Por Cándida Cotto/CLARIDAD
La Junta de Control Fiscal (JCF) impone a los municipios planes fiscales que obligan al despido de empleados. En medio de tener que lidiar contra la propagación de la pandemia del coronavirus, al menos diez municipios también se enfrentan a la Junta por la imposición de unos planes fiscales que entre sus exigencias incluye el despido de empleados.
Entre sus ejecutorias en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19) la Junta certificó los planes fiscales 20-21 de 10 municipios que forman parte de su alegado plan piloto para “aumentar sus ingresos e impulsar medidas de eficiencia operacional”. Los municipios escogidos de manera arbitraria por la JCF para formar parte del plan piloto son: Orocovis, Aibonito, Villalba, Barranquitas, Cidra, Comerío, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián.
“La Junta está totalmente enajenada de la realidad”, expresó en entrevista el presidente interino de la Asociación de Alcaldes (AA), Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba, quien afirmó que fueron engañados por ese organismo. De acuerdo al relato del presidente de la Asociación que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), cuando hace un año la Junta anunció la implementación de un programa piloto, los acercamientos que le hicieron a cada uno de los alcaldes de los 10 municipios fue que el programa buscaba unos fines particulares: primero, conocer cómo funcionaban los municipios; cómo se podían establecer consorcios, como por ejemplo el consorcio energético que tiene su municipio con los municipios de Orocovis, Barranquitas y Morovis; que tenían un grupo de inversionistas que querían hacer desarrollo en Puerto Rico y que querían ver cómo implementar esas iniciativas en estos 10 pueblos; por último, ver cómo la Junta con su personal técnico les ayudaban a maximizar sus recaudos y los fondos federales.
Incluso dijo que la Junta sabía e hizo alusión a que distinto al Gobierno central, los municipios estaban pagando sus deudas. “Somos la única entidad que está pagando su deuda con un año de anticipación, a diferencia del Gobierno central”, por lo que según la JCF no era necesario tener unas imposiciones tan drásticas.
“Eso fue un año atrás, esa es la historia bonita de la Junta con el plan piloto. La realidad es que nunca hicieron nada de lo que dijeron”, denunció. El alcalde de Villalba reconoció que hubo varias cosas en curso que interrumpieron el proceso. Primero, la disputa entre la JCF y el Gobierno central por la Ley 29, la cual eximía a los municipios de su aportación al seguro de salud del Gobierno y del llamado Pay to go, pago de pensiones del Gobierno central. La Junta impugnó la ley ante la jueza Laura Taylor Swain, quien favoreció la postura de la Junta.
“Esa es una imposición ilegal e injusta para los municipios porque los municipios ya pagamos las pensiones y plan médico de nuestros empleados y eso nos impone el pago de la deuda de pensiones del Gobierno central”. Otra cosa que dijo atrasó las conversaciones y comunicaciones con la Junta fueron los temblores. “De ahí del anuncio que ellos hicieron, al disparate que hicieron hace poco, muy poca comunicación fluyó entre los municipios”. La Junta dio a conocer la certificación de los planes fiscales el 30 de junio.
“Lo único que veíamos que pedía la Junta era un informe de los fondos federales que se recibían por el huracán, los fondos del COVID y de los terremotos, ellos lo único que hacían era pedir información”, continuó denunciando.
Es obvio que los inversionistas nunca llegaron ni les dijeron quiénes eran ni en qué áreas estaban interesados. La asistencia técnica para mejorar los recaudos y fondos federales tampoco llegó. Lo que si llegó, dijo, fue una escueta carta de la JCF donde establecía un plan fiscal elaborado por su cuenta, estandarizado para los 10 municipios, sin importar nivel de pobreza, qué municipios son más grandes ni qué tipo de proyectos había. Por ejemplo, en el caso de Villalba, aunque la Junta reconoce el proyecto energético, no incluyeron los ingresos proyectados durante los próximos cinco años del proyecto.
El alcalde descargó: “Así ocurrió con todos los municipios: un plan fiscal, un copy-paste, que no se atempera a la realidad de los municipios y, por último, una carta de dos páginas que le establece a los 10 municipios un presupuesto con un máximo y un mínimo de ingresos y gastos. La legislatura municipal nunca interactuó con la Junta y, de hecho, la carta sobre los presupuestos fue dirigida a la gobernadora, como si fuéramos un departamento, una agencia de gobierno. Se les olvida que los municipios tienen una estructura política separada. Ellos la enviaron a la gobernadora como si esta pudiera hacer algo con esa carta”.
Como ejemplo de las contradicciones que insistió presentan los planes certificados por la Junta, señaló que aunque les da más dinero, porque lo único que toman en cuenta es el Fondo General, le añaden $3 millones producto de unas proyecciones de los recaudos del CRIM (Centro de Recaudos Municipales). Pero si esos estimados están incorrectos, inflados, el resultado para los alcaldes será que les van a obligar a poner unos números incorrectos que producirán un resultado incorrecto, por lo que al final del camino van a tener un déficit. Destacó que en estos momentos el CRIM está en una batalla con la Junta porque le quiere imponer unos estimados de recaudos que no tienen ninguna justificación.
