La reconstrucción secuestrada

 

Especial para CLARIDAD

 

Puerto Rico sufre una depresión económica desde hace quince años. Ahora se anuncia el posible inicio de un proceso de reactivación económica, incluyendo la creación de nuevos empleos. El motor de esta recuperación es la entrada de una cantidad sustancial de fondos federales durante los próximos diez años. Se ha indicado que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados recibirán $10 y $3.7 mil millones de fondos FEMA, respectivamente. Se habla de otros $20 mil millones de fondos del programa Community Development Block Grant. Hemos leído informes que incluyen otras asignaciones. Las cifras indicadas ya suman cerca de $34 mil millones. Estos fondos tendrán un efecto multiplicador en toda la economía, más allá de las obras que se financien con estos recursos.

Si la esperada recuperación económica se materializa, es importante destacar que será resultado, no de la iniciativa de la empresa o la banca privada, nativa o extranjera, sino de la iniciativa y de la inversión pública. Hay que recordarlo siempre que escuchemos a los sectores patronales y sus portavoces hablar de cómo el gobierno y el estado impiden o ahogan la iniciativa privada. Si el sector privado se reactiva en los próximos años se deberá precisamente, no a su iniciativa y espíritu empresarial, sino a la acción gubernamental. Cuando se trata de contratos y compras con fondos públicos de más de $30 mil de millones, el sector empresarial se olvida rápidamente de sus denuncias del “gigantismo gubernