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La Junta de Control aumenta los peajes en todas las carreteras

 

CLARIDAD

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Todavía la Junta de Control Fiscal (JCF) no ha concretado el plan de ajuste de deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras (AC) y ya la administración del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, le obedeció aumentando el precio de los peajes.

El  anuncio de un aumento de 8.5% en los peajes a partir de este próximo mes de julio hasta supuestamente julio del 2024 se produce a la vez que la Comisión Ciudadana de la Deuda advierte que el PAD contemplado por la JCF puede conllevar la privatización de los peajes. Esto debido a que el nuevo acuerdo para el pago de la deuda no auditada obligaría al Gobierno por un término  de 40 años. También incluye el intercambio con bonos nuevos de apreciación de capital o CAB, que han implicado un pago total de intereses altísimos.

En entrevista, el presidente de la Comisión, profesor José González Taboada, expuso que los bonos de la AC van a durar 40 años, por lo que se está garantizando su repago con la privatización de nuestras carreteras públicas y el aumento constante de peajes, lo que representa otra carga económica más para el pueblo. “Nos preocupa que todas estas prácticas en las emisiones de deuda no son nuevas, sino que son las condiciones que han contribuido a la crisis fiscal que enfrentamos hoy”, denunció.

Indicó que se suponía que el dinero del  peaje se utilizara para pagar la deuda, pero era la deuda original, la que se contrajo para construir las carreteras y para su mantenimiento. El temor ahora, dijo, es que el aumento en peajes va a ser para pagar los bonos por 40 años, igual que hicieron con COFINA. Debido a que la deuda de la AC se subió en seis años de cero a $17 mil millones y ahora vamos a tardar 40 años en pagarla, es posible que se le tenga que restar a COFINA un porcentaje mayor para pagar  tanto sus bonos como los de la AC.

“Siguen quitándonos recursos, siguen cortando y estrangulando la Universidad de Puerto Rico, quieren estrangular las  pensiones, que significa estrangular a los pensionados, y estamos en la Comisión señalando los peligros de todos estos acuerdos, sobre todo, cuando mucha de esta deuda pudiera haber sido emitida de manera ilegal, porque hay muchas cláusulas que hay que observar a la hora de emitir deuda y muchas de estas cláusulas  no se observaron”, declaró el contador público autorizado.

González Taboada hizo la observación de que todos los ajustes de deuda que ha negociado la JCF son a 40 años. Eso significa que el país estará 120 años pagando deuda. “Por lo menos, tres generaciones de puertorriqueños estarían pagando unas deudas incurridas por generaciones anteriores y que en nada nos está beneficiando a nosotros, ni ahora ni en el futuro, y la Junta quiere vender esto como que es en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Eso no es en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Por otra parte, en entrevista radial con la periodista Milly Méndez, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez reveló que el Gobierno central y algunas corporaciones públicas en los últimos meses estuvieron en un proceso de mediación para tratar de llegar a un plan de ajuste de deuda que pueda ser confirmado por la jueza Taylor Swain, y este último acuerdo fue con las aseguradoras de bonos Assured Guaranty y National Public Finance. Todo aparenta, reveló Emmanuelli Jiménez, que llegaron  a un acuerdo con la JCF a los fines de establecer términos de pagos a unas reclamaciones que tienen que ver con la Autoridad de Carreteras, el Centro de Convenciones y algunos pleitos pendientes por algunas transferencias que se hicieron para paliar el problema de la deuda, además de que violaron los acuerdos con algunos proveedores.

El experto en la Ley PROMESA describió  como un “ansia irracional” en la JCF de privatizar todos nuestros activos y observó que en el caso de los peajes es un ingreso seguro que no hay ningún tipo de problema de que no se pueda utilizar para este tipo de compromiso, es decir, el pago de la deuda de la AC, por lo que no hay necesidad de insertar un  privatizador.

“Lo que va a ocurrir es que habrá menos dinero para el pueblo de Puerto Rico y va aumentar la tarifa de los peajes. Eso es un problema bien serio porque en Puerto Rico hay unas expectativas de que mejore el ambiente de hacer negocios, y es una de las políticas de la Junta. Por eso es que quiere eliminar reglamentos sobre las construcciones, eliminar las tarifas de los camioneros, quieren desregularlo todo; pero con estas transacciones lo que hacen es aumentar los costos de las transacciones en Puerto Rico, los costos de transportación. Y para mí es un total absurdo”.

Emmanuelli se reafirmó en que no hace falta privatizar el ingreso de los peajes dado a que este se cobra de manera automática y no hay ningún tipo de riesgo de que se pierda el dinero. “Me parece que el Gobierno de Puerto Rico, aunque tiene una participación limitada en este asunto del PAD, debe objetar que dentro de las condiciones que se pongan en ese plan se establezca que se privaticen los peajes, porque no hay ningún sentido para el pueblo de Puerto Rico que se comprometa a pagar tarifas altísimas para poder transportarse por la Isla”.

 

 

 

 

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