Por Cándida Cotto / Claridad
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Ha tres años de la imposición de la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal (JCF), a dos años de litigios judiciales y sin que se haya aprobado ningún presupuesto fiscal balanceado, la imposición de medidas de austeridad, son las circunstancias con finaliza este año, frente a una deuda impagable, que viola los derechos humanos. Así lo plantearon diversas voces en el foro, Cómo hablamos de deuda y su impacto en nuestras vidas, auspiciado por la organización Auditoría Ya.
De la deuda pública de $72 mil millones, Puerto Rico apenas lo único que tiene la capacidad de pagar como máximo son $14 mil millones, según apuntó el economista Daniel Santamaría, de la organización Espacios Abiertos (EA). Se refirió a las conclusiones del estudio sobre la deuda de Puerto Rico que dirigió el economista Martín Guzmán y el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, para EA. Santamaría que también participó en la investigación señaló sobre esta capacidad de pago, es sin contar que en los primeros cinco años el país no pague ni principal ni intereses, hasta que la economía crezca.
Santamaría señaló que esto es un análisis puramente financiero y que en la economía suele pasar que problemas similares tienen soluciones distintas, es decir contrapuestas y en el caso del tema de Puerto Rico -en el momento que se revela la cantidad de la deuda- había a consenso entre economistas liberales y conservadores y académicos que entendían que Puerto Rico necesitaba un amplio recorte de su deuda. “Aquí no habían ningún tipo de visiones distintas al respecto” y acotó que de las políticas públicas que necesita Puerto Rico, es que tiene que ser capaz de reestructurar la deuda para poder incorporarse en la economía del siglo XXI, pero no en los términos que se pretende. En esa dirección reparó que la JCF viene con una visión de cuadrar la caja y esto en ninguna economía ha funcionado, no funcionó en Grecia, ni en España, país de donde él procede. Por el contrario afirmó que un pago de deuda insostenible es un espiral desestabilizante para la economía y que esta receta que la JCF y el gobierno de Puerto Rico, nos quiere imponer es uno que ya ha fracasado en todo el mundo.
“Tampoco tenemos que pagar esos $14 mil millones”, expresó en su turno el licenciado Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda (CCAD). En primera instancia expuso que el gobierno de Puerto Rico diseñó el aparato de emisiones de bonos al mercado de deuda de manera que le permitiera burlar la disposición constitucional que establece un límite de deuda. Se refirió a que la deuda de los $72 mil millones no es toda del llamado gobierno central o los llamados “bonos de obligación general” (BOG). Sino que en esa cifra están además de la deuda de los BOG, está la deuda de las corporaciones públicas, los sistemas de retiro, y los municipios. Al presente dijo, los dos planes de reestructuración de deuda que están pendientes ante el Tribunal Federal para discutir en el mes de enero son el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la del gobierno central, de poco más de $13 mil millones.
Señaló que los acreedores están cobrando deuda del gobierno de Puerto Rico tan antigua como la emisión de bonos de la administración de Rafael Hernández Colon de 1973, la última de marzo de 2014, bajo Alejandro García Padilla y la deuda emitida en 2016.
El proyecto de Auditoría Ya, dijo, pretende contestar desde cuánto dinero es que se debe; cuánto se ha pagado, cuánto se pretende cobrar en términos del principal e intereses, por qué se debe pagar; en qué se gastó todo ese dinero; si es que se recibió, quiénes tomaron las decisiones que hizo inevitable estas circunstancia; y hasta cómo la relación colonial incidió en la acumulación de la deuda. Además de qué responsabilidades tienen los gobernantes en la isla, el gobierno de Estados Unidos y hasta personas privadas que sirvieron como asesores legales y financieros.
