La otorgación de plazas en la UPR: ejercicio de contraste

Especial para En Rojo

Como muchas personas, regresé a Puerto Rico luego de terminar un doctorado (en mi caso, de la Universidad de Chicago) para encontrarme ante una Universidad de Puerto Rico (UPR) que no podía comprometerse con abrir plazas. Aquellas personas que regresaban, de desear continuar en el sistema universitario, debieran entrar en una situación laboral altamente precaria.

La situación laboral de los docentes sin plaza – como conocemos a aquellas personas que imparten cursos en la universidad pero que no cuentan con una plaza, un nombramiento permanente – se caracteriza por la inestabilidad y la precariedad. La mayoría cuenta con contratos de 4 meses y algunos días (lo que constituya el semestre). Esto que significa que, aunque enseñen en ambos semestres del año académico, permanecen sin empleo y sin salario casi cuatro meses al año. No es inusual que tengan que solicitar al desempleo durante este tiempo muerto moderno.

La mayoría, también, cobra por debajo del nivel de pobreza, pues se le niegan contratos a tiempo completo, lo que equivaldría a enseñar cuatro clases en un semestre. Muchas veces, los docentes sin plaza terminan con varios “contratos a tiempo parcial”, uno por cada recinto en el que trabajan. Según el Reglamento de la UPR, esto debiera significar que, por ser nombramientos dentro del sistema de la UPR, se les concederá un contrato a tiempo completo, y pagársele como tal. La administración universitaria, sin embargo, solo sigue los reglamentos cuando le conviene, o cuando nos perjudica. No es poco común encontrar a docentes sin plaza enseñar varias jornadas a tiempo completo, pagadas como si fueran a tiempo parcial.

Si a un profesor con plaza (en el rango más bajo) se le paga $62,256 por enseñar ocho clases al año, a un docente sin plaza a tiempo parcial, aunque enseñe también ocho clases al año, se le pagaría $16,160. A esto se le suma que los docentes sin plaza no cuentan con plan médico ni con retiro.

A aquellas personas “afortunadas” en contar con un contrato a tiempo completo se les quita el plan médico durante el tiempo muerto – nuevamente, casi cuatro meses al año –, además de que tampoco participan del Sistema de Retiro. La sobrecarga no parece extinguirse cuando una persona logra un contrato a tiempo completo, pues muchas veces se les exige enseñar 5 o 6 clases por semestre a cambio de recibir el contrato.

A Jorge Haddock, actual Presidente de la UPR, se le trajo de afuera. Llegó, como yo, luego de estudiar y trabajar en universidades en el exterior, pero en condiciones muy distintas. Haddock, a pesar de que contaba con plaza y cotizaba para una pensión de la Universidad de Massachussets, devenga un salario de $240,000 como Presidente de la UPR, lo suficiente para abrir tres plazas inmediatamente. Certificaciones anteriores fijaban el tope salarial de un presidente en $105,000, pero la Junta de Gobierno nombrada por Ricardo Rosselló, cónsono con la política pública, desatiende topes salariales para administradores mientras impone el mínimo en estándares de vida para los empleados regulares.

Recientemente, la Junta de Gobierno ha “cumplido” con su “promesa contractual” y le ha otorgado una plaza a Haddock. Esto se hizo sin que se convocara públicamente la plaza, como indican los reglamentos, sin que se creara un Comité de Personal, sin que fuera evaluado por pares. La Junta de Gobierno, además, según el reglamento universitario, no tiene el derecho para hacer nombramientos administrativos. Los reglamentos se siguen, como dije, solo cuando conviene.

¿Habrá una necesidad de abrir una plaza en la materia que trabaja Haddock? Difícil saberlo, pues ni hay certeza sobre dónde exactamente abrieron esa plaza. Solo se sabe que fue en el Recinto de Mayagüez. Según el comunicado de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, en ninguno de los dos posibles departamentos donde se podría ubicar a Haddock por su formación se justifica tal necesidad, y mucho menos tal imposición.

La razón que da la administración universitaria para no abrir plazas es la reducción presupuestaria. Se pasó de la política de congelar plazas a la política de eliminar plazas. Este, por supuesto, no es un problema que afecta únicamente a los docentes. La reducción de plazas ha conllevado el aumento en el cupo de estudiantes por curso, necesario para compensar la reducción en el número de profesores en la medida en que se retiran. Con el paso del tiempo, también implica la reducción en el número total de secciones.

