Por Cándida Cotto / CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
La acción del gobierno de Wanda Vázquez Garced de presentar ante la jueza Laura Taylor Swain su oposición al plan de ajuste de deuda de los bonos de obligación general (GBO) alcanzado por la Junta de Control Fiscal (JCF) es positiva en la medida en que obligará a la juez Laura Taylor Swain a resolver la controversia jurídica de si en efecto se requiere legislación previa que apruebe el acuerdo.
A juicio del experto en derecho constitucional, profesor Carlos Ramos, si bien es correcto que bajo la Ley Promesa al deudor lo representa la JCF en los procesos de restructuración esto es una de las perversidades que tiene la ley. Se sabe que el propósito fundamental de Promesa y la creación de la Junta es que se alcance un presupuesto balanceado según lo entienda la Junta para que pueda regresar a los mercados de bonos, “a los mismos que ahora tienen esa deuda comprada y recomprada”.
En ese sentido, casi por definición, el Congreso de Estados Unidos lo que hizo con Promesa fue equiparar los intereses de los acreedores a los intereses del gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Nuestro portavoz, en efecto, es la Junta de Control Fiscal.
Destacó que cada vez que ha habido una vista ante la jueza, en más de una ocasión ha salido la aparente contradicción entre Puerto Rico, representado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), y la Junta.
“Con sus altas y sus bajas, las contradicciones han salido con mayor o menor intensidad. Aunque no creo en la sinceridad institucional gubernamental, hay mucho de político en una gobernadora que quiere la reelección. Pero me parece saludable que además de decir, como se ha dicho en las últimas semanas, que está en desacuerdo con el plan de restructuración que se objeta, si logra el efecto de que florezca la contradicción entre los intereses del gobierno, el pueblo de Puerto Rico y la Junta que dice representarnos, es positivo en la medida que la jueza tiene que resolver e interpretar cuál es la respuesta que Promesa da a esto”.
Añadió que si en efecto, tal y como reclama el Gobierno, para emitir deuda nueva hay que tener la aprobación de la Legislatura (que es una de las lecturas que se hace de Promesa versus algunas disposiciones de Promesa que la Junta entiende) si lo ordena la jueza, puede ir por encima de la Legislatura. Esta es una controversia jurídica que se va a tener que resolver.
De lo que no hay duda es que si es verdad el argumento del Gobierno de que debe haber una sintonía fundamental entre Gobierno, Ejecutivo, Legislatura y Junta para fines de restructuración, de modo que no sea algo problemático, es importante que por fin se le haya traído a la consideración a la juez.
Tras la acción del Gobierno, el profesor Ramos describió que se está ante la expectativa de lo que decidirá la juez Taylor. Comentó que cuando empezó el proceso de quiebra le pareció esta tenía una mente abierta, equilibrada, empática, “pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esa sensibilidad que mostraba en sus expresiones verbales, por ser una jueza de una minoría racial que conoce la ley de quiebras, ha cambiado con el tiempo. Lo que sucede es que tal y como es, la ley de quiebra en Estados Unidos está dirigida a proteger al acreedor, no al deudor. Y a la larga y a la postre, eso es lo que ella está haciendo, tirando la balanza a favor de los acreedores”.
En entrevista por separado, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante de la UTIER, expresó sobre la presentación de la oposición formal del Gobierno:“Ya era tiempo, porque en realidad lo único que había hecho la gobernadora era señalar verbalmente; pero no en el foro correcto”.
El licenciado Emmanuelli Jiménez fue enfático al plantear la necesidad de que el Gobierno, mediante AAFAC, compareciera y notificara a la jueza que sin su aval el plan es un natimuerto.
“El plan tiene los mismos problemas que tenía el anterior, y tiene otros peores, porque aunque la Junta está tratando de venderlo como que representa un ahorro sustantivo en el nivel de deuda que se va a pagar, no es posible recoger los $1,100 millones al año. Los economistas que han mirado el acuerdo de cerca dicen que Puerto Rico no tiene esa capacidad. Así que la oposición era necesaria y el hecho de que se le presente a la jueza le envía el mensaje a la Junta de que tiene que regresar a la mesa de negociación para restructurar ese acuerdo”.
Otro ángulo que trajo a la atención es que el acuerdo no tiene suficiente apoyo todavía, aun cuando tiene más que el anterior —pero no el suficiente— y deja $16 mil millones fuera del plan. Esta cantidad de deuda se va a litigar y el resultado de ese pleito no se sabe todavía.
El experto en ley de quiebra censuró que lo peor de este acuerdo es que convierte deuda, que estaba solo garantizada por la constitución de Puerto Rico, en una asegurada, que es una categoría superior, garantizada con parte de los recaudos del IVU y la emisión de nuevos bonos.
“Si lo vemos en el contexto de que Puerto Rico está abocado bajo esas condiciones a una nueva quiebra, esa segunda quiebra, esos bonos, no se pueden modificar. Obligaría a que se hicieran otros grandes ajustes en el área de los servicios esenciales y las pensiones”, denunció.
El licenciado Emmanuelli Jiménez reiteró que el acuerdo alcanzado por la JCF le parecía un mal negocio y que es buena noticia el que la gobernadora se oponga de manera formal. Es mejor que ahora la Junta, en vez de involucrar al país en una litigación en que es difícil prevalecer y que ocasiona erogaciones de los fondos públicos multimillonarias, vuelva a negociar y traiga un acuerdo que sea aceptable al Gobierno.
Trajo a la atención que además del Gobierno, al acuerdo se va a oponer el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA), al que la JCF solo le está asignando 1.28 centavos por cada dólar. Esto también va a crear un golpe a la economía, pues quienes único mejoran con el presente acuerdo son los bonistas. El gobierno tiene la última palabra por ser quien tiene la capacidad de legislar que el plan se apruebe. Es necesario legislación en torno a Retiro y la corporación que vaya a emitir los nuevos bonos.
El licenciado Emmanuelli Jiménez se expresó firme en que la JCF no tiene el poder de ignorar la legislación y que aunque esta anda haciendo alarde de que le va a pedir a la jueza que disponga del acuerdo, en la sección 314 de la ley Promesa dice que hay que aprobar las leyes. En otras secciones dice que los poderes que no se le hayan delegado a la Junta los conserva el gobierno. “El resultado neto de esto es que la gobernadora trancó el dominó; el juego y la Junta tiene que volver a la mesa de los negociaciones”.
