spot_img

“La Junta no va a poder confirmar el plan ya que requiere de legislación”

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Si de verdad el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la Legislatura se mantienen en su posición de que no darán paso a un plan de ajuste de deuda (PAD) que conlleve una reducción en las pensiones, difícil que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda confirmar el acuerdo pactado con los bonistas.

La JCF anunció este martes 23 de febrero que había llegado a un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bonos para “resolver $35,500 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda”.

De inmediato el gobernador reaccionó en comunicado de prensa en el que declaró que aunque el acuerdo dice es sostenible, advirtió que: “Sin embargo, el Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”.

En tanto en entrevista con este semanario el licenciado Rolando Emmanuelli Giménez, reiteró el que la Junta no va a poder confirmar el plan ya que requiere de legislación. “Ya la Junta sabe que no tiene el aval tanto del Ejecutivo como de la Legislatura sabe que el plan esta natimuerto”.

Explicó que se supone que la aprobación del plan requiere legislación y que lo normal es que el proyecto lo someta el ejecutivo. “Nada impide que vayan cabilderos de la Junta y se reúnan con los legisladores y convencerlos de someter el proyecto por petición eso no es lo usual, ni lo veo pasando, pero quien se supone que someta la legislación es el gobernador porque él es miembro de la Junta ex oficio”. Observó que se supone que también la Autoridad de Asesoría Financiera participa en el proceso. No obstante coincidió con el señalamiento que de seguro el proyecto que enviaría el ejecutivo estaría diseñado por la JCF.

Es decir que para lograr la aprobación del plan habrá un año de forcejeo entre la JCF, el Ejecutivo y el Legislativo ya que la confirmación tiene que darse antes del 15 de diciembre de este año. El licenciado Emmanuelli Giménez, comentó que parece ser que que todo dependerá de la presión que hagan los cabilderos sobre el gobernador y los legisladores, “si es que estos traicionaran a los pensionados y aprueban el plan.

Sobre el proceso de aprobación en el tribunal el experto en la Ley Promesa trajo a la atención que en este acuerdo solo hay un 12% de los acreedores. Aunque no hace falta un por ciento en especifico por parte de estos para su aprobación al menos debe tener el voto afirmativo de una de las clases de acreedores, pueden haber 30 clases y con eso la jueza podría aprobar un plan pero tendrían que darse todas las demás condiciones como lo es que se apruebe la ley habilitadora.

Así que es un proceso que mientras mas apoyo tenga mas probabilidades hay de que se pueda confirmar pero no es a base de un por ciento de los acreedores, pero si el gobierno no está de acuerdo y no legisla no llega a ningún lado el acuerdo”.

En esa línea el licenciado Emmanuelli Giménez, rebatió la impresión que ha pretendido dar la JCF de que es imprescindible la aprobación del plan presentado. El hecho es que este es el tercer plan de ajuste que presenta la JCF, los acreedores ya han rechazado dos anteriores. Trajo el ejemplo de que en la ciudad de Detriot se sometieron hasta ocho planes antes de llegar a una negociación final “por lo que la Junta esta empezando, prácticamente las expectativas de que esto se resuelve con este plan no son determinantes podría darse la necesidad y como yo lo veo se va a tener la necesidad de volver a negociar y restituir las pensiones porque si no la Legislatura no va aprobar la ley”, dijo convencido.

La necesidad de que el PAD se apruebe mediante una ley responde a que este conlleva la creación de una nueva corporación pública que es la que va a recoger los bonos que están en circulación y emitir nuevos bonos sujetos a las negociaciones y pagara a los bonistas. Esta es una petición de los acreedores con la pretensión de que el gobierno no tenga ninguna injerencia e influencia sobre el dinero a pagarles. Se presume que la corporación tendría los años de vida que tenga el PAD.

El licenciado Emmanuelli Giménez, confirmó a preguntas de CLARIDAD que en efecto se ha notado un cambio de actitud por parte de la jueza Laura Taylor Swain, en el caso de que parece estar cansada, lo que se aprecia en que todos los reclamos que se han hecho para impugnar las acciones de la Junta han sido rechazados y por el contrario la Juez le ha dado todo lo que la Junta pide.

No obstante una vez mas subrayó el que “el acuerdo tiene una cláusula resolutoria que si no se confirma el plan antes del 15 de diciembre se deja sin efecto y eso es a mi juicio muy difícil de cumplir porque va haber mucha oposición al plan, mucho descubrimiento de prueba y tiene que haber unas etapas previas, no es tan fácil”. Se refiere a que todavía la Junta tiene que negociar con el grueso de los acreedores.

spot_imgspot_img
spot_img

Related Articles

Traducir»