La Junta lo ocupa todo

Por Manuel de J. González

CLARIDAD

Ricardo Rosselló anda de campaña con los pensionados. Sus encuestadores le han dicho que el posible recorte a las pensiones es uno a los asuntos que más preocupa a los boricuas y ha decidido hacer del tema uno de los principales de su ya en marcha campaña de reelección. Aun cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) proyecta reducir las pensiones a partir del presupuesto que comenzaría en junio de 2020, Rosselló ubicó el tema en el centro de su “mensaje de presupuesto” y a partir de ahora ese será su caballito de batalla. 

El mensaje que emitió desde el acto de campaña celebrado en Ponce, (muy mal disfrazado como sesión de la Legislatura), supuestamente para resumir su propuesta de presupuesto, no fue más que un ejercicio de futilidad y Rosselló mejor que nadie lo sabe. Ya la JCF le notificó a la Legislatura el programa de gastos para el próximo año fiscal y, como ocurrió el año pasado, ese es el que regirá. A pesar de esa realidad de todos modos emitió el tradicional mensaje anual, aunque convertido en un alegato contra la JCF.

Mientras los políticos coloniales se entretienen en estos actos de campaña pre eleccionaria, se develaba un documento que dramatiza cómo ha desaparecido todo vestigio del gobierno propio que la mayoría de los puertorriqueños creyó tener a partir de 1952. Me refiero al acuerdo al que llegó la JCF con la American Federation of Teachers (AFT), entidad a la que está afiliada la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). La discusión pública en cuanto a este documento se ha centrado en lo referente al plan de pensiones, pero el acuerdo afecta muchos otros temas que sólo un gobierno debería abordar. Lo que ese documento evidencia es que la JCF ha decidido utilizar al máximo los poderes que le dio el Congreso de Estados Unidos dejando de lado las apariencias de “respeto” al gobierno electo que intentaron proyectar al principio. 

Conscientes de que la JCF ya decretó que a partir de 2020 se recortará progresivamente el ingreso de los pensionados, y que en ese y otros renglones en la actualidad no existe ninguna garantía para los trabajadores que representan, la AFT-AMPR negoció un nuevo convenio colectivo que cubre todos los aspectos que de ordinario atiende un gobierno en funciones. Además de lo referente al plan de pensiones, el documento divulgado especifica las normas a seguirse en caso de que haya despidos en el Departamento de Educación, los servicios médicos que se le ofrecerán a los maestros, la información que ese Departamento debe proveer cada año en relación con sus finanzas y, como puntillazo final, dispone que, en caso de que el que se produzca un excedente en el presupuesto, parte del mismo irá a un fondo para beneficio del magisterio. Ni los días de fiesta que le aplicarán a los maestros quedaron fuera.

Sin que ningún oficial del gobierno electo por los puertorriqueños hubiese participado en su negociación, el acuerdo entre la JCF y la AMT-AMPR establece con claridad que el mismo obliga tanto a la JCF como al “Commonwealth”. En el asunto específico de los retirados se dispone que el “Commonwealth” creará un Fondo de Reserva para Pensiones, pero que no podrá administrarlo. El fondo estará en un fideicomiso (“trust”) bajo el control de entidad independiente que será seleccionada posteriormente mediante requerimiento de propuestas. 

En el documento hecho público, la JFC dejó abierta la puerta para que lo negociado con la AMT-AMPR también esté disponible para otros empleados del sector público, siempre y cuando éstos expresamente acepten los términos contenidos en el acuerdo incluyendo el Plan de Ajuste para las pensiones. Si lo negociado con los representantes legales de la AFT se vuelve final (ahora mismo la matrícula AMPR está votando si lo acepta o no) muy pronto veremos a los otros sindicatos sentándose a negociar con la JCF todo lo relacionado con los salarios, servicios médicos y planes de retiro de sus afiliados. Para esa negociación tendrían el aliciente adicional de que les saldría de gratis. Una de las provisiones del acuerdo divulgado es que la JCF, es decir, el pueblo puertorriqueño, rembolsaría a la AFT-AMPR sus gastos legales y de otro tipo (“professional fees”) que hayan incurrido. Mientras se redactaba este artículo, el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) informó en conferencia de prensa que también ha estado negociando con la JCF y ya existe un “preacuerdo” con la entidad. 

Consciente de que cada vez más su marco de acción se le reduce ya que la Junta decide qué y cómo se gasta –y hasta los días de fiesta que disfrutarán los trabajadores del sector público– Rosselló concentró su discurso en Ponce en un ataque a la JCF. En ese tipo de mensaje, sobre todo cuando está cerca una nueva elección general, el gobernador de turno descarga contra los partidos de oposición, pero en este caso ese papel le fue asignado al organismo federal. No obstante, a parte de la queja y el crujir de dientes no hubo ningún llamado a alguna acción concreta. 

Si algún gobernante electo por los puertorriqueños de verdad convocara a resistir las acciones de la Junta impuesta, seguramente encontraría eco en el pueblo. De hecho, las únicas acciones de resistencia y protesta contra la JCF las han realizado grupos de ciudadanos, mayormente jóvenes, por su cuenta. Ese llamado a la resistencia nunca vendrá de parte de partidos políticos que sólo piensan en allanarse el camino a la gestión pública para manejar desde allí el presupuesto que les determina la Junta. La repartición de contratos y el disfrute de los cada vez más reducidos espacios de poder que deja el coloniaje sigue siendo el norte de esta gente. La actual campaña de Rosselló contra la JCF es tan solo parte de la estrategia electoral hacia la reelección. Mientras él cacarea la Junta actúa.