Despido de empleados
Hernández- Ortiz estima que lo peor es que, si se acepta la carta de la JCF por buena, de que les da más dinero a los municipios, los alcaldes se verán forzados a aceptar instrucciones de política pública que la Junta no ha podido lograr con el Gobierno central: el despido masivo de empleados. En el caso de Villalba, aunque le dan más dinero para gastar, le piden que haga una reducción de $1 millón en nómina. “En plena pandemia cuando más se necesitan los empleados, la Junta desconoce totalmente cómo funciona el sector laboral gubernamental”, tronó Hernández-Ortiz. Agregó que para poder despedir empleados en esa magnitud tiene que establecer un plan de cesantías para respetarles los derechos constitucionales a cada uno: “Eso no funciona de hoy para hoy, un ajuste de esa magnitud”.
Bono de Navidad
Otro aspecto que rechazan los alcaldes es la prohibición a que se otorgue el bono de Navidad, no importa que los municipios terminen con un superávit. Su aclaración a la Junta es que si los municipios tienen suficiente dinero recaudado para otorgar el bono, para los municipios pequeños ese incentivo viene siendo un aliciente para los empleados y un impacto positivo a la economía local.
Plan médico
La Junta de Control Fiscal también les está solicitando la eliminación del pago del plan médico de sus empleados. En referencia a la Junta, el presidente de la Asociación de Alcaldes se reafirmó en denunciar que “esta gente está totalmente enajenados de la realidad. Si me dices que esto lo vas a implementar en los 78 municipios; pero es solo a 10 municipios a tres meses de una elección”.
Defendió que los alcaldes estén totalmente opuestos a todas esas medidas. En el caso del despido de empleados observó, que sería despedir empleados en áreas de servicio, que en la práctica ya no ofrece el Gobierno central. Reconoció que puede haber alcaldes que no tengan interés en revalidar, a quienes les va a importar poco, pero “a nosotros, los que sí nos importa revalidar, nos importa mucho”.
Privatizaciones
Otra de las medidas recomendadas por la JCF es la “asociación” con el sector privado. En esa línea trajo el ejemplo de que antes en su municipio el recogido de basura estaba privatizado. Su administración asumió otra vez el recogido, lo que le ha resultado un ahorro en el 50% de sus gastos. Antes le costaba casi $1.2 millones al año. Hernández Rivera hizo la observación de que no todos los municipios funcionan de la misma manera, ya sea por cómo están organizados, por compromiso de los empleados, por la geografía, por su población. En el caso del pueblo de Comerío, denunció, se le quitan casi $2 millones de su presupuesto, sin tener ninguna inversión de capital de desarrollo económico a nivel central nada para ayudar a que ese municipio se desarrolle.
Tasaciones del CRIM
La Junta además quiere imponer una actualización a las tasaciones de propiedades, tarea que dijo ya el CRIM y los municipios están trabajando. Añadió que una petición de los municipios es que se les permita tener más fiscalización de su propio CRIM, que les den las herramientas individuales para poder trabajar las áreas de fiscalización, retasación y evaluación de casos que ya se están trabajando.
El costo de la pandemia
Hasta el momento, frente a la Junta, los municipios parecen contar con el respaldo de la administración de la gobernadora. El alcalde confirmó que recientemente hubo una reunión con un representante de la gobernadora y personal del representante del Gobierno ante la Junta, AAFAF (la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), donde se discutió que todos estaban de acuerdo en que no pueden aceptar las medidas que pretende imponer la JCF, ya que estas provocarían una crisis a los municipios en plena pandemia y en la temporada de huracanes. Los alcaldes consideran que no es justa su aplicación porque los municipios están pagando su deuda.
La alternativa que estos plantean es que si la Junta quiere que estén bajo las mismas premisas del Gobierno central tiene que darles entonces un respiro a sus deudas. De su parte, como presidente de la AA, se propone convocar a su matrícula para pedirle un voto de confianza para que todos hablen el mismo idioma, de que nadie acepte las imposiciones de la Junta. La condición que plantean los alcaldes que si la Junta quiere que los municipios estén bajo la misma premisa del Gobierno central tienen que darles entonces un respiro a sus deudas.
A preguntas de CLARIDAD, Hernández afirmó que el costo para los municipios de atender la pandemia ha sido sustancial por la disminución en ingresos por patentes y recaudos del IVU y por el costo que han tenido que asumir en el sistema de rastreo que en su caso implementó su municipio. Aclaró que por fin el Estado ha comenzado a subsidiarlos con los fondos Coronavirus Care Act. Los municipios han tenido que asumir además la desinfección de áreas, la entrega de alimentos, de compras y las campañas de educación.
Según informó Hernández Ortiz, para atender la emergencia, el Gobierno de Puerto Rico les ha otorgado a los 78 municipios solo $100 millones de los $2.2 billones recibidos del Gobierno de Estados Unidos.
