La deuda de la AEE está en un “limbo indefinido”

 

 Centro de Periodismo Investigativo

 El segundo intento para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en una especie de limbo. Para sacarlo de allí, la Junta de Control Fiscal (JCF), que manda sobre las finanzas de la Isla, modificará los términos de la negociación que hizo antes de la pandemia con los bonistas de la corporación pública. Estas enmiendas podrían conllevar cambios sustanciales a la luz de los efectos del COVID-19 en la maltrecha economía de la Isla y de los nuevos nombramientos a la JCF.

 La nueva Legislatura que comenzará en 2021, con una mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que evaluar este acuerdo revisado o Restructuring Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés) y dar su aprobación o rechazo. Los líderes de todos los partidos políticos habían expresado durante la pasada campaña electoral desde reservas hasta su repudio al RSA que estaba sobre la mesa.

 La JCF, creada bajo la ley federal PROMESA para que Puerto Rico reestructure sus deudas públicas, tenía hasta el 9 de diciembre de 2020 para explicar al Tribunal Federal cómo la pandemia ha afectado los supuestos fiscales que dieron base al RSA y si este debe modificarse. La JCF, sin embargo, volvió a pedir a la jueza federal Laura Taylor Swain tiempo adicional (hasta el 10 de marzo de 2021) para dar una respuesta.

 La reestructuración de la deuda de unos $9 mil millones con los bonistas es un requisito para que la corporación pública regrese al mercado de bonos. El RSA propuesto hasta el momento aumentaría el costo de la electricidad a niveles nunca vistos en la Isla y perjudicaría principalmente a casi la mitad de la población, que vive bajo el nivel de pobreza, según coinciden seis expertos entrevistados por el CPI. Se trata de una transacción decisiva para el sistema energético y a la vez para el futuro de costo de la vida en Puerto Rico.

 El gobernador electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, había anticipado que se tienen que tomar en cuenta los efectos de la pandemia para evaluar la viabilidad del RSA. CarlosDelgado, ex candidato a la gobernación y presidente del PPD, había señalado que el acuerdo propuesto desincentiva a los consumidores. Los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad se oponen al RSA. Este también fuerechazadoen enero de 2020 por la saliente legislatura dominada por el PNP, por que implica un aumento en la factura.

 “La Junta de Supervisión ha continuado realizando diligencias del RSA y la asequibilidad y sustentabilidad de las tarifas eléctricas en la Isla, dado el panorama económico aún cambiante y los efectos de la pandemia del COVID-19, y analizando los medios óptimos para implementar las transacciones del RSA, aunque la legislación requerida no se ha promulgado”, indicó el ente fiscal en su escrito ante el tribunal, a la vez que informó que ha hecho “importantes progresos” en su análisis.

 El Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, que representa principalmente a empresas puertorriqueñas suplidoras del Gobierno y a quienes no tienen garantía de recobrar el dinero invertido, sostuvo en una moción de agosto que el actual RSA “ya no existe como un acuerdo viable”.

 David Skeel, nuevo presidente de la JCF, dijo el 24 de noviembre en un editorialque los planes de reestructuración de las deudas del Gobierno central y de la AEE habían “quedado en vilo y deben ser renegociados debido al virus del COVID-19”. Skeel ahora tiene cuatro nuevos miembros en la JCF, entre los que se encuentra Justin Peterson, quien ha cabildeado en favor de bonistas y ha criticado el manejo de las negociaciones para reestructurar la deuda del Gobierno central.

 “Es previsible que tenga esa misma postura con la AEE”, dijo el abogado Rolando Emmanueli, quien representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en el proceso de bancarrota, refiriéndose a la posición favorable a los bonistas que ha manifestado Peterson.

Los otros tres nuevos miembros que nombró en diciembre el presidente Donald Trump son Betty A. Rosa, demócrata de Nueva York, el republicano de Utah John E. Nixony el puertorriquenno Antonio L. Medina, ex director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial.

Los detalles de las enmiendas del RSA se mantienen en secreto. “Es un tema que definitivamente verán todos los miembros de la Junta, incluyendo los nuevos miembros”, según Edward Zayas, portavoz de la JCF.

