CLARIDAD
“Es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia reciente de Estados Unidos”.
(The New York Times, 23 febrero de 2016)
La Habana-Cuba-La recién estrenada administración del presidente Joe Biden ha dicho que tiene entre sus planes cerrar la cárcel estadounidense en la Base Naval de Guantánamo antes de que acabe este cuatrienio. Las intenciones no son nuevas, pero en el pasado los muchos esfuerzos para lograrlo no han pasado de ser más que eso, meros gestos. Si algo será diferente esta vez, está por verse.
En 2016, el entonces presidente Barack Obama envió al Congreso sendos proyectos para avalar el cierre de la prisión pues “su existencia es contraria a los valores estadounidenses, perjudica a la seguridad nacional y es caro”. De nada le sirvieron los llamados a la conciencia y a limpiar la imagen de los Estados Unidos. Los Republicanos torpedearon, una y otra vez, sus aspiraciones.
Ahora, en medio de una de las peores crisis políticas y sociales de ese país en los últimos años –el expresidente Donald Trump dejó el rancho ardiendo antes de irse– Biden ha prometido cumplir la promesa que dejó Obama sobre la mesa. “Este es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención”, confirmó a los medios hace unas semanas Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
No nos engañemos, para Washington, cerrar la prisión ciertamente no es una prioridad en política exterior –nunca lo ha sido–, pero hacerlo supondría para Biden devolver a los Estados Unidos parte de esa legitimidad (auto-atribuida) de guardián y promotor de los derechos humanos en el mundo. Poco interesa si en menos de dos meses de administración, el nuevo presidente ya ha ordenado bombardear Siria, ha hecho declaraciones injerencistas con respecto a Venezuela o hasta coquetea con mantener buenas relaciones con un país que ordena asesinar y descuartizar periodistas, trancar definitivamente la gruta abierta hace nueve años, a 90 millas de su territorio, resultaría llamativo y vendería muchos titulares.
UN LUGAR DE ARBITRARIEDAD Y ABUSOS
Un informe redactado en enero de este año por ocho relatores de la Organización de Naciones Unidas cataloga a Guantánamo como “un lugar de arbitrariedad y abusos” y llama al nuevo gobierno estadounidense a “cerrar de inmediato ese sitio”.
No es la primera vez que se hace un pedido como este. Desde que fue establecida el 11 de enero de 2002 –como parte de la llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush– organizaciones de derechos humanos, instituciones y líderes políticos han pedido en reiteradas ocasiones su cierre definitivo.
Además de las documentadas torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos tras sus rejas, la cárcel de Guantánamo es un lugar “donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”, afirman los expertos de la ONU.
En 2003, la prisión llegó a tener más de 700 prisioneros. Hoy quedan 40 detenidos, pero sólo nueve de ellos han sido acusados o condenados por algún delito. El resto permanece en un limbo legal y sin amparo de las leyes internacionales.
Encima de todo esto, está la existencia de las Comisiones Militares, cortes marciales habilitadas contra supuestos terroristas durante la era Bush y cuyo proceso sesgado impide que todo juicio contra los detenidos sea cuando menos creíble y justo. De tales comisiones la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha declarado que se trata de un “sistema de justicia de segunda clase” y ha pedido que “cuando la evidencia de crímenes terroristas exista se juzgue a los detenidos en Guantánamo en tribunales federales”.
Algo a lo que precisamente ha rehuido desde el primer día los Estados Unidos. Guantánamo fue concebido como un espacio donde recluir a cientos de supuestos sospechosos de terrorismo bajo un impreciso estatus legal; los detenidos se encuentran en un lugar bajo control estadounidense, pero fuera del alcance de las protecciones constitucionales. Esta ambigüedad permite a las autoridades militares de ese país cometer todo tipo de vejámenes y atropellos escapando por la puerta de atrás a las leyes internacionales.
“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se les libere o repatríe inmediatamente respetando el principio de no devolución”, exigen, por su parte, los relatores de la ONU.
DEVOLVER LAS TIERRAS, UN RECLAMO PERMANENTE
Pero más allá de si se concreta o no el cierre de la cárcel, queda sobre la mesa un aspecto fundamental de su existencia: el territorio de Guantánamo donde se encuentra la Base Naval Estadounidense, un enclave ilegalmente ocupado gracias a un turbio acuerdo de más de 100 años.
En 1901, tras el fin de la rebelión cubana contra el dominio colonial español, la isla se encontraba ocupada por tropas estadounidenses. Para retirarse, Estados Unidos forzó a Cuba a aceptar una serie de condiciones contenidas en la llamada Enmienda Platt. Si Cuba no aceptaba, seguiría ocupada militarmente, por lo que opciones no habían muchas.
Entre otras cosas, le legislación concedía a Estados Unidos “el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando peligraran [según su criterio] la vida, la propiedad o las libertades individuales” y advertía que la potencia podía “ejercer el derecho de intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado” a sus intereses.
La Enmienda también establecía la cesión de porciones de territorio cubano “necesarias para obtener carbón o para estaciones navales”.
Dos años más tarde, el 16 de febrero de 1903, el entonces presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó la cesión del territorio de Caimanera a Estados Unidos para establecer allí una base naval. Aquella decisión es vista todavía hoy por el pueblo cubano como una traición del entonces mandatario a los ideales de José Martí y del Partido Revolucionario Cubano (PRC) –que ayudó a fundar–; una carga que sigue pesando más de un siglo después.
Desde su triunfo en 1959, la devolución de esos terrenos ha sido un reclamo permanente de la Revolución Cubana, que considera “ilegal” la firma de aquel acuerdo. Washington, por su parte, se sigue amparando en el mismo documento para justificar su “derecho” sobre los orientales terrenos.
De todos modos, si la administración Biden logra cerrar la prisión –queda por verse si consigue la aprobación en el Congreso una vez se someta el proyecto– nada indica que el presidente norteamericano esté también dispuesto a cerrar la base y devolver a Cuba sus tierras. Dar el paso, sin embargo, podría ser el inicio de un cambio en el papel jugado por EE.UU. en el Caribe en los pasados cuatro años.
Por lo pronto, clausurar un espacio donde tantas violaciones y torturas se han cometido en la última década, muchas de las cuales quizás nunca lleguemos a conocer, siempre son buenas noticias; vengan de quien vengan.
