La pelea por un retiro digno

 

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Como una diferencia del cielo a la tierra, describió el portavoz del Capítulo de Retirados de la Federación de Maestros (FMPR), Pedro Pastrana Ortiz, los proyectos presentados por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, que pretenden sustituir la ya aprobada Ley de Retiro Digno.

El gobernador se allanó una vez más a las órdenes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y en lugar de disponerse a defender la Ley de Retiro Digno en el tribunal, envió la semana pasada, unos días luego de que la JCF acudiera al tribunal, dos nuevos proyectos a la Legislatura. La JCF acudió al tribunal, a la sala de la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los pleitos mediante la ley Promesa, para que ordene al Ejecutivo y a la Legislatura de Puerto Rico a dejar sin efecto la citada ley. Según la JCF la ley afecta el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

El portavoz de los retirados de la FMPR denunció: “El gobernador habla de consistencia en defensa de las pensiones, pero lo que ha demostrado es inconsistencia, porque la única manera de defender las pensiones de forma consistente es través de una ley ya aprobada de forma unánime firmada por él, que es la Ley de Retiro Digno”.

“Ante las dos propuesta que presenta el gobernador, una, decirle a la JCF primero voy a pagar la deuda y la segunda, que pagará las pensiones con el presupuesto que prepara la misma Junta, la pregunta que nos hacemos es si creemos que la JCF estará de acuerdo en separar como prioridad el dinero para las pensiones cuando su prioridad es pagarle a los bonistas. No estamos de acuerdo con la posición del gobernador porque nos deja en manos de la Junta y de los bonistas, que son la prioridad”.

Pastrana Ortiz hizo un llamado a los legisladores para que defiendan la ley ya aprobada y firmada, la cual destacó que en principio es gestión de la senadora Lourdes Ramos, quien es miembro del partido del gobernador.

“La ley de retiro digno hay que mantenerla vigente porque es la única que no solo garantiza a los pensionados y futuros retirados, sino que define los servicios esenciales para evitar que haya despidos masivos en las demás agencias del gobierno”.

En entrevista por separado, la portavoz del grupo Construyamos Otro Acuerdo, Sonia Palacios, subrayó de entrada que el Comité Oficial de Retirados (COR) no representa a la mayoría de los retirados y desmintió que los que están afectados con el recorte que pretende la JCF de 8.5 % sea un grupo pequeño.

La retirada del Departamento de Justicia dijo que no cree que la corte federal pueda determinar que la Ley de Retiro Digno vaya contra el plan de ajuste de la deuda porque la ley no asigna dinero. Precisó que lo que establece son prioridades de política pública que terminan siendo un escudo de protección debido a que define cuáles son las prioridades.

Trajo a la atención que la JCF no ha querido ni siquiera definir cuáles son los servicios esenciales, aun cuando la propia ley PROMESA le obliga a garantizar que haya dinero para cubrir esos gatos. “La Junta no define cuáles son los servicios esenciales. De esa manera no tiene que cumplir con la obligación de que haya dinero para cumplir con esos servicios esenciales y la Ley por un Retiro Digno lo primero que establece es que se tienen que definir los servicios esenciales y que eso incluye salud, seguridad, pensiones, porque estamos hablando del derecho a la vida”.

Aun cuando dijo que la discusión del recorte ha tendido a separar a los pensionados puntualizó que la reducción del 8.5 % a partir de las pensiones de $1,500 en adelante, cuando se mira, los miembros del COR se salvaron con esa reducción ya que la intención de la JCF era una reducción de un 20 %.

“Para nosotros es una injusticia como el que todo el mundo pague lo mismo del IVU porque de verdad, yo con una reducción de 8.5 no me voy a la quiebra, pero sigue siendo una injusticia porque mi pensión yo la trabajé, me la gané. Yo no fui la que hizo malas transacciones de negocios, yo no soy el gobierno que dejó de hacer la aportación, yo no le podía decir a mi jefe esta quincena qué usted cree si dejo de aportar para mi retiro porque mis hijos se gradúan. Quincena tras quincena mis deducciones para mi pensión eran fijas, y entonces ahora, como estamos mal, se supone que tenemos que aportar”, manifestó.

Palacios y Pastrana Ortiz coincidieron por separado en señalar que hay precedentes de ciudades de Estados Unidos que han estado sujetos a quiebra y se salvaguardaron las pensiones de los retirados.

La portavoz de Construyamos Otro Acuerdo expuso que no es verdad lo que alega la JCF de que la ley vaya a afectar al Plan Fiscal y al Plan de Ajuste de Deuda. Aunque admitió que la capacidad de preparar el presupuesto del país en esa etapa “la JCF manda y va”, al plan de ajuste de deuda, que es la próxima etapa todavía no se ha llegado, incluso ya van cuatro Planes de Ajuste, lo que significa que ese plan no están escrito en piedra.

Palacios recordó que llegado el momento de presentarle el PAD a la jueza Swain y esta pasar juicio, todavía se va a requerir que la Legislatura apruebe las leyes habilitadoras para ejecutar el plan.

“Lo que hace la Ley de retiro digno es salvar al país. Es la política pública del Gobierno, que dice que cuando ustedes, Junta, nos presenten el PAD, nosotros vamos a aprobar todas las leyes que sean necesarias para poner en vigor ese plan de ajuste siempre y cuando se atiendan los servicios esenciales, no se encarezca más la vida de nuestro pueblo no se sigan imponiendo más impuestos al que menos tiene, se dé el dinero que hace falta para salud y no se recorten pensiones”, destacó.

La portavoz de Construyamos Otro Acuerdo censuró el que la JCF acudiera al tribunal a decir que hay deuda emitida de manera ilegal y resultara que era un mecanismo de presión para negociar con los bonistas y no con la intención de pedir al tribunal que declarara que los bonos fueron emitidos de manera ilegal. La Junta está ofreciendo pagarles 75 centavos por cada dólar a los bonistas que tienen deuda ilegal.

“Las deudas ilegales no se pagan. La Ley de Retiro Digno dice que para esa deuda, que la Junta determinó que era ilegal, no se va a emitir nuevos bonos para pagarla”. La activista abogó porque ya se supere la etapa de hablar de deuda ilegal y que el país hable de deuda odiosa que es imposible físicamente de cumplir.

De cara al pleito judicial, Palacios describió que se está “en un buen momento, momento de las definiciones, porque no importa lo que se resuelva, saber cuál es la verdad es ganancia”. En caso del tribunal decir que la ley es inconstitucional porque se quiere que los bonistas cobren, se tendría que decir que ni la Legislatura ni el gobernador pueden aprobar leyes que definen prioridades. “Si llegamos a ese extremo, la Legislatura le podría rechazar en el mes de octubre el PAD porque es lo que estamos diciendo los legisladores con la ley: ustedes necesitan venir a la Legislatura para aprobar las leyes habilitadoras para poner en vigor el PAD. Advertidos están, lo vamos aprobar siempre y cuando pase tal… De lo que se trata es de iniciar un diálogo. Quizás en ese diálogo los legisladores y el gobernador terminan entregando nuestras pensiones pero a lo mejor salvan las pensiones y entregan otra cosa. Yo sí quisiera que salvaran al País”.

 

 

 

 

 

 

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