El RSA y su impacto en las familias pobres

 El RSA propuesto hasta la fecha sólo recorta en un 23% la deuda con los bonistas y coloca su recobro por encima de las prioridades de la población en caso de huracanes, ya que la corporación pública sólo podría pedir dinero prestado para reparar infraestructura cuando ocurra un desastre mayor y establecer un cargo adicional en la factura para pagarlo. Estos son algunos de los puntos principales que deben modificarse, según Tomás Torres, quien representa a los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

 Ese préstamo que la corporación pública tomaría para atender gastos de los desastres no puede significar que se deje de pagar antes a los bonistas ni afectar la calificación de los bonos emitidos previamente por la AEE, según el RSA.

 “Este acuerdo es en claro beneficio de los bonistas y no de los consumidores ni del pueblo de Puerto Rico”, dijo Torres.

 El desenlace de las negociaciones afectará a esta y a la próxima generación de puertorriqueños. En 2030, el promedio anual de la factura que le llega a los consumidores todos los meses será de unos 27 centavos el kilovatio por hora (kWh), según el plan fiscal de la corporación pública. Si el RSA que está sobre la mesa se aprobara, le añadiría unos 3.3 centavos por el cargo de transición (pago de los consumidores para saldar la deuda), y la electricidad llegaría en 2030 a 30.3 centavos el kWh. Eso es un aumento de casi un 60% respecto al costo actual.

 Cabe la posibilidad de que a los costos de luz se añadan más partidas que están por determinarse, como un posible aumento por causa de una línea de crédito de $894 millonesque necesita  la AEE. El objetivo del financiamiento es establecer un fondo de reserva que usará LUMA, la empresa escogida para administrar la red de transmisión y distribución de electricidad, para asuntos como gastos y  compra de combustible, entre otros.

 “Si nos quedamos con el RSA como está ahora, la Autoridad de Energía Eléctrica va a operar unos años y después va volver a caer en quiebra. Y ese sería el peor resultado para Puerto Rico”, proyectó Sergio Marxuach, director de política pública del think tankCentro para una Nueva Economía.

 El economista Ramón Cao, por su parte, publicó dos estudios, en2019y en2020, que concluyen que el RSA propuesto es insostenible. “Los consumidores nos estaríamos embargando por 47 años. Al final del RSA yo no voy a estar vivo. Y es muy probable que tú tampoco. Estamos embargando a las próximas dos generaciones. Estamos hablando de los nietos de mis hijos. Mira tú a quién estamos embargando ahora”, criticó Cao.

 Uno de los asuntos que se tiene que atender en la enmienda del RSA es que se cumpla la meta de que el costo de la luz no sobrepase los 20 centavos el kWh, según lo dispone la Ley 17, que instaura la nueva política energética.

 “Una persona que vive con un presupuesto limitado, ¿cómo va a atender esa factura tan cara? Nadie tiene dinero para esa deuda acumulada de luz, más internet, teléfono, colegios, hipotecas. Una deuda así disminuye la resiliencia del pueblo ante los desastres”, sostuvo la abogada Maritere Padilla, directora de política pública de Hispanic Federation, una entidad sin fines de lucro que auspicia el desarrollo de generación con energía solar en centros de salud de la montaña. “Imagínese si ya se estuviera pagando el costo de transición en una emergencia como la pandemia de ahora, esa deuda se iría acumulando para las familias que están enfrentando con necesidades esta crisis”.

 Su aseveración no es hipotética. “Hemos visto casos de gente con deudas acumuladas que se han exacerbado por la crisis que estamos viviendo”, dijo al CPI Hannia Rivera, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que defiende a los consumidores ante la AEE y compañías privadas de servicios eléctricos.

 Este año, en efecto, 259,450 familias resultaron elegibles para recibir fondos federales de subsidio de energía, que administra el Departamento de la Familia (DF). Eso es casi el 20% de los clientes de la AEE.

 Se trata de un significativo aumento de 312% de beneficiarios de ese programa con respecto 2015, cuando lo recibieron 62,940 familias. Una portavoz del DF indicó que esto se explica porque ahora la ayuda se le otorga de forma automática a familias elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

 El DF recibió además 25,952solicitudes para Crisis de Energía, un programa paralelo que entrega fondos a núcleos familiares que tienen aviso de suspensión por atrasos en el pago de la luz. Se aprobó a 15,832 familias (el 61% de las solicitantes), según el DF.

