La cuestión ideológica en el liderato sindical puertorriqueño

Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD

La historia olvidada, el origen del movimiento obrero puertorriqueño

Desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XIX, la lucha de clases que ha movido la historia de la humanidad ha ido confrontando a patronos y obreros en todos los escenarios posibles. Estos encuentros han sido violentos porque en esencia se trata de como el obrero supera una relación de explotación que a su vez, los patronos imponen por la fuerza, la necesidad y la captación.

Miles de vidas quedan atrás en esta historia de explotación, despojo y miseria mientras se levantan inmensas fortunas individuales. El capital ha logrado montar toda una ideología individualista, apoyada por las fuerzas policiacas y militares del Estado y por las instituciones sociales (iglesia, escuela, universidades y medios de comunicación, entre otros) al punto de prevalecer en diversas modalidades políticas. Al presente, su modelo de economía de mercado trasciende fronteras al ritmo ascendente y veloz de una tecnología que se supera de manera constante. El resultado va dirigido a la acumulación de  riqueza y fortuna individual y empresarial.  

Aquellos pueblos que han buscado maneras diversas de organización política, económica y social, son tildados de amenaza, reciben bloqueos, aislamientos y son condenados a desaparecer. El movimiento sindical, como expresión legal de un proyecto político más amplio, el movimiento obrero, ha sido pieza clave en el proceso de legitimar la sociedad capitalista. La contradicción entre el trabajo y el capital va desde la propuesta que lucha por obtener el poder político para la clase trabajadora hasta aquellos que favorecen el sometimiento de esta clase al empresario y sus ganancias. Estos últimos, postulan la necesidad de aumentar las ganancias del capital para poder mejorar su realidad social. No cuestionan el poder del capital, solo piden que sean “más humanos”.

A finales del siglo 19 se forjaron los cimientos del movimiento obrero en Puerto Rico. A la motivación de bienestar general de la clase, se unían las aspiraciones políticas y culturales de los trabajadores y trabajadoras. Crearon periódicos obreros, círculos culturales, sindicatos y partidos políticos. El gremio o sindicato es la expresión sectorial de una parte de ese movimiento obrero. El partido obrero intenta representar a la totalidad de ese movimiento obrero compuesto en esencia por todo aquel que necesita trabajar para sobrevivir.

Desde su inicio, el movimiento obrero puertorriqueño se enfrentó al conflicto entre quienes articulaban ideas y propuestas de lucha contra el capital explotador y aquellos que promovían la conciliación. En lo sindical, (Federación Libre de Trabajadores y la American Federation of Labor) se prefirió una alianza con sindicatos norteamericanos que eran la punta de lanza del imperio en su faena de expansión por el Caribe, Centroamérica y América del Sur. En lo político, (véanse las alianzas entre el Partido Socialista y los partidos Unión y Republicano) se hicieron acuerdos con los partidos de los hacendados y patronos. Así evitan, los conciliadores, asumir una posición clara respecto al futuro del país. Y aunque la clase trabajadora es la mayoría del país, su fuerza política no se siente ya que la división impera por voz de la ideología capitalista diseminada o por aquellos que a nombre del sindicalismo piden ser prácticos, realistas y sumisos.

En la década de 1940 surgió la Confederación General de Trabajadores, CGT, en Puerto Rico. Este organismo organizó a miles de trabajadores y trabajadoras de todas las industrias, incluso a desempleados. Asumió el rol de enfrentar al capital y a los políticos colonialistas de turno. Superó ideológicamente al sindicalismo sumiso que mal representaba al trabajador del cultivo de caña y producción de azúcar. Se unió al sindicalismo internacional que surgió al final de la segunda guerra mundial y se dispuso a promover la descolonización de Puerto Rico, afirmando la independencia. Al celebrar su Tercer Congreso en marzo de 1945, el secretario general de la CGT Juan Sáez Corales proponía en su informe la defensa de la independencia del país. El organismo sindical agrupaba de 250,000 a 300,000 trabajadores y trabajadoras organizados en 378 uniones puertorriqueñas. Aquellos líderes sindicales, sumisos y conciliadores de la época, lograron dividir el Tercer Congreso, diezmar las fuerzas obreras y así terminaron los conciliadores favoreciendo la transformación de la colonia en el llamado estado libre asociado. Además, regresaron estos conciliadores al redil de la American Federation of Labor, ya para esa época unida al Congress for Industrial Organization, AFL-CIO.