Torres Asencio reveló que de lo que la auditoría ciudadana ha logrado documentar está el que en algunas emisiones de bonos en especial las que se conocen como “bonos de apreciación capital”, en estas transacciones en las cuales el gobierno tomaba prestado, no tenía que hacer un pago de inmediato sino en unos cuantos años, el principal y los intereses se hacían en un solo pago. En muchas de estas transacciones el gobierno llegó a pagar siete veces más en intereses de lo que era el principal. Algunas de estas emisiones de bonos también incluyeron el pago a suscriptores de bonos, (lo que se conoce como underwriter) tanto a bancos locales como extranjeros que se dedicaban a vender los bonos de Puerto Rico comisiones de hasta de $1 mil 600 millones. Algunos de estos bancos son: el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), el Banco Santander, la firma Goldman &Sachs y otras.
Además contrario a la impresión que ha pretendido dar la JCF y el gobierno de que la mayor parte de la deuda de los BOG está en manos de bonistas puertorriqueños en el 2018, después del huracán María, el 25% de la deuda de los BOG estaba en manos de los llamados fondos de inversión, los “fondos buitres”, y ya este año (2019) son dueños de cerca de la mitad. Los fondos buitres que compraron los bonos a cinco centavos muy por debajo del valor original pretenden cobrar la totalidad del bono.
Otro ángulo que ha examinado la auditoría y ha logrado descubrir es en qué se gastó el dinero. Hasta el momento indicó Torres Asencio se ha logrado descubrir que al País se le pretende cobrar deuda que se utilizó para proyectos que nunca se construyeron. Ese es el caso de la emisión de bonos de la AEE por $400 millones que se invirtieron en el proyecto del gasoducto del sur y el gasoducto del norte. Ambos proyectos que fueron derrotados por el pueblo por su inviabilidad ambiental. También la deuda que se emitió bajo la administración de Luis Fortuño en el 2009 para financiar los despidos bajo la Ley 7, “ahora se pretende cobrar al pueblo de Puerto Rico incluyendo a los empelados despedidos”. Desde el 2006 -denunció- un número significativo de las emisiones de bonos del gobierno central y COFINA se han utilizado para pagar o cancelar bonos viejos, re financiar o cuadrar el presupuesto. Esta práctica dijo se viene haciendo desde el 1974, cuando el Secretario de Justicia de aquel momento lo autorizó.
Torres Asencio puntualizó que esta práctica no es legal y reiteró que al menos la mitad de la deuda del gobierno ha sido emitida de manera ilegal en contra de las disposiciones de la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), por lo tanto es nula. Según la Constitución, Puerto Rico no puede pagar deuda emitida por más de 30 años, tomar prestado para cuadrar el presupuesto, ni sobre el límite del 15% de sus ingresos. En esa dirección denunció que la creación de COFINA en el 2006 fue una estrategia para emitir deuda extra constitucional y que en lugar de saldar la deuda existente el gobierno lo que hizo fue que la triplicó. Esto pese a que los propios asesores legales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le dijo al gobierno que el esquema de COFINA era ilegal, según un memorándum interno del banco.
En tanto respecto al acuerdo de reestructuración de la deuda de COFINA atribuyó que sentó un mal marco de negociación que ha tenido como consecuencia el que los acreedores de los BOG no están contentos con el acuerdo de la JCF y están presionando pidiendo más dinero.
El abogado de la CCAD llamó la atención a que tanto el gobierno de Puerto Rico, como el gobierno de Estados Unidos no quieren hacer una auditoría forense por los conflictos de intereses que esta representa. En el caso de Puerto Rico hay conflictos de intereses en ambos partidos y hay miembros de la JCF que participaron en las emisiones de bonos de COFINA. En el caso del gobierno de EE UU dijo que la Oficina del Inspector General (GAO, siglas en inglés) tampoco quiere la auditoría porque este gobierno también es responsable de autorizar las emisiones que estaban exentas de contribuciones federales.
Más aun la visión ideológica de los miembros de la JCF, “lo que quieren es renegociar la deuda para que Puerto Rico siga pagando y participando de ese mercado de emisión de deuda y una auditoría forense demostraría que las políticas de austeridad son por completo innecesarias, y se evita poner responsabilidad a funcionarios públicos”.