Las observaciones de Hispanic Federation sobre los efectos del RSA en las personas que viven bajo el nivel de pobreza coinciden con un estudioque preparó el sociólogo Héctor Cordero Guzmán para la UTIER. Este señala que los aumentos contemplados en el RSA son injustos y poco equitativos.

“Cuando haces el aumento por kilovatio hora, le llega a todo el mundo, pero no todo el mundo lo siente igual”, dijo Cordero al CPI. “Es un impacto que se siente diferente, desproporcionado y altísimo en el bolsillo de las familias pobres, si lo comparas con las familias de más recursos”.

 “Como la electricidad es un bien de primera necesidad, puedes bajar el consumo, pero hay un piso del cual es imposible bajar sin afectar la calidad de vida y la salud de esos hogares pobres. El acuerdo puede poner en riesgo la salud física y económica de muchas familias por una cuenta de electricidad que no es proporcional con su nivel de ingreso”, añadió Cordero. “Si eres una persona que depende de cierto equipo adicional a las neveras, como máquinas de oxígeno, que no son lujos, si no que se convierten en necesidad. A ellos el cantazo le va a llegar más duro”.

Si se aprueba, el RSA empeorará la emigración, lo que seguirá afectando la economía y, por consiguiente, a la AEE, según el estudio.

 El COVID-19 trastocó los supuestos del Plan Fiscal

 El 31 de julio de 2020, cuatro meses después del cierre de las actividades económicas en la Isla por el COVID-19, la JCF radicó una moción indicando que evaluaba la viabilidad del RSA a la luz de los efectos de la pandemia en la economía. La situación empeoraba por un periodo de sequía y la incertidumbre ante los pronósticos de una temporada de huracanes activa. El año había comenzado con un terremoto de magnitud 6.4 en la escala Richter que sacó de circulación la central Costa Sur, una de las más importantes del País, causando un apagón general. El costo aproximado de las reparaciones fue de $25 millones. La JCF alertaba que el Plan Fiscal de la AEE que había certificado estaba en veremos.

 “El acuerdo está oficialmente como en un limbo”, dijo Sergio Marxuach. “Está basado en unas premisas que ahora no son ciertas. La primera es la del crecimiento económico que se iba a generar por la inversión federal del huracán María, que está super atrasada y los cambios estructurales que iba a hacer el Gobierno de Puerto Rico para mejorar la economía. El consumo de electricidad va junto con la economía. Sabemos que la economía está por el piso por la pandemia. En términos de crecimiento económico, no vamos a estar donde el plan dijo que estábamos y el consumo de electricidad va a bajar más”.

 El impacto acumulativo negativo del COVID-19 en la economía de Puerto Rico será de $6,600 millones en 2020 y 2021, según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Hasta un 30% de las pequeñas empresas están en riesgo de cerrar de forma permanente por los efectos de las restricciones, indicó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy. Este es el segundo gran colapso económico que ha sufrido Puerto Rico en tres años, junto con el impacto del huracán María en 2017. Un total de 1,509,034personas (casi uno de cada dos puertorriqueños) depende de la ayuda del PAN para llevar comida a la mesa, según el DF.

 “Si subes más el costo de la electricidad, la economía no lo aguanta. Por eso es que la Junta tiene que revisar el RSA a la luz de la pandemia”, indicó Torres.

 El Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, en inglés) sometió una moción al tribunal el 18 de agosto de 2020, solicitando la anulación de este proceso de reestructuración para evitar que “entre en un limbo indefinido”. Indicó que, desde antes de la pandemia, la JCF había aplazado en once ocasiones la audiencia para discutir el RSA, atrasando el proceso en más de quince meses (van dieciocho de retraso).  La jueza Laura Taylor Swain, quien dirige los casos de la quiebra, rechazó esta moción. El 4 de diciembre, el UCC radicó un recurso apelativo.

