CLARIDAD
En medio de la molestia de miles de consumidores por la continua interrupción del servicio de energía eléctrica en manos de la compañía privada LUMA Energy (LE), que está a cargo de la distribución y transmisión, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fermín Paredes, y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, anunciaron la pasada semana que el Gobierno se encontraba en el proceso de solicitud de propuestas para la privatización de la generación de la energía de la AEE.
Contrario a la narrativa del gobierno de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) del exgobernador Ricardo Roselló y de Pedro Pierluisi Urrutia, al igual que la del Partido Popular Democrático (PPD), que aprobó la ley bajo la dirección en el Senado del entonces senador Eduardo Bathia Gautier, la privatización no resultará en un mejor servicio y mucho menos en uno menos costoso.
El profesor Agustín Irizarry, quien fue representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno (JG) de la AEE, reafirmó a CLARIDAD que no es necesario privatizar a la AEE. “Creo en el sistema público porque fue lo que electrificó nuestro país y lo hizo con gran éxito y se hizo cuando se le dio la misión a la empresa pública y la dejaron trabajar. Los políticos no están dispuesto a decir la verdad al país y salen con que la privatización va a resolver los problemas, y eso es falso”.
Irizarry, quien es profesor de ingeniería eléctrica subrayó que solo en sitios donde existe un regulador fuerte, no intervenido por los partidos políticos, sino que está en manos de los ciudadanos, es que se logra que los privados funcionen. Señaló que fue la intervención político partidista lo que llevó a la AEE a su debacle, por lo que puso en duda que el ente regulador no siga la misma suerte. Puntualizó que los generadores de energía privados requieren una fiscalización y un marco claro de reglas, guías y objetivos impuestos por el Estado.
“Aquí se le ha vendido la idea absurda a la gente de que se puede coger un servicio esencial, el que sea, y venderlo a alguien y que estos den el servicio”.
En cuanto a la excusa del Gobierno para justificar la privatización, de que hay una falta de capacidad de generación, recordó que en la isla se construyeron plantas generatrices pensando que el desarrollo industrial nunca se iba a terminar. En un momento dado se tuvo una capacidad de generación confiable y sí hubo un momento en que había más capacidad de la que se necesitaba; pero con el abandono y falta de mantenimiento, esa capacidad disminuyó.
“Yo estoy convencido de que el sistema eléctrico se abandonó adrede, como una estrategia para causar malestar y después venderlo. Yo creo que esto no es un accidente. Esto es el resultado de una planificación, de una ejecución. Si no se pone el dinero que hace falta para mantener los equipos, los equipos fallan”.
El profesor Irizarry explicó que había que invertir en la flota de generación y actualizar la tecnología. Reiteró que el abandono de los activos del sistema eléctrico fue uno adrede para fortalecer la idea de que la única forma de salir del hoyo era vendiendo.
Sobre la norma que se sigue en este tipo de privatización expuso que todos los privatizadores fósiles entran en acuerdos fijos que nunca duran menos de veinte o treinta años. Advirtió que nadie entra en un contrato donde su energía no se vaya a comprar, por lo que duda que en Puerto Rico haya un llamado a propuestas que digan bien claro que el privatizador va a llegar a determinado año, que va a montar la planta y va a venderla si hay demanda para la energía.
“Si mañana todos los puertorriqueños decidimos que vamos a cerrar y vamos a apagar todas las luces, se chavó el privatizador. Eso no va a pasar; pero si nosotros todos ponemos paneles solares en los techos y decidimos que vamos a generar energía nosotros, el privatizador no va a poder vender energía. Si el privatizador ve que se corre ese riesgo, no va a poner la planta, no va a llegar nadie”, expresó Irizarry, quien es uno de los portavoces del movimiento Queremos Sol.
Irizarry advirtió que el ojo de la discusión pública sobre la privatización de la generación debe estar puesto en conocer qué garantías le va a dar el Gobierno al privatizador y cómo estas van a ir en contra de los intereses de nosotros, los clientes puertorriqueños, si el Gobierno va a tratar de imponer un impuesto al sol u obligar a las personas a mantenerse en la red y qué marco van a usar. Censuró que el Gobierno habla de eficiencia, pero no quiere hablar de garantía del contrato y en qué compromiso está metiendo al pueblo.
“Si el contrato de LUMA es malísimo, los contratos de la generación pueden ser peor. Porque nos pueden esclavizar más que el de LUMA porque el precio de salir de LUMA va a ser alto, una tormenta grande, porque cuando LUMA vea lo que es tener el país a oscuras y tener la responsabilidad de levantarlo, se va a ir. Yo estoy convencido de eso, convencido. Pero eso nos va a costar vidas”, manifestó.
El miembro de Queremos Sol trajo a la atención que el costo de la generación solar y almacenamiento está cayendo de manera precipitada y que en cinco años la mayoría de las personas va querer estar desconectado de la red, por lo que cuestionó el cómo van a competir las generadoras privadas y LUMA con sus paneles solares y baterías. Adelantó que el problema es que se quedarán solas en la red las personas que no tienen posibilidad de otras instalaciones. “Pero esa estructura no la acaban de entender los que están haciendo las reglas: que la cosa se está moviendo más rápido de lo que ellos son capaces de actuar”.
Añadió Irizarry que llevar la generación solar a la red de la AEE es posible y aunque ello tiene un costo, aun así, el país no se debe amarar a los combustibles fósiles. No se le puede dar el control de la red a LUMA. “LUMA está actuando como si fuera el dueño de la red, está tomando decisiones de política pública”, denunció.
En cuanto a los activos a privatizar, comentó que se supone que la planta AES se cierre y convierta en otra cosa. A la planta EcoEléctrica ya le renovaron el contrato, ya hay una serie de parques solares y eólicos aprobados y la AEE está buscando crear más. La mayoría de los privatizadores irán detrás de Costa Azul porque está al lado del puerto: “Ese es el mangó bajito”.
Mientras, la empresa News Fortrees ya tiene corriendo a Palo Seco: “Ese es el segundo magó bajito”. Y el futuro incierto es Aguirre. Dijeron que no todas estas plantas hacen falta y se puede ir apagando algunas si se entra en la generación distribuida como debe ser. Hasta el presente no se sabe cuántas de esas plantas se van a poder sostener, cuántas se saldrán a vender, si le van a vender a todo el mundo a la vez o van a comparar contratos, si van a determinar escenarios. No se sabe.
A la luz de estas incógnitas recordó que cuando estuvo en la JG de la AEE se decidió que se iban a repartir contratos de energía renovable como si fueran caramelos. La energía que se contrató no cabía en la generación eléctrica y los privatizadores se peleaban los contratos: “Sospecho que van por el mismo camino y nos van a causar un gravísimo problema”.
El profesor Irizarry sostuvo que el estudio de integración que hizo Queremos Sol es importante para Puerto Rico, ya que la isla es una potencia solar al tener el mejor recurso del mundo: una combinación de sol, techos y almacenamiento. Por ello hay que moverse en forma asertiva a la energía solar. “Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y lo estamos haciendo. No veo razón alguna para abandonar lo que nos hace sostenibles, resilientes, para tener que meternos en tecnologías del siglo pasado y en compromisos económicos”.
