Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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La lentitud en el uso del dinero asignado para atender las secuelas del huracán Maria ($20.2 millones de CDBG-DR), como también sucede con los asignados para atender la emergencia de la pandemia (Cares Act $2,200 mil millones y otros $25 mil millones de CDBG-CV), la burocracia, la falta de capacidad administrativa, nombramientos indebidos, la falta de transparencia, los escándalos descubiertos al inicio de la pandemia hasta los más recientes fraudes al PUA (Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico), la lista de casos de corrupción parece no agotarse.
“Nosotros pecamos en ver la ineficiencia como un problema separado de la corrupción. Las dos se llevan muy bien de la mano son amigos y a veces pienso que hermanos o parejas, porque el sistema corrupto a propósito desarrolla una estructura para permitir espacios precisamente que permitan la corrupción, espacios legales o lagunas que bajo la ley te permiten corromper el sistema o desviarlo para beneficio privado”, apuntó la experta en Política Económica y Gobernanza, Issel Masses Ferrer, en entrevista respecto a la situación de corrupción que parce imperar no solo en el gobierno sino en toda la sociedad en Puerto Rico.
Masses Ferrer, tiene diez años de experiencia como asesora en gestión gubernamental en varios países como Chile, Perú, Uruguay, Egipto y Estados Unidos, ha trabajado con la ONU y otras organizaciones a nivel internacional. Al presente es la directora ejecutiva de una nueva organización no gubernamental (ONG) en Puerto Rico, Sembrando Sentido, cuyo propósito es promover el concepto del gobierno abierto, la rendición de cuenta, transparencia y participación ciudadana en la gestión gubernamental. Como parte de su misión -indicó- Sembrando Sentido se enfoca en los problemas sistémicos de la gestión pública porque es donde mayor riesgo de corrupción hay.
En esa dirección señaló que la burocracia, la falta de claridad en los controles, la falta de personal capacitado para entender qué debe y cómo deben llevarse a cabo los procesos, todo ello lo que propicia es atrasos en la gestión pública y la corrupción. “Y luego tienes el tío que conoce muy bien ese contexto de ineficiencia y ambigüedad sobre todo en contextos de emergencia.”. Toda esta dinámica quedó en evidencia en las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre la compra por la empresa Apex General Contractors (AGC) de pruebas para el coronavirus (Covid-19), al inicio de la pandemia.
Trajo a la atención además que el país lleva ya un par de años -desde el huracán Maria- entre emergencia y emergencia y en periodos de emergencia el gobierno usualmente relaja los controles de los contratos, los requisitos de transparencia y de fiscalización con el argumento de que estos retrasan los procesos, lo que a su vez crea problemas nuevos para que el gobierno pueda ponerse al día fiscalizando y poder obtener la evidencia conveniente, por lo que al atrasar los procesos de fiscalización también se están perjudicando.
“En fin nosotros vemos un patrón que ya lleva años que no se ha corregido, que no se intenta corregir aún en el presente y que en los periodos de emergencia obviamente al tener pocos controles de tener muchísima ambigüedad sobre controles porque tienes órdenes ejecutivas por un lado, cartas circulares, memos de diferentes agencias dictando diferentes reglamentos, tienes algunas leyes nuevas, algunas vigentes cuando vienes a ver el espacio para hacer y deshacer es infinito”.
En ese contexto alertó que es poco lo que se puede argumentar si se está contra la ley porque -por ejemplo- cuando un memo de la Administración de Servicios Generales (ASG) lo que dice es que solo se necesita una cotización en un periodo de emergencia, cómo luego se puede argumentar que eso es ilegal, eso fue lo que sucedió con Apex recordó. “El problema es que ese no debería ser el caso punto”.
Continuó que a nivel internacional los criterios de transparencia disponen que a los 100 días de un evento se acaba el periodo de emergencia y se supone que ya un gobierno debería saber con lo que está trabajando y con lo que tiene que trabajar. Se supone que pueda transaccional de una respuesta reactiva a una activa en donde ya puede predecir lo que necesita y puede darse mas tiempo para hacer cosas mas lógicas, mas competitivas, mas abiertas.
“Nosotros no estamos viendo eso lo que estamos viendo es que en todo caso hay unos desembolsos a diferentes partidas a los hospitales por ejemplo entre otras que realmente desconocemos los criterios y el desempeño de esos fondos que es problemático pero adicional a eso no estamos viendo licitaciones nuevas que tengan que ver con la emergencia”, denunció.
