La Junta quiere vender WIPR

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Junta de Control Fiscal (JCF) ha escogido mayo, el mes de la radio, para ultimar Las  Emisoras del Pueblo de Puerto Rico, WIPR. Ese era el nombre original antes de separarla del Departamento de Educación y convertirla en la Corporación para la Difusión Pública, que consiste de sus radioemisoras AM y FM y los canales de televisión 6 y 3.

Como si se tratara de una simple vieja consola de radio, la JCF le ha dado al Gobierno hasta este 15 de mayo para privatizar otro de los haberes que ha pagado y sostenido por más de 50 años con su dinero el pueblo de Puerto Rico y que con sus luces y sus sombras le ha servido bien al país. ¿O sería posible que sin WIPR en este momento se estuviesen transmitiendo las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre el fraude en el Departamento de Salud o que se hubiesen podido difundir las históricas vistas del Senado, allá para los 80, sobre los asesinatos en el Cerro Maravilla? No, la televisión comercial no es para educar u orientar al pueblo ni para promover y preservar su cultura.  La televisión comercial es para ganar dinero con contenidos insulsos.

Mientras la Junta de Control presiona, el gobierno del Partido Nuevo Progresista, los presidentes de Cámara y Senado y la gobernadora parecen por el momento ignorar la orden de presentar legislación para la privatización.  Por su parte, la JCF le ha ordenado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que no desembolse los $2.2 millones a la Corporación, que le permitirían mantenerse operando.

De acuerdo con Gerson L. Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), la cual agrupa a los trabajadores de WIPR, estos “no tienen la menor duda” de que la decisión de la gobernadora será conservar en manos del pueblo la Corporación.

“La gobernadora, Lcda. Wanda Vázquez Garced, ha señalado públicamente su determinación de mantener la corporación pública operando como hasta el presente. En este momento también cuenta con el respaldo de los presidentes de Cámara y Senado, quienes se han expresado en el sentido de que no van a promover ni aprobar, legislación alguna para consentir la privatización”, expresó Guzmán López, en declaraciones circuladas el día 3 de mayo.

Gonzalo Cobo Londoño, delegado del área de producción, cuestionó a su vez las motivaciones que pudiera tener la Junta para tratar de imponer lo que considera una decisión arbitraria. “Cuando se examina a profundidad el costo de sostener las operaciones de esta corporación, en el contexto de los servicios que presta al pueblo puertorriqueño y su alto potencial para convertirse en una corporación autosuficiente, y a la vez se toma en consideración el poco impacto que pudiera tener la venta de este activo en la capacidad para aumentar los recursos para pagar la odiosa deuda pública, no hay forma de encontrarle una explicación coherente al empeño de la Junta de Control Fiscal”.

Felícita Sánchez Sierra, delegada general en WIPR, destacó el alto potencial que tiene en este momento la emisora: “Estamos en el umbral de lo que debe resultar en una transformación total del quehacer económico y social de nuestro pueblo, a partir de la conclusión de la amenaza de la pandemia del coronavirus.  La realidad puertorriqueña, no tenemos la menor duda, será radicalmente diferente a cuanto hemos vivido hasta el presente. Consideramos que salir de WIPR, constituiría un serio error estratégico que el país lamentaría”.

Según la UGT, los empleados de WIPR consideran que para garantizar la continuidad operacional de la emisora la alternativa no puede ser su entrega a una entidad sin fines de lucro y mucho menos su venta, ya que mediante cualquiera de estas transacciones se perdería el control que hoy tiene el Gobierno sobre las emisoras y, con ello, su potencial de desarrollo y servicio directo al país.

La UGT atribuyó al director ejecutivo de la Corporación, Eric Delgado, ser la persona que hasta el presente más ha impulsado la alternativa de la “sin fin de lucro”. Se cree que este  también aspira a dirigirla.

