea como lo están haciendo los líderes comunitarios, los médicos, enfermeras, como está todo el personal clínico”, reclamó quien fue director asociado del Hospital Psiquiátrico Manuel Fernández Marina.  Aludió a que el Gobierno pierde de perspectiva que el principal problema de salud del pueblo puertorriqueño es la salud mental.

Pérez García trajo a la atención que la población de escasos recursos no tiene a dónde acudir, incluidas a las personas que tienen condiciones de salud que requieren de sus médicos especializados. Indicó que personal de primera línea también está siendo afectado por su trabajo. Contó que tuvo la experiencia de que tres enfermeras del área este le llamaron para expresarle que habían cogido miedo a trabajar, al punto de que no podían ver el hospital, ya que le tienen pánico. Describió la conducta de las enfermeras como una “ansiedad anticipatoria compulsiva”. Reveló que sus patronos solo le daban oportunidad de estar tres días fuera.

La comunidad Húcares de Naguabo, que fue una de las más devastadas por el huracán María, tiene un líder por cada una de sus calles, los cuales se turnan para llevar al pueblo, los miércoles y jueves, a los vecinos que lo necesiten.

Pérez García defendió de la carta cursada a la gobernadora en que establecen que “los líderes comunitarios no queremos ni neveras, ni queremos chavos: queremos que nos inserten. Las comunidades ya detestan los políticos. Les hacen caso a los líderes comunitarios”.

Desde la comunidad Buenos Aires de Caguas, en colindancia con San Lorenzo, Miriam Matos narró las vicisitudes de su comunidad: “No hemos tenido el apoyo de ninguno de los dos municipios, porque ninguno de los dos nos ha llevado ni guantes. La mayoría de mi comunidad es gente mayor de 70, 80 hasta de 95 años. En nuestra población no hay jóvenes. Somos una comunidad retirada, incomunicada totalmente de los servicios más esenciales. Para los trabajadores sociales o médicos ahora mismo bajar a un envejeciente y llevarlo a un hospital en Caguas es matarlo”.

Según describió, la mayor parte de los residentes de Buenos Aires son madres que viven solas, cuyos hijos han emigrado a Estados Unidos y suelen visitarles dos veces al año, por verano y Navidad.

22 de abril de 2020. Puerto Rico: Un nuevo piquete servicarro por parte de un grupo de ciudadanos ocurrió esta mañana a las afueras de las instalaciones del Departamento de Salud para reclamar que se utilicen las pruebas de COVID-19  de manera estratégica en la isla y además que se trace un plan adecuado ante el golpe económico de la pandemia.

Uno de los retos que enfrenta la comunidad, como prefiere decir Matos, es que aun cuando la comunidad está más cerca de San Lorenzo que de Caguas, que queda a 45 minutos, el cierre de los accesos a San Lorenzo les obliga a ir a Caguas en busca de servicios médicos y de supermercados. Estos últimos, denunció, han subido los precios. También lo han hecho las farmacias.

“No hay médicos que vayan a las casas. No hace mucho murió una persona en su casa a las 11 de la mañana y lo vinieron a recoger a las 9:30 de la noche”. Una de las tareas en que dijo que está envuelta en estos momentos es en exhortar a las personas a que llenen el censo: “Tenemos que hacernos sentir y que se sepan las necesidades que estamos enfrentando”.

Matos lamentó que el trabajo del líder comunitario no se vea como un trabajo esencial.  En esa dirección trajo de ejemplo de que el sector tiene cinco sistemas de acueductos comunitarios y los encargados de activarlos han enfrentado problemas con la Policía que insiste en arrestarlos por estar supuestamente violentado el toque de queda.

Un aspecto que tanto la Mesa Social y los líderes comunitarios denunciaron de manera vehemente es la presunción del Gobierno de que todos los estudiantes del sistema público tienen acceso a una computadora y la red cibernética.

Matos expresó que los pocos niños que hay en su comunidad, al igual que los pocos universitarios, no tienen computadora. “Yo misma lo que tengo es un celular, pero Educación está asumiendo que los niños tienen internet en sus casas”.

Ninguno de los dos grupos, a más de una semana de cursadas sus misivas, había recibido una respuesta afirmativa de que serían atendidos en La Fortaleza.