Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Una de las imputaciones más constantes contra la administración de Ricardo Rosselló fue la impunidad que siempre disfrutaron los sospechosos de conducta corrupta. Las situaciones más evidentes de aprovechamiento ilícito de fondos públicos flotaban todo el tiempo, sin que ninguna de las agencias responsables de iniciar investigaciones se dispusiera a actuar. Y cuando algún caso en particular se denunciaba en la prensa, identificando el acto y señalando al culpable, tampoco se actuaba. Como mucho, en esas situaciones donde la evidencia aparecía publicada, se permitía que el funcionario renunciara y, con su partida, se le ponía punto final al asunto.
En este espacio hemos discutido muchas de esas situaciones. En el larguísimo listado están desde el bochornoso contrato a la empresa Whitefish en los días posteriores al paso del huracán María hasta la reciente investigación de la periodista Valeria Collazo y el abogado Jay Fonseca sobre los contratos a familiares en la Autoridad de Edificios Públicos. Ni aquel contrato ni toda la cadena de actos negligentes o culposos de los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron objeto de investigación. Ante la inacción, el comportamiento sospechoso en la AEE se prolonga hasta el presente cuando conocimos –gracias otra vez a un periodista– que corruptos del pasado, como el ingeniero José Pérez Canabal, disfrutan de acuerdos que les producen cientos de miles de dólares y que el director ejecutivo, José Ortiz, le da contratos a la empresa donde labora su hija.
A los ejemplos anteriores pudiéramos añadir muchos más en agencias tan cruciales como Educación, Vivienda y, muy destacadamente, la propia Oficina del Gobernador. Sobre esta última, recientemente se publicó un intercambio de mensajes de texto que evidenciaban cómo un funcionario de Fortaleza utilizaba su poder para gestionarse favores de todo tipo y, tras la divulgación, nada ha pasado.
Esa impunidad flagrante no es porque no exista legislación que condene la conducta y dispongan los remedios investigativos. En nuestro país se ha legislado extensamente sobre el tema y la mayoría de los actos señalados están tipificados como delitos cometidos por acción u omisión. No hace falta, por tanto, que la Legislatura vuelva a actuar para que los señalados puedan ser investigados.
Tampoco la impunidad ocurre porque el país carezca de instituciones responsables de investigar y procesar a los corruptos. A lo largo de los últimos 40 años se ha ido creado una madeja de agencias con poderes, personal y recursos investigativos. En primera fila está, desde tiempos inmemoriales, el Departamento de Justicia que cuenta con divisiones y oficinas a cargo de investigar la corrupción. Para los casos que envuelven a funcionarios electos o jefes de agencias está el Panel del Fiscal Especial Independiente. En todos los casos, atendiendo tanto posibles delitos como faltas a la moral pública, también está la Oficina de Ética Gubernamental.
Desde este mismo espacio denunciamos más de una vez que esas instituciones fueron secuestradas por el Partido Nuevo Progresista, colocando allí militantes que garantizan la impunidad de los señalados. Estamos, por tanto, ante un esfuerzo deliberado para que la impunidad sea la norma. Como también apuntamos antes, a esas instituciones del gobierno isleño se une la fiscalía federal bajo Rosa Emilia Rodríguez, que también ha sido extremadamente selectiva a la hora de procesar corruptos.
En el plano boricua, la figura principal garantizadora de esa impunidad ha sido Wanda Vázquez, quien desde 2017 dirigió el Departamento de Justicia. La mayoría de las investigaciones que debieron haberse iniciado le correspondían a ese departamento. Desde allí también debieron hacerse los referidos a la Oficina del FEI o la de Ética, aunque también estas agencias estaban obligad a tomarse iniciativas. En el récord público están los múltiples requerimientos de investigación que se le hicieron a Justicia y también las reiteradas ocasiones en que Vázquez se escudó tras la banal excusa de que “no había querella” y, por lo tanto, no podía comenzar a investigar.
Ahora Wanda Vázquez está de gobernadora no porque se haya ganado el cargo, sino por un vuelco poco esperado de los acontecimientos. La fuerza del pueblo expulsó al gobernador corrupto y tras una brevísima estadía de otro parecido, el cargo rodó hasta la silla desde donde Vázquez miraba pasar los actos de corrupción pública.
Nadie debiera esperar que quien fuera tan pasiva antes se convierta ahora en un ejemplo de activismo. Los primeros actos de Vázquez como gobernadora confirman esa conclusión. A pesar de las expectativas algunos soñaron con que de inmediato, para dar una señal distinta, destituiría a los jefes de agencia que formaron parte del círculo íntimo de Ricardo Rosselló y todavía siguen disfrutando de sus posiciones. Sin embargo, tras dos semanas, Ricardo Llerandi y Anthony Maceira siguen en sus cargos.
Pero donde con más claridad vemos el sello de Vázquez es en sus nombramientos para la dirección de la Oficina de Ética y el Departamento de Justicia. Para la segunda posición seleccionó a Denisse Longo, quien viene directamente desde la oficina de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Antes de llegar allí estuvo vinculada a la administración de Luis Fortuño como administradora interina de Servicios Generales donde fue objeto de señalamientos relacionados con una subasta.
Para la OEG seleccionó a Luis A. Pérez Vargas, quien ahora es el segundo en mando en la agencia y, por tanto, carga con los mismos señalamientos contra su jefa, Zulma Rosario. No hace mucho tiempo supimos de este señor cuando se paró ante los medios a informar que, tras dos años “investigando” concluía que su agencia no tenía jurisdicción para atender una querella contra la presidenta del FEI, Nydia Cotto. De esa manera esquivó actuar contra otra de las integrantes del combo que garantiza la impunidad.
Todo indica que, tras mudarse de Hato Rey al Viejo San Juan, la impunidad seguirá tan campante como siempre.
