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En opinión del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez es difícil que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda cumplir con el plazo que le impuso la jueza Laura Taylor Swain de que presente en o antes del 10 de febrero de 2021 un plan de ajuste de pago de deuda. Con una junta incompleta y un nuevo integrante que aboga de forma abierta por el máximo pago a los bonistas, no podrá someter el plan ni información detallada de la estructura de lo que podría ser el plan de deuda.
La orden de la jueza que preside el proceso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Titulo III de la ley Promesa se produjo en la vista celebrada a finales de octubre y fue el resultado de una moción que radicaron los grupos de acreedores del Gobierno de Puerto Rico que se hacen llamar Bonistas Constitucionales (Ad Hoc-BC), Obligaciones Generales (Ad Hoc-GO), la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y QTCB. Según los acreedores, la JCF ha venido posponiendo la consideración del ajuste de deuda desde mayo del 2017.
El licenciado Emmanuelli Jiménez explicó que el argumento de los acreedores es que la jueza le ha concedido a la JCF peticiones de posposiciones para una quiebra que se radicó en mayo de 2017, que ya se cumplieron tres años de la radicación, tiempo en que se supone un deudor complete un plan de ajuste. Los acreedores le pidieron a la jueza que, en vista del tiempo que ha pasado, se le imponga un calendario a la JCF para que el caso avance.
Sin embargo, el experto en la ley Promesa afirmó que el término fijado por la jueza, dentro de las circunstancias que tiene la JCF, podría ser imposible de cumplir. Resaltó que las consecuencias de no poder cumplir con este término podrían ser la imposición de medidas más estrictas o hasta de que eventualmente la jueza decida desestimar la quiebra.
“El problema que yo veo para cumplir con esa fecha es que acabamos de tener una elección donde hay un nuevo Gobernador que, aunque se ha pintado como el abogado de la Junta, tiene que tomar posesión en enero. Eso implica que tendrá que tomar muchas decisiones en 40 días que tienen que ver con este asunto”.
Esto responde, explicó, a que hasta ahora no hay un nuevo acuerdo con los acreedores del Gobierno central debido a que estos apoyan el plan anterior que preparó la Junta, pero que luego reconoció que no puede cumplir, por lo que hay que renegociar.
A lo anterior se le suma el incidente ocurrido en la reunión de la JCF (el 30 de octubre) en donde se trató de aprobar una moción para que se presente el plan de ajuste de deuda, no importa si se hubiera llegado a un acuerdo o no con los acreedores. La moción era para que se volviera a la mesa de negociación y que, si no se llegaba a un acuerdo, se radicara como quiera un plan de ajuste de deuda. Pero el nuevo miembro de la JCF, Justin Peterson, nombrado por el presidente Trump, abandonó la reunión en oposición, por lo que la Junta se quedó sin quórum para poder aprobar la moción. Peterson, quien hasta el momento de ser nombrado había sido relacionista público de acreedores del Gobierno de Puerto Rico, dijo que lo propuesto por la Junta no daba un trato equitativo a los bonistas.
“Peterson demostró ser una persona radical e intolerante. Se retiró de la reunión para que la Junta perdiera el quórum, y no se pudo aprobar la moción. Eso lo que pone en problema es que no va a haber tiempo para negociar y radicar un plan de ajuste negociado antes de febrero”, señaló Emmanuelli Jiménez. La JFC tampoco tiene autorización para radicar una moción para imponer un plan de ajuste de deuda, ya que sería un trámite que de seguro generaría litigios. Al perder las elecciones de seguro Trump tratará de llenar las tres vacantes que tiene la JCF. Después de nombrados, el nuevo presidente Biden, no los puede despedir. Esos nuevos miembros son los que tendrían que tomar una decisión sobre lo que van a presentarle a la jueza el 10 de febrero, añadió Emmanuelli Jiménez.
Frente a este cuadro, no ve que la Junta tenga suficiente tiempo para completar una negociación. Como tampoco puede radicar un plan de ajuste sin negociar, es difícil que pueda cumplir. Eso implica que la Junta podría radicar una moción informativa sobre lo que han hecho, lo cual estaría a la discreción de la jueza si lo acepta o no.
Estas circunstancias significan que el proceso de negociación de la deuda del Gobierno central (Pueblo de Puerto Rico) se siga alargando. La postura del nuevo miembro de la JCF es que se negocie con los acreedores de la manera más favorable para ellos. Mientras, el resto de la Junta reconoce que las circunstancias económicas de Puerto Rico no aguantan el plan de ajuste de deuda como se negoció. En ese caso, negociar implicaría cederles a los bonistas una mayor cantidad de dinero sin Puerto Rico tener las condiciones para pagar.
Emmanuelli Jiménez coincidió con la apreciación de que a cuatro años de la imposición de la JCF, el país continúa en un callejón sin salida. Todavía el Gobierno no ha podido cumplir con presentar ni un solo presupuesto balanceado. Ahora, el gobernador electo, Pedro Pierluisi, quien ha sido defensor de la ley PROMESA, llega con la teoría de que cediendo a la Junta va a poder salir de ella rápido. “Pues no, porque no hay un solo presupuesto balanceado. Y para poder acceder a los mercados a costos razonables, falta mucho todavía, así que va a tomar muchos años. La estrategia de someterse y cumplir alarga la presencia de la Junta en Puerto Rico. La estrategia valiente sería enfrentar a la Junta”, concluyó Emmanuelli.