En la medida en que cada día que pasa un número mayor de secciones está en manos de docentes sin plaza, significa también que el cuerpo docente que imparte clases, por sobrecarga laboral y por no formar parte permanente del sistema, no tiene las mismas oportunidades para hacer investigación académica como los docentes con plaza, y no tiene una verdadera la libertad de cátedra por medio a represalias. Para el estudiantado, la política de cerrar plazas significa menos oferta académica, menos atención individualizada y especializada y la limitación del espacio de discusión por la falta de la libertad de cátedra. Y todo esto ocurre mientras los administradores, desde sus fantasías neoliberales, hablan de convertir el sistema de UPR (en particular algunos de sus recintos) en uno enfocado en la investigación y la educación graduada.

La razón que se da para toda esta situación es presupuestaria, pero esa razón solo se utiliza cuando se desean abrir plazas según los procesos reglamentarios y mejorar las condiciones laborales y académicas del cuerpo docente. El problema presupuestario no resulta un obstáculo a la hora de crear puestos de confianza en Administración Central. El Sistema de la UPR cuenta con once recintos a lo largo de la isla y tiene profesionales en todas las materias. Para estas posiciones, sin embargo, parece que el talento interno no basta; habrá que buscarlo de afuera y asignar más dinero…

Por ahora, quien tuvo la oportunidad de adquirir una plaza ha sido Jorge Haddock. Recordarán que a Ricardo Rosselló también se le creó una plaza en Ciencias Médicas, antes de ser gobernador. Antes de eso, recordarán también la controversia sobre las becas presidenciales… Este panorama descrito es el contraste que existe en la otorgación de plazas en la UPR.

Hay que dejar claro que la crisis económica no es la explicación mágica que define la lamentable situación del sistema de enseñanza superior de Puerto Rico. La comunidad universitaria, de preguntársele, señalaría, casi por consenso, dos raíces.

La primera raíz es la violación de la asignación presupuestaria por parte del gobierno hacia la UPR. Cuando se redactó la Ley Universitaria, el gobierno de entonces entendía que era necesario asegurarle ciertos ingresos a la UPR, por la importancia que tiene el sistema público de enseñanza superior para el país. Esto lo hizo fijando su asignación presupuestaria en el 9.6% de los fondos que se recaudaran para el Fondo General del gobierno de Puerto Rico. Esto para nada implica un privilegio para la UPR: si los fondos del Fondo General se reducen, igual se reduciría, proporcionalmente, la asignación presupuestaria. Sin embargo, desde el gobierno de Alejandro García Padilla, pasando por el de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, la asignación se ha dado, arbitrariamente, muy por debajo de lo que correspondería a la fórmula, lo que conlleva ya la pérdida acumulada de más de 500 millones de dólares para el sistema universitario.

La segunda raíz de esta situación es la intervención política en las estructuras de gobernanza. La Junta de Gobierno de la UPR está compuesta en su mayoría por personas asignadas a dedo por el gobierno, sin vínculos reales con la comunidad universitaria. Responden más al gobierno en turno que a la enseñanza superior y pública. Por eso, la Junta de Gobierno se ha negado a defender la UPR ante los recortes presupuestarios y le otorgan una plaza a Haddock mientras niegan abrir convocatorias en las que podamos competir. A eso se le suma los aumentos en matrícula, los intentos de desmantelar el Sistema de Retiro…

Para parafrasear la frase de los trabajadores de la huelga portuario de 1938 en Puerto Rico, la comunidad universitaria no está pidiendo el cielo para conformarse con una nube. En términos presupuestarios, no pide otra cosa que lo que dicta la ley. Exige la restitución de la fórmula presupuestaria, lo que en gran medida aliviaría el problema de las plazas.

Exige, también, un cambio en el funcionamiento de las estructuras de gobierno. Ante la consideración de la legislatura durante el pasado cuatrienio hubo un Proyecto de Reforma que conllevó varios años de discusión por parte de la comunidad universitaria. Ya hay conversaciones para volver a someter el proyecto de ley en la nueva legislatura este año, que ayudaría, no solo a asegurarle estabilidad fiscal a la UPR, sino a terminar con la intromisión política en la UPR. Esta reforma le conviene a la universidad. Por lo tanto, y por la importancia que tiene el sistema de la UPR para el futuro y para la salida de esta crisis, por los vínculos que tiene y podría tener la universidad con el desarrollo de industrias, de administradores públicos capaces, de profesiones en todas las áreas, le convendría, también, al país. Los intereses de la comunidad universitaria son cónsonos con los de Puerto Rico.

El autor es Representante de Docentes sin Plaza, Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)

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