El movimiento sindical puertorriqueño fue amarrado al destino del economicismo y expansión imperial de la AFL-CIO, que no era otra cosa que una herramienta del Departamento de Estado norteamericano y la Agencia Central de Inteligencia y otras estructuras de dominio en la llamada guerra fría. De 1950 al 1970 dominan en Puerto Rico las uniones mal llamadas internacionales, dirigentes sindicales norteamericanos y un gobierno colonial que incorporaba a puestos electivos o como funcionarios de gobierno a dirigentes sindicales puertorriqueños.

A partir de 1970 las contradicciones entre el capital norteamericano y el movimiento obrero explotan. Huelgas de trabajadores dirigidas por un nuevo liderato sindical, rescates de terrenos, estudiantes universitarios activos e inspirados por crear una alianza obrera estudiantil, los modelos de sociedades socialistas se discutían en todas partes, la crisis del modelo económico colonial y la creciente fuerza del movimiento independentista y socialista, entre otros factores, dieron al movimiento obrero un nuevo aire que se plasmó en el Nuevo Sindicalismo y el Movimiento Obrero Unido, MOU.

El movimiento obrero hoy, desde el neoliberalismo a la Ley PROMESA

La discusión entre confrontar al capital (lucha de clases) y la conciliación de intereses entre los trabajadores y patronos siempre ha estado presente. Recordemos que el Estado, fiel representante de los patronos, interviene y se hace sentir de manera sutil, misteriosa, brutal y tenebrosa de ser necesario. La lucha de clases dentro del movimiento obrero nos deja varias lecciones que serán objeto de estudio y comentarios en otra ocasión. Como resumen y consecuencia de esta lucha ideológica, para la década de 1980 tenemos un fortalecimiento de un movimiento sindical en el sector público mientras se achica la organización sindical en el sector privado. La división ideológica permea dentro de los dirigentes afectando los proyectos de unidad. Hacia las bases, existe un trecho abismal. Los trabajadores y trabajadoras eligen un liderato sindical progresista en sus uniones, pero mayoritariamente escogen como representantes políticos a candidatos de partidos coloniales, de empresarios y patronos.

En la década de 1980, comenzamos a escuchar el concepto de “neoliberalismo”.  Para 1985, el gobernador Rafael Hernández Colón proponía la venta de la compañía telefónica. En 1993, el gobernador Pedro Rosselló González iniciaba un proyecto neoliberal basado en reducir el gobierno mediante la privatización, medidas de austeridad en el gasto público y desregular el mercado. Añadió a su propuesta de reinventar el gobierno, la sindicalización de los empleados públicos. Así amarró el voto de muchos trabajadores, silenció la voz de dirigentes sindicales y recibió el apoyo económico de la AFL-CIO.

Este modelo de domesticar al sindicalismo mediante una ley que trajo dinero en cuotas para la AFL-CIO y sus representantes, a la vez que se desmantelaban los centros de trabajo mediante los modelos de privatizar fue seguido por los gobernantes del Partido Popular Democrático, PPD, Sila María Calderón (2001) y Aníbal Acevedo Vilá (2005). La crisis económica del modelo capitalista-colonial en Puerto Rico fue paleada con emisión de deuda que se aplaudió en cada mensaje de gobernador, sin discutir las consecuencias de ello. A lo anterior se añaden medidas de contribución fiscal de naturaleza regresiva, donde la clase trabajadora aporta más que aquellos individuos de mayores ingresos o empresas con fines de lucro. 

En el 2009, el gobernador Luis Fortuño anunció una crisis que mereció, según el consejo de una junta de empresarios, banqueros y abogados de empresas, aplicar una medicina amarga. Despidió decenas de miles de empleados públicos, congeló convenios colectivos e impuso contribuciones de naturaleza regresiva. Por otro lado, se continuó las políticas neoliberales en favor del capital, privatizando autopistas, aeropuertos y otras empresas, a la vez que se emitía deuda pública.