A Frank Berríos Morales, delegado general alterno y camarógrafo de la televisora, le preocupa esta privatización: “No tan solo se estaría transfiriendo por una suma nominal este valioso activo, sino que podría presentarse la posibilidad de tener que subsidiar la misma, tal y como ocurre con tantas otras organizaciones sin fines de lucro”.

Ante estas pretensiones el presidente de la UGT añadió que la gobernadora debe procurar “ajustes” a las acciones del presidente de la Corporación, quien contrario a la intención y voluntad de ella, camina en dirección contraria, fomentando que se legisle para la creación de la “sin fin de lucro”. “El señor Eric Delgado debe asumir la nueva política que promulga la gobernadora y caminar en la misma dirección”, exigió.

“Urgimos a la honorable gobernadora de Puerto Rico a que ponga acción en sus palabras. Su determinación puede brindar paz y sosiego a cerca de 300 ciudadanos (empleados y familias inmediatas) que en este momento están afectadas emocionalmente ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus empleos. La mera idea de que esta fuerza trabajadora pudiera también terminar en las filas del desempleo mantiene en un estado emocional crítico a estas familias. Señora gobernadora, confiamos en su determinación afirmativa”, sentenció Guzmán López.

Dos organizaciones sindicales también expresaron su rechazo a la privatización. En comunicado de prensa el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), denunció que al igual que tantas otras agencias públicas, la Corporación Puertorriqueña para la Difusión Pública fue seriamente lastimada por el partidismo y la politiquería de las administraciones que se han turnado en el poder. A eso se sumaron los recortes de presupuesto y medidas de austeridad que la han desmerecido, convirtiéndola en presa fácil de los planes de privatización. “WIPR cuenta con los recursos técnicos y humanos para volver a ser una referencia de la televisión y la radio pública; pero tienen que dejar de amenazarle, deben asegurarle recursos y reconstituir su misión cultural y educativa”, afirmó Karen de León, vicepresidenta del sindicato.

La otra organización que se expresó al respecto fue la Federación de Maestros (FMPR). Esta, junto a cerca de una decena de uniones, ha reclamado que se apruebe la Resolución de la Cámara 646, para que se ordene al DE y a la Corporación a que realicen, de manera conjunta e inmediata, un acuerdo colaborativo para ofrecer cursos a distancia para todos los estudiantes del sistema pública a través de WIPR durante la actual emergencia del COVID-19.

«Las emisoras radiales y televisivas son un activo importante del pueblo y no deben entregarse a la empresa privada. Son un medio de producción cultural y educativa que, aun manejadas negligentemente por el Gobierno de Puerto Rico, tienen gran valor para nuestra sociedad», aseguró Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

La Federación repudia el que la JCF se quiera aprovechar la situación de emergencia que vive el país para empujar un proceso que saben tiene la oposición de diversos sectores. “Es lo que se conoce como el capitalismo del desastre, donde entes gubernamentales y empresas buitres ven en el sufrimiento de la población la oportunidad para apropiarse de sus recursos», censuró Martínez Padilla.

El doctor Rafael Gracia Machuca, veterano profesor de Comunicaciones y uno de los gestores de Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU),  reaccionó: “Estoy seguro de que en Ucrania tiene que haber un canal del Estado, en toda Europa los Estados tienen sus estaciones de televisión y radio públicas que funcionan para promover la cultura. En donde único la cultura sobrevive como puede es en Estados Unidos”.

Gracia Machuca considera que la Junta de Control Fiscal  está llevando adelante parte de la agenda neoliberal que el PNP empezó cuando privatizó los hospitales y que continuó el PPD con otras privatizaciones. El profesor de comunicaciones duda  de la posibilidad de que WIPR pueda sostenerse como unas emisoras privadas, con o sin fines de lucro. Señaló que en Estados Unidos, a la National Public Radio (NPR) y Public Broadcasting Service (PBS), “los republicanos las tienen con una pistola en la nuca”, y son las comunidades las que aportan el dinero. En Puerto Rico, el canal del Sistema Universitario Ana G. Méndez está en precario, advirtió.

 

 

 

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