 UCC alegó que los representantes del Gobierno “no tienen interés” en aprobar el RSA. Señaló que José Ortiz, ex director ejecutivo de la AEE, dijo en una conferencia de la industria energética que el RSA tenía que ser renegociado y que no veía un acuerdo hasta el 2021. Unas aseveraciones similares las hizo Ralph Kreil, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, durante un conversatorio de la Cámara de Comercio de Puerto Rico el 18 de noviembre de 2020: “Creo que debe ser renegociado”. Luego, especificó al CPI que había hecho estas declaraciones en su carácter personal y que se refería a modificar el mismo acuerdo que se está discutiendo y no a comenzar uno nuevo.

 El 25 de septiembre, la JCF indicó al tribunal que por la falta de una vacuna contra el COVID-19 desconoce hasta cuándo durarán los efectos de la pandemia en la economía de la Isla, y recordó que tiene que trabajar con un cambio de gobierno para finalizar la reestructuración de la deuda.

 La JCF quiere mantener el mismo acuerdo pero renegociar ciertos términos, según su moción. Sostuvo que no puede comenzar otra vez desde cero: “Reconstruirlo sería difícil, sino imposible”. Explicó que muchos de los acreedores originales vendieron sus bonos, y ahora no estarían negociando con el mismo grupo, de modo que se perdería el consenso actual.

 La situación de la AEE es peor de lo que se discute en público

El proceso que iba encaminado a la aprobación del RSA antes de la pandemia no hubiera resuelto el problema de insolvencia y déficit de la corporación pública, que tiene una deuda mucho mayor de los $9 mil millones que se consignan en las negociaciones de la deuda, según un estudio del economista Cao, comisionado por el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE. Y es que la deuda no sólo incluye la de los bonistas, sino también las pensiones, las líneas de crédito para compra de combustible, las cuentas por pagar, las permutas financieras (o SWAPs) y lo adeudado al Banco Gubernamental de Fomento, para un total de $17,692 millones.

 “El RSA que estaba sobre la mesa no resuelve absolutamente nada y limita las posibilidades de futuro terriblemente. La Autoridad, después que gaste los diez mil millones que le ha dado el gobierno federal para restaurar la red eléctrica, todavía le queda por hacer un montón de cosas del sistema de transmisión y distribución y la generación. La forma razonable de hacer eso es yendo al mercado de bonos. Pero con los indicadores financieros y los déficit operacionales anuales, no hay forma de que encuentres a alguien que te preste dinero a menos que sea un garrotero que presta dinero a interés elevado. El acuerdo, antes de la pandemia y los terremotos, no resolvía el problema. Y ahora con la pandemia es peor”, advirtió Cao.

Pero los activos de la corporación pública son sólo de $9,889 millones. Esto significa que la AEE tiene un déficit de $7,803 millones.

Para que un RSA sea viable, la AEE necesita recortar su deuda total de $17,692 millonesa unos $5,000 millones, que es la deuda sostenible, según Cao.

 Entre 2006 y 2010, ya la AEE estaba al borde de la insolvencia. En 2011 se convirtió en insolvente y no podía cubrir costos operacionales y pagar sus deudas, según el análisis de los estados financieros de la corporación pública que hizo Cao. El economista cuestionó cómo en esas condiciones la AEE pudo seguir pidiendo prestado. Sostiene que la deuda debe ser auditada antes de llegar a un acuerdo de reestructuración, porque una parte de esta puede ser ilegal. Las emisiones de bonos durante esos años se llevaron a cabo bajo administraciones del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005 a 2009), del PPD, y de Luis Fortuño (2009 a 2013), del PNP.

 Los problemas financieros cobraron relevancia en 2014, cuando la AEE tuvo problemas para pagar los bonos y el combustible que necesitaba para generar electricidad. Durante la administración del exgobernador del PPD Alejandro García Padilla (2013 a 2017), la AEE comenzó un proceso de reestructuración de su deuda bajo la tutela de Lisa Donahue, de la firma AlixPartners, a la que pagó sobre $45 millones.

 Pero la JCF anunció, en junio de 2017, que rechazaba ese primer acuerdo, indicando que no promovía reformas estructurales y operacionales requeridas para atraer capital, y que el curso de acción más indicado era a través de la quiebra por medio del Título III de PROMESA que ahora está ante la consideración del tribunal.

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