La lucha por una universidad democrática

 

CLARIDAD

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En un segundo intento luego de dos años y medio de trabajo, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) logró que se presentara un proyecto en el Senado, el PS 172, dirigido a elaborar una nueva ley universitaria. La medida que fue radicada por petición el pasado 4 de febrero tuvo el apoyo de senadores y senadoras de tres partidos políticos y de un senador independiente.

La profesora Lida Orta, representante docente del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, narró a CLARIDAD que en la pasada Legislatura se llegó a presentar el proyecto PS 1536 cuando la senadora Migdalia Padilla presidía la Comisión de Educación. No obstante, el proyecto no pasó de la Comisión.

En un segundo intento con la nueva Legislatura, los miembros de la Comisión volvieron a tocar las puertas de todos los senadores y les presentaron un resumen del proyecto, el cual fue referido a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Ada García Montes. En esta ocasión, ninguno de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyó el proyecto ni acudió a la exposición que hicieron los docentes.

En cambio, los senadores del PNP sostuvieron una reunión con el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, y los rectores de los 11 recintos, quienes han levantado argumentos en contra del proyecto aduciendo que este afectaría la acreditación de la UPR por la Middle States Asociation (MSA). Incluso, el presidente ha llegado a declarar que el proyecto era un monstruo que iba a explotar la Universidad.

La profesora Orta cuestionó el porqué de que en esta ocasión los senadores del PNP se reunieran solo con el presidente y los rectores cuando antes se les dio la oportunidad de tener una reunión para explicarle la medida, como al resto de los senadores.

“La gente dice que de qué estamos hablando. Pues estamos hablando precisamente de eso, de que aquí hay gente que se trae de paracaídas. El presidente, que trabajaba en la misma universidad en que Rosselló padre, llegó luego de haber vivido fuera de Puerto Rico, y asumió un puesto de catedrático adjunto. Los que conocemos el mundo académico sabemos que ese puesto es de una persona que va hacer unas tareas específicas, pero no tiene unas raíces con la organización”, manifestó.

Aunque la Junta de Gobierno de la UPR no ha emitido un documento oficial, se sabe que está en contra del proyecto, dado a la típica posición de no querer perder poder, dijo. La profesora Orta destacó que la comunidad universitaria lleva decenas de años tratando de implementar una reforma universitaria que siempre ha estado amordazada e ignorada por distintos grupos, y en esta ocasión, con la acción del presidente y los rectores, “estamos viendo nuevamente intentos de boicotearla. Se ha hecho un análisis de todos los elementos que se han mantenido consistentes para boicotearla y eso siempre ha sido el enfoque político partidista”.

En este proceso la Comisión le hizo una presentación a la Junta de Gobierno (JG) en pleno cuando estaba todavía Zoraida Buxó, vicepresidenta, y el presidente Walter Alomar y se hicieron foros en todos los recintos. Durante este proceso la administración no mostró interés en participar.

En entrevista por separado, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, quien fue uno de los firmantes de la medida, resaltó que el PS 172 de Reforma Universitaria tiene la particularidad de que es uno redactado por un comité multisectorial de la Universidad, lo que lo hace más importante porque no es uno con la visión de los legisladores, sino de la misma comunidad universitaria.

El senador, quien es profesor de la UPR en Rio Piedras, expresó que como profesor cree que el proyecto recoge las aspiraciones de muchas décadas: “Yo voy para 32 años en la UPR, y la idea de una reforma universitaria, de crear una nueva ley universitaria, es una idea que ya existía cuando llegué a la universidad en el 1989. Estamos luchando por una reforma hace tres décadas para que haya una Universidad más democrática más participativa y con seguridad financiera”.

Al igual que la profesora Orta, el senador rechazó que sean correctas las objeciones levantadas por el presidente Haddock y los rectores. Sobre la primera objeción de que el proyecto pone en peligro la acreditación de la MSA, aclaró que la reforma en ningún momento viola ninguno de los estándares de evaluación de la entidad.