A partir de la aprobación de la ley de sindicalización de empleados públicos (1998) el movimiento sindical del sector público de dividió en dos sectores. Aquellos que agrupaban empleados del gobierno central eran organizados, en su mayoría, por uniones afiliadas a la AFL-CIO. Los convenios colectivos negociados no representaron grandes logros, más allá de garantizar en un documento derechos adquiridos y la representación sindical.  Los trabajadores unionados de las corporaciones públicas eran uniones independientes, con convenios colectivos que ofrecían importantes beneficios económicos y mejores condiciones de trabajo. La sindicalización de los primeros no contribuyó a la unidad y fortalecimiento del movimiento. Incluso no impactó de manera positiva la organización sindical del sector privado. Muy pronto los patronos privados dejaron de temerle a la ley de sindicalización de empleados públicos y sus uniones.

Las alegadas limitaciones económicas y falta de voluntad para negociar por parte de Sila María Calderón (2001) fueron transadas por las uniones norteamericanas a costa de negar promesas de aumentos de salario y beneficios a los no unionados y otorgarlos a las uniones. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, (2006) un grupo de estas uniones marchó en favor de un impuesto al consumo como acuerdo para reabrir el gobierno que el gobernador Acevedo Vilá cerró para presionar a la legislatura dominada por el otro partido de empresarios.

Cuando Luis Fortuño impuso la medicina amarga mediante la Ley 7 de 2009, mantuvo la división sindical pues esta quitaba derechos a los empleados del gobierno central. La unidad y la solidaridad entre los trabajadores no se impulsaron por parte de la mayoría de las uniones. La distinción de ser trabajador del gobierno central, corporación pública y sector privado prevaleció. La lucha de clases dentro del sindicalismo continuó, prevaleciendo aquellos que propician la conciliación de intereses.

El 2013 nos presenta un gobernador, Alejandro García Padilla, que logró ser electo por tener un discurso crítico al gobernante anterior. Sin embargo se decidió por cumplir la palabra empeñada por su antecesor en favor de los proyectos neoliberales. Y en dos años, emitió deuda para pagar otras deudas, continuó la política neoliberal, congeló beneficios de convenios colectivos, eliminó aumentos de salario negociados y propuso otra ley de congelar la negociación de convenios, eliminar derechos y beneficios, pero ahora para todos los empleados públicos, gobierno central y corporaciones. Llegó la Ley 66.

A este gobernador, el capital le pasó factura. Le degradaron el crédito, le exhortaron a radicar un paquetazo de recortes en educación, salud, pensiones (Informe Krugger) y lo humillaron políticamente al recordarle que no podía legislar una ley de quiebra. En su lugar, en 2016, el Congreso impuso la Ley PROMESA. Esta medida crea una Junta de Control Fiscal para cobrar la deuda estimada en unos 130 mil millones de dólares y pone en sindicatura el ejecutivo, a la asamblea legislativa y la rama judicial. Tiene como propósito rehabilitar el crédito del gobierno de la colonia para, una vez alcanzado este objetivo, volver a otorgar crédito.

Repitiendo la historia una vez más, a partir del 2013, vemos como la lucha de clases dentro del movimiento sindical acerca y aleja los sectores y uniones según el momento y circunstancia particular. La intromisión de las uniones de la metrópolis se ha intensificado de manera sutil. Estas dirigencias norteamericanas, extrañas para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, cabildearon y apoyaron la aprobación de la Ley PROMESA. Hoy son personajes activos e interesados en el proceso de pago de deuda. Son protagonistas para enmendar la Ley PROMESA con el apoyo de sectores llamados liberales o progresistas dentro del Partido Demócrata. Lo anterior significa que reconocen la deuda como una obligación del pueblo de Puerto Rico y que el Congreso de Estados Unidos tiene el poder sobre todo asunto de la colonia.

Mediante una compleja red de organizaciones comunitarias, frentes políticos, cabilderos, representantes de la diáspora puertorriqueña, grupos políticos y fundaciones que otorgan importantes sumas de dinero, se opera tanto en la metrópolis como en la colonia una política de conciliación de intereses donde al final se aspira a regresar al principio, donde la confrontación no exista. Hay miedo de ir más allá. Hay miedo de exigir que cese el colonialismo y que no se pague la deuda. Hay miedo de perder la ciudadanía y las transferencias federales.