Masses Ferrer censuró que recientemente la principal oficial de compras, Karla Mercado anunció que iban a publicar la información de las compras de emergencia pero cuando se va a la página de la OGC lo que hay es una tabla extremadamente básica. No hay los datos para evaluar qué ha sido lo mas reciente, cuál ha sido el resultado, dónde están los contratos, dónde está la orden de compra, cuál ha sido el proceso de licitación que hizo la ASG. Resaltó sobre la ausencia de esta información que la ASG conoce muy bien como publicar esa documentación ya que la tiene en la página que la agencia hace en tiempos regulares.
“Entonces estamos vendiendo una idea de transparencia que creo que está muy por debajo de lo que usualmente le llamamos transparencia a medias”. Esta falta de información observó no solo obstaculiza el poder fiscalizar por parte de la sociedad civil, sino por parte del mismo gobierno como el de la misma Oficina del Contralor Gubernamental (OCG). Levantó que si las agencias no comparten la información las oficinas fiscalizadoras tampoco pueden hacer su trabajo lo que genera a su vez un sin número de problemas para poder en realidad determinar dónde es qué está el problema. En ese sentido reiteró su señalamiento de que no se puede ver la ineficiencia como un problema separado de la corrupción.
De igual manera destacó creer que para algunos a veces es difícil de entender que cuando se comienza a corromper un sistema, una entidad de poder público para beneficio propio, cuando se hace eso la persona va a procurar el que las personas a su alrededor no tengan la capacidad o miren hacia otro lado, se queden callados y le permitan beneficiarse, lo que está haciendo a su vez es poco a poco deteriorando el sistema y fomentando un ambiente mas corrupto y mas ineficiente.
¿Cuándo se llega a esos niveles, cuánto esfuerzo se necesita para devolver la una integridad, si eso es posible?
“Mi perspectiva es un poco mas optimista en ese sentido yo he tenido la oportunidad de trabajar con instituciones internacionales como la OEA y el Banco Interamericano por mucho tiempo hemos visto escenarios de países con estructuras frágiles y débiles que han logrado mejorar y fortalecerse”.
Para lograr ese cambio el rol de la sociedad civil es super importante. “Yo creo que ahí todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de una democracia donde tenemos que participar y cuestionar constantemente, exigir transparencia, exigir cambios cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien. Creo que en los últimos años hemos visto una reactivación de la sociedad civil en este sentido mucho mas curioso, mucho mas activo, expresivo eso es bien importante que alcen la voz, que se cuestione se analice, porque cuando la sociedad civil toma un rol activo en la gestión gubernamental realmente el gobierno empieza a a perder discreción y discreción es equivalente a poder y poder es equivalente a impunidad”.
Todavía expresó, “Es bien importante que el gobierno sepa que tenemos derecho a ser partícipes de la gestión pública de colaborar en una mejor gestión pública y que ellos no pueden hacer y deshacer a su antojo que ellos están ahí para manejar la gestión pública, la gestión del pueblo con los fondos del pueblo. Si esperamos que eso cambie por obra y gracia del espíritu santo pues no vamos a ver resultados definitivamente nosotros todos tenemos que hacernos responsables en nuestros diferentes espacios si queremos un mejor gobierno tenemos que comenzar a exigir algo diferente”.
El impacto de la corrupción a nivel internacional
A nivel internacional describió que en el escenario de la pandemia se han estado viendo serios problemas de gobernanza. Aunque comentó que hay muchos países que si tienen mejores controles que Puerto Rico, mejores formas de transparencias y eso les ha facilitado el poder cerrar algunos de esos espacios que permiten la corrupción, reparó en que el contexto actual es bien complejo y ha traído luz a procesos de gobernanza que en tiempos normales no son tan obvios porque no impactan tanto a todos los ciudadanos irrespectivo de su clase económica.
En el caso de Puerto Rico dijo que en definitiva la reputación de que seamos un país o se tenga un gobierno corrupto es perjudicial. “A nivel internacional si tu sabes que un país no tiene los controles necesarios, que te va a dejar ir por la libre que con dar un buen soborno bajo la mesa vas a lograr lo que quieres pues por supuesto vas a fomentar y atraer delincuentes de cuello blanco, delincuentes de organizaciones criminales hasta temas de narcotráfico en definitiva estas atrayendo el delito”.
Igual señaló que en nuestro caso la corrupción también perjudica la asignación de fondos a nivel del gobierno federal de Estados Unidos, nos guste o no y aun cuando advirtió que allá también hay corrupción a nivel federal y estatal, aludió a que eso no es justificación para hacer lo mismo.
Por último trajo el dato de que según un reciente informe de la Oficina del Inspector general (OIG) de Puerto Rico en el año fiscal del 2019 el gobierno otorgó $1 billón de dólares en contratos de servicios profesionales. El informe también reveló que 31entidades gubernamentales no tenían sus reglamentos actualizados según sus nuevas leyes.