“El presidente y los rectores lo que han dicho es que la MSA plantea que el cuerpo directivo de la UPR, el cuerpo de gobierno, tiene que estar compuesto por personas externas a la universidad. La fórmula que existe ahora, con la cual la MSA no tiene problema, es que una parte de la Junta, la mayoría, es nombrada por el gobernador y la minoría es nombrada por la comunidad universitaria. En la reforma que nosotros proponemos eso se mantiene: la mayoría es nombrada por el gobernador y una minoría es nombrada por la comunidad universitaria. Lo que cambia en la reforma es que los que nombra el gobernador los escoge de un conjunto de candidatos que le presenta la comunidad. Es decir, se trata de reducir los nombramientos con criterios político partidistas que siempre han existido en el pasado y que tanto daño le han hecho a la universidad”.Bernabe indicó que, de hecho, uno de los problemas que plantea la MSA es que ese control político partidista le hace daño a la UPR. “Así que lejos de violar los estándares de la Middle States, la reforma que proponemos pretende atender algunos de los problemas que esta plantea”.

La segunda objeción es que supuestamente viola algunas de las reglas de la Oficina del Contralor (OC) que establece cuáles son los deberes y las funciones de las juntas directivas de las agencias y de corporaciones públicas. Al respecto, expuso que si se examina el documento de la OC y se compara con el proyecto, se ve que no hay ninguna contradicción. El documento de la OC dice que las funciones y deberes en las juntas de gobierno de los cuerpos directivos de agencias y corporaciones públicas lo establecen las leyes orgánicas que crean esas agencias.

En este caso, el proyecto de la ley orgánica de la Universidad establecerá los deberes de la Junta de Gobierno. Reiteró que a la MSA no le preocupa si la JG tiene tales o aquellos poderes o cómo se distribuyen, sino que lo que le preocupa y de lo que se asegura es que lo que haga el organismo sea lo que el reglamento dice se supone que haga.

La tercera objeción, según Haddock, es que la reforma va a crear una “universidad caótica ingobernable” porque se le reducen los poderes a la JG. El senador aclaró que, aunque la JG seguiría siendo el cuerpo rector máximo, se le reducen unas funciones que se trasladan a otros cuerpos; por ejemplo, a un organismo que se llamaría la Junta universitaria, un organismo con más amplia representación que estaría tomando decisiones, como elegir decanos y rectores. La intención es que las facultades de los recintos tengan participación en esos procesos.

A las expresiones de que los cambios propuestos crearían un caos, el profesor Bernabe reaccionó: “No estamos partiendo de cero. Existen los senados académicos en todos los recintos y ahí están los representantes de las facultades que toman decisiones, esto ya se hace. Lo que pasa es que estos cuerpos tienen unos poderes muy limitados. Pueden reunirse, debaten, aprueban resoluciones; pero en muchos casos, las autoridades universitarias de más arriba no les hacen caso. Lo que queremos es evitar eso y darle más fuerza a esos organismos”. También señaló que existen los consejos de estudiantes y que los trabajadores están organizados en sindicatos. “Si hay un sitio donde la gente tiene la experiencia, tradición de debates asambleas, es la Universidad. Si alguna institución está preparada para funcionar más democráticamente es la UPR. Lo que habrá será una universidad más democrática”, reclamó.

El senador Bernabe dio a conocer que en la reunión que la delegación legislativa del MVC sostuvo hace unos días con el gobernador, Pedro Pierluisi, uno de los temas que le plantearon fue la importancia del proyecto de la reforma universitaria. Las expresiones de parte del gobernador fueron de preocupación por que el proyecto ponga en peligro la acreditación. “Parece que había leído los periódicos”, comentó Bernabe. El senador le explicó sobre la medida y lo invitó a que estudie bien los estándares de la MSA. Aunque el gobernador no se comprometió con el proyecto de la Nueva Ley Universitaria, sí está dispuesto a considerarlo. “Esperamos que ese mensaje le llegue”, concluyó.

 

 

 

 

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