Hay un doble discurso montado desde la conciliación de intereses de clase. A partir de la aprobación de la Ley PROMESA existió aparente consenso de que el problema era el pago de la deuda y la condición colonial. Surgieron los atajos y digresiones para llegar al mismo lugar. ¿Auditamos la deuda o no la pagamos? ¿Impugnamos la Ley Promesa y la Junta o negociamos con la Junta? ¿Enmendar la ley y vivir con ella es una posibilidad con un presidente demócrata? 

Estas y otras consideraciones amarradas al coloniaje evitan que el movimiento sindical se plantee el problema político de Puerto Rico. Estas consideraciones evitan que el movimiento sindical asuma una posición sobre el modelo de producción capitalista y la sociedad que queremos como trabajadores.

Llevamos tres años celebrando un Primero de Mayo durante horas laborables. Llamando a parar todas las actividades y hacer una movilización frente a la sede de la Junta de Control Fiscal y dentro de la zona bancaria del país. Miles de decenas de personas se han movilizado y han hecho suyo la celebración del Primero de Mayo como un acto de reafirmar lo puertorriqueño y de aspiración social y económica. Sin embargo, la dirigencia sindical, con salvadas excepciones, se divide o se inhibe ante la posibilidad de radicalizar la lucha que representa el Primero de Mayo.

La celebración del Primero de Mayo del 2020 fue asumida por sectores políticos y comunitarios con amplia participación de jóvenes. Estos grupos van ganando terreno e influenciando a los sectores más conscientes de la lucha social, en la medida que la dirigencia sindical no asume posiciones.

Aunque la protesta desde el 2016 ha sido contra la Ley PROMESA y la Junta, en la dirigencia sindical no hay voluntad para exigir su derogación. Ir a proponer enmiendas a la ley y cabildear con congresistas para hacer la ley de alguna manera benévola es conciliar intereses. No proponemos la toma del poder o hacer actos de inmolación. No proponemos actos de naturaleza ilegal. Solo proponemos que el movimiento sindical reconozca la ilegalidad de la colonia, de la ley PROMESA, la ilegalidad de la Junta y de la deuda. Y que asuma las consecuencias políticas y prácticas de tal afirmación.

Es a partir de ese reconocimiento que podemos ir a las matriculas a explicar la naturaleza de esta sociedad donde los trabajadores producimos muchas riquezas y el capital nos las devuelve en más injusticias y desigualdades. El reconocimiento de nuestra capacidad de producir nos permite enfrentar al capital que nos roba. Ese entendimiento nos provee las herramientas para construir las alternativas políticas, económicas y sociales que debemos apoyar.

La pandemia y sus consecuencias sobre la economía mundial abren un debate muy importante, regresar a la sociedad que teníamos o transformar la sociedad que conocemos. Está sobre el tapete la pertinencia de las recetas neoliberales. Están bajo escrutinio las políticas fiscales de cada país, cuanto debe contribuir cada individuo y empresa. La urgencia de aumentar el gasto público en áreas esenciales se impone ante la incapacidad del mercado de garantizar la vida y la seguridad del ser humano.

Mientras la propia Junta de Control Fiscal y el gobierno del Partido Nuevo Progresista reconocen que las medidas de austeridad implantadas han fracasado y que no pueden pagar la deuda, mientras grupos de influencia, académicos, analistas y comunicadores reconocen la necesidad de cambio, la dirigencia sindical da prioridad a lo cotidiano, a las condiciones de trabajo que deben prevalecer en el retorno al trabajo y descansan en el acuerdo con congresistas demócratas de enmendar la ley PROMESA.

Hoy reitero la necesidad de ir a la raíz del problema, la crisis económica del modelo de producción capitalista y la ilegalidad de la condición colonial de Puerto Rico. Ambos problemas van de la mano. A la mayoría del país, a los más, a la clase trabajadora nos corresponde expresarnos. Expresarnos para adelantar nuestra causa como clase, no para volver a conciliar intereses, es decir, para regresar al inicio del cuento.

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