El “procesamiento selectivo” es una defensa que pueden levantar los acusados de delito en nuestro sistema justicia. Quien la levanta alega que ha sido “seleccionado” para ser imputado de un crimen como resultado de un trato discriminatorio ya que el estado se ha hecho de la vista larga ante personas en similar situación. La defensa muy pocas veces prospera aunque esa selectividad se da con sobrada frecuencia.
No hace mucha gracia utilizar ese argumento para defender al grupo de personas vinculadas al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) recientemente acusadas por la fiscalía federal. Pero independientemente de la poca estima que este grupo merece, si miramos al pasado reciente, encontraremos casos iguales o peores con los que dicha fiscalía utilizó una vara distinta.
En el caso del DRD, el esquema que surge del pliego acusatorio hecho público incluye varios elementos bastante comunes. El primer paso fue identificar una fuente de fondos a los que se podía acceder con una propuesta “imaginativa”. El segundo fue diseñar un programa a desarrollar con algo de creatividad y mucha palabrería. El programa en cuestión debía dirigirse a alguna “población en desventaja” para que sea atractivo. El tercer paso fue conseguir los “contactos” para lograr aprobación de los fondos. Luego se ejecutó el “programa novedoso” con el mínimo de gastos posible y se repartieron las ganancias. En los primeros pasos, hasta que se llega a la repartición de beneficios, curiosamente no hubo “delito” a pesar de la evidente malversación. Este apareció cuando llegó la repartición y ésta incluyó al funcionario que ayudó a identificar los fondos y a viabilizar la aprobación.
Aunque en estos casos el delito aparece al final, si es que el funcionario facilitador mete la mano en el pote, ya fuere para él o para el partido político en el poder (o para ambos, lo que resulta más común) el esquema conduce, desde el principio, a la malversación de fondos públicos. Aun cuando el facilitador no guise en el festín, siempre se produce el desperdicio de grandes sumas de dinero en programas insulsos, innecesarios que, utilizando a los pobres como excusa, se diseñan y ejecutan con el solo propósito de engordar los bolsillos de los apadrinados.
El esquema del DRD, descrito en detalle en el pliego acusatorio, fue bastante clásico aunque ejecutado de manera burda y amateur. Una vez Ramón Orta se aseguró el nombramiento como Secretario tras las elecciones de 2012, se reunió con sus compinches para planear los “tumbes” que darían. La fuente de fondos sería federal, conseguidos a través de una “agencia hermana”, el Departamento de Educación, destinados a fines educativos y recreacionales. Los programas a desarrollar resaltan por su banalidad y, además, porque ninguno de los promotores tenía la más mínima experiencia en la materia, pero lo importante era obtener el dinero. Nombres como “verano saludable”, “aprendo saludable” y “matemáticas en contexto” dan una idea de las tonterías inventadas por individuos que nada sabían de nutrición ni tampoco de matemáticas. Pero a pesar de que eran evidentemente insulsas, consiguieron la asignación de más de diez millones de dólares que se repartieron entre los agraciados.
Desde antes de que terminara el cuatrienio en el que Orta estuvo al mando del DRD, la fiscalía y el FBI ya habían detectado el esquema fraudulento y en diciembre de 2016, antes de que Orta vaciara su oficina, efectuaron el primer allanamiento. Esa eficiencia merece aplausos, pero qué lástima que en el pasado, durante la reciente administración de Luis Fortuño, dejaran pasar un esquema mucho peor en el que se malgastaron más de $26.2 millones de fondos federales.
Me refiero al esquema que ideó e implantó el exrepresentante del PNP Pedro Figueroa que estuvo también dirigido a una “población necesitada” o, más bien golpeada por la propia administración de Fortuño. La población en cuestión fue la de los empleados públicos que fueron lanzados a la calle tras aprobarse la fatídica Ley 7. Como se recordará, la aprobación de aquella legislación implicó el desempleo inmediato de 30 mil trabajadores del Gobierno, despedidos en un momento en que la economía estaba en contracción por lo que la posibilidad de volver a encontrar empleo era mínima.
Esa tragedia fue la que el exrepresentante Figueroa y sus socios convirtieron en oportunidad ideando un programa para “adiestrar” a los nuevos desempleados y supuestamente ayudarles a buscar empleos. Según el entonces director ejecutivo del Consejo Ocupacional, agencia a cargo de repartir los fondos, Pedro Figueroa lo llamó y le dijo “te voy a diseñar algo”. Al funcionario en cuestión, un tal Aurelio González Cubero, le pareció que “era muy lógica” la propuesta y en apenas 7 meses Figueroa dispuso de $6 millones para dispensar “adiestramientos”. El río de dinero que consiguió Figueroa no terminó en esos $6 millones. La cifra se multiplicaría por 4 durante los dos años siguientes hasta alcanzar $26.2 millones, según denuncias hechas en 2012 por el senador Eduardo Barthia.
¿Investigaron la fiscalía federal y el FBI el esquema diseñado y ejecutado por Pedro Figueroa durante los años de Fortuño? Eso nunca lo sabremos, pero reclamos no faltaron. Tan pronto se otorgó el primer contrato en 2009, el de los primeros $6 millones, la Coalición Sindical exigió una investigación del FBI denunciando que el contrato a Figueroa duplicaba funciones que ya estaba haciendo el mencionado Consejo de Desarrollo ocupacional. Nada ocurrió en aquel momento ni ocurriría después cuando los $6 millones siguieron creciendo hasta llegar a $26.2.
Por eso, cuando tras el arresto de Orta y sus compinches, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez se ufanó en conferencia de prensa de su cruzada contra la corrupción, algunos se sonrieron. Uno de los más sonreídos debió ser el exrepresentante Figueroa quien, tras “ayudar” a los despedidos por Fortuño, ya debe estar buscando otra “gran idea” para “ayudar” a los que despida Ricardo Rosselló.
