La rama judicial en el limbo con la violencia de género

 

CLARIDAD

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Si algo evidencia el hecho de que la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de Tribunales (AT) determinara que no existe prueba para iniciar un proceso disciplinario contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez por la manera en que atendieron el caso de la joven Andrea Ruiz Costas es que la Rama Judicial todavía tiene la tarea pendiente de educarse en cuanto a lo que es la violencia doméstica o de género.

Los resultados de la investigación de esa oficina fueron dados a conocer por el administrador de la AT, Sigfredo Steidel Figueroa, quien ordenó el archivo de las quejas presentadas por la madre de Ruiz Costas, Olga Costas Rodríguez.

El caso de la joven Ruiz Costas provocó una fuerte indignación pública tras ser encontrada asesinada el 29 de abril de este año. La joven había acudido el 25 de marzo al tribunal para solicitar una orden de protección contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago. La juez Nieves Cordero le negó la orden, y al día siguiente, la juez Alvarado Rodríguez determinó que no había causa para ordenar el arresto de Ocasio Santiago. Lo sucedido en las sala del tribunal fue conocido por una grabación de Ruiz Costas en su celular y divulgada por una amiga, en la cual esta se expresaba decepcionada y angustiada por lo ocurrido en el tribunal. Otros testimonios de la joven y las conductas de las juezas fueron saliendo a la luz pública. Luego de su arresto, el asesino confeso de Ruiz Costas se suicidó en la cárcel.

Para la abogada Amarilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, organización que brinda servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica, la determinación de la investigación de la AT evidencia que la Rama Judicial todavía tiene la tarea pendiente de educarse sobre lo que es la violencia doméstica.

Señaló que si se está hablando de un espacio en donde tenían que evaluar las acciones de las jueces a la luz de los cánones de ética judicial, esos mismos cánones exigen un nivel de diligencia en el manejo de los casos, que no se descuiden los niveles del cargo y que se aquilate la prueba. Si se interpretan los cánones de ética judicial sin tomar en cuenta la perspectiva de género o los elementos de la violencia de género, se podría llegar a una conclusión similar a la que llegó la AT y decir que las juezas tomaron una decisión a base de la evidencia que tenían frente a ellas.

Destacó que el problema es que de las mismas transcripciones de la vista y de los testimonios que se ven en los documentos que publicó la misma AT, se ve que había banderas rojas que apuntaban a que había violencia de género, y no solo eso, sino que había banderas rojas de alto nivel de letalidad. Y las juezas simplemente no las vieron. Cuando tuvieron a la víctima ante sí no vieron las banderas.

“A lo que voy es a que cuando hablamos de los cánones de ética judicial, al año 2021 en Puerto Rico, tenemos que comenzar a interpretarlos a la luz del deber de las juezas y los jueces de conocer con profundidad el tema de la violencia de género: cuáles son los indicadores, cuáles son las banderas rojas, cuáles son las señales de peligro. Si las juezas y los jueces no se preparan para identificar esos elementos vamos a seguir viendo otros casos de Andrea Ruiz y vamos a seguir pensando que no se violó ningún canon judicial cuando realmente, del punto de vista ético, en casos de esta naturaleza, una jueza debería ser conocedora del tema”.

El informe de la AT exhorta las juezas a “una autoevaluación y reflexión sobre lo acontecido”, por lo que Pagán considera que de manera implícita es una admisión de que actuaron de forma indebida. A su juicio, la AT no se atrevió a hacer esa conexión y decir que es una falta ética juzgar casos de violencia doméstica sin conocer qué es la violencia de género.

“De eso es lo que se trata. Ellas estuvieron sentadas en una sala evaluando un caso de violencia de género, pero sin tener los elementos, las capacidades intelectuales, para identificar la violencia de doméstica y saber manejarla”.

La directora ejecutiva de Matria puntualizó que ese conocimiento va más allá de tomar un curso. Dijo estar segura de que esas juezas tomaron algún curso, como los han tomado fiscales y policías. Pero insistió en que eso no es suficiente. “Eso requiere un interés genuino de su parte, como profesional, de continuar estudiando y preparándose en el tema. Para mí, y aquí volvemos al asunto ético, si tú sabes que tienes en tus manos la vida de una persona por un caso de violencia de género, que en tu trabajo esos casos van a estar llegando donde ti, tú tienes la obligación ética de conocer con profundidad el tema. Eso no te lo da un taller ni dos talleres, eso te lo da el estudio, la observación de casos, el diálogo profundo con gente que sabe del tema”. Subrayó que ya hay literatura e investigaciones, aquí mismo en Puerto Rico, sobre el tema y que según se estudian las reglas de procedimiento civil y el derecho aplicable, hay que estudiar la violencia de género, cómo se manifiesta, cómo se comportan las victimas y cómo se comportan los agresores.

Pagán Jiménez reconoce que la Rama Judicial ha hecho un trabajo en torno a este tema de la violencia de género a raíz de este caso, al cual, dijo, hay que darle seguimiento. Se refirió, en particular, a las acciones tomadas por la juez presidenta del TS. “No nos debemos desanimar por el hecho de que la decisión haya sido esa. Lo que hay que mirar es cómo se va a seguir comportando el sistema y la Administración de Tribunales, al interior, para evitar que esto vuelva a ocurrir con otras juezas y jueces”.

Para Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva de Casa Ruth, otra organización que trabaja con el problema de la violencia contra la mujer, la decisión envía un mensaje nefasto a las víctimas de violencia doméstica. “Es ver nuevamente cómo el sistema, ante una muerte como la que vivió Andrea, ante unos audios que todo el país fue testigo de lo poco que se pudo filtrar, donde hubo una apatía total a escuchar un testimonio de una víctima que fue intachable, que narraba un proceso de acecho, un proceso de miedo por la vida y seguridad, no tomó en consideración estos aspectos”, censuró.

Agregó que la prisa y la manera en que se despachó el caso y cómo fue atendida Andrea “deja un sinsabor en todas las que trabajamos con esto día a día. Ciertamente, la Rama Judicial y los jueces tienen un rol objetivo dentro de los procesos, pero dentro de la objetividad debe existir la sensibilidad de entender lo que una víctima de violencia pasa y atraviesa y lo duro que es para una mujer pararse frente a un estrado y habar sobre sus procesos íntimos”.

Flores expresó que el testimonio de Ruiz Costas fue uno magistral al exponer lo que estaba viviendo sin obviar detalles, lo que es un proceso difícil para víctimas de violencia doméstica, y reiteró que la manera en que se despachó evidencia denota que las juezas no tenían conocimiento de lo que es el ciclo de violencia doméstica.

Aun cuando atribuyó que la decisión de la Administración de Tribunales envía un mensaje a las víctimas de preguntarse si vale la pena acudir al tribunal y denunciar a su agresor o acosador, aun así, dijo que quería dejar bien claro que apuesta y tiene la esperanza “en que sigamos insistiendo y persistiendo, en que el sistema pueda validar y escuchar a las víctimas y afinar el oído a lo que es la violencia doméstica y entender el proceso por el que pasan las víctimas para poder llegar a ante un juez”.

 

 

 

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