CLARIDAD
Si algo han demostrado las ejecutorias del Departamento de Justicia (DJ) y de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) es que nuestra sociedad requiere instituciones no gubernamentales fortalecidas para fiscalizar a los gobernantes porque en estos momentos son las únicas en las que el pueblo va a poder confiar.
Acciones tales como la decisión de OPFEI de no radicar cargos a los implicados en el chat que provocó la expulsión del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y atribuir los resultados de su investigación a errores del DJ; la reciente decisión de Justicia de no radicar cargos a los funcionarios públicos y personas privadas por el intento de fraude en la compra de pruebas para el coronavirus; no haber encontrado razón para investigar a la exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher; el caos actual en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y hasta decisiones del mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) evidencian una crisis de gobernanza.
Para el profesor de Derecho Constitucional, doctor Carlos Ramos González, a esa es la conclusión que se llega a la luz de los hechos citados. Expuso que si, según el OPFEI, Justicia no hizo su trabajo por las razones que sea, el pueblo se entera de las verdades porque uno y otro se encargan de identificar sus deficiencias. Uno de los dos tiene razón y, por lo tanto, la conclusión es que es una investigación sumamente deficiente desde su origen, en donde hay unas sospechas muy altas de por qué fue deficiente.
“Hay razones para especular que no se debió a negligencia o incapacidad. Pueden haber entrado unas protecciones escondidas cuando el secretario de justicia del gobernador despedido estuvo a cargo de supervisar esas investigaciones”, expresó. Se refiere a que la investigación del DJ se hizo bajo la secretaría de la ahora gobernadora, Wanda Vázquez Garced.
No obstante, reparó en que hay también unas realidades que se deben aclarar, y es que en los delitos que utilizan como instrumento o como arma medios tecnológicos —como en este caso del chat— se pone de manifiesto también una incapacidad del Estado de tener sus aparatos investigativos al día en cuanto a delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías.
Añadió que si bien las nuevas tecnologías y los instrumentos para investigar los delitos por medios tecnológicos de comunicación se prestan para unos abusos tremendos y para perseguir, en este caso no hay duda de que en su origen la investigación adoleció de deficiencias. No buscaron las herramientas adecuadas para suplir esas deficiencias, y a cómo se intentó incautar y registrar los teléfonos o los lugares donde estaba el chat reflejado.
“Yo, desde un principio, tenía unas dudas desde el punto de vista del delito a radicar. El chat tenía que tener todos los elementos para probar el caso más allá de duda razonable. Quizás las manchas de su propia falta de interés o actitud iban a ser la excusa para argumentar desde el derecho penal. Así que no me extraña”.
Ramos recordó que el chat se publicó incompleto y reconoció que se fue gracias a un periodismo investigativo que se hizo, a sabiendas de que estaba incompleto. De no haberse publicado, el pueblo no se hubiese enterado.
Por otra parte, observó que desde que comenzó la discusión pública de si se podía residenciar al gobernador o no, su postura siempre fue que para el proceso de residenciamiento, que no es un proceso criminal, no se tenían que configurar todos los elementos de un delito. Tampoco se requería la del delito. Para el residenciamiento ni siquiera tiene que configurarse el delito, ya que es un proceso político.
Considera que las decisiones de Justicia y del Fiscal Especial chocan con la impresión pública y minan la confianza, que se sigue perdiendo, en las instituciones del gobierno, sobre todo las llamadas a investigar. “Eso es malo para el país, es decir, la podredumbre del aparato gubernamental, como lo es en un sentido toda la gobernanza territorial. Es dramático lo que está pasando en muy poco tiempo”.
La realidad del País y las formas jurídicas
Para el profesor Ramos González lo que es esperanzador es que lo ocurrido en el verano del 19, demostró que los que habitamos en el País poco a poco vamos cobrando conciencia de que las leyes, la Constitución y todas las formas jurídicas no necesariamente reflejan la realidad y que las formas jurídicas pueden ocultar muchas verdades.
Puso de ejemplo el que aun cuando es posible que en el chat no estén por completo las formas de delito para poder encauzar a estos funcionarios, por suerte el País entiende que esos funcionarios cometieron una de las afrentas más grandes que pueden cometer unos gobernantes contra su gente, que es el menosprecio, y la falta de respeto a la dignidad de las personas.
“Eso que estaba tan presente, sin duda, en su trabajo de gobernanza diaria y que no nos hubiéramos enterado si no se revela el chat, el País, no las formas jurídicas, pasó juicio en ese verano con una deliberación intensa y rápida por la naturaleza de esas acciones que sin duda los habitantes de este País las consideramos delictuosas, aunque el derecho formal no lo viese como tal”, manifestó.
Recalcó que pese a que las formas jurídicas no tipificaron sus acciones como delito frente al País, estos funcionarios cometieron delitos y, por suerte, al revelarse el chat se pudo adjudicar e imponer una pena, que fue el despido del gobernador y la pérdida de sus trabajos para los otros.
El profesor de Derecho Constitucional destacó que lo que está planteado aquí, al igual que en otros países, es que Puerto Rico tiene ante sí el problema de cómo el gobierno se investiga así mismo, sobre todo cuando los objetos de investigación son sus encargados. Si bien en el Código Penal hay el delito de negligencia inexcusable en el cumplimiento del deber, entramos en lo que es la formalidad del derecho versus a que no siempre reflejan las verdades.
Este se cuestiona cómo se investiga y da seguimiento a este caso en el Departamento de Justicia cuando es precisamente Justicia el que tiene toda la información en su poder y cuando sus ejecutores son quienes están en el poder. En este caso en particular, la tecnología va más al frente que el Derecho; es decir, que las actuaciones de los funcionarios fueron realizadas a través de un chat y desde un punto de vista formal del derecho probatorio, que tiene unas reglas de juego de cuál es la evidencia admisible, el caso tenía unos problemas serios en términos de poder probar los hechos. Cuando se quiere presentar una prueba con un documento, hay que presentarlo completo. En este caso no se pudo.
Ante desarrollo de los eventos, Ramos González concluyó: “A los políticos hay que velarlos en todos los ámbitos. Y hay que fortalecer las instituciones no gubernamentales, sobre todo en estos tiempos, porque son en las que únicamente en estos momentos vamos a poder confiar para fiscalizar a esos gobernantes. Ese es el mensaje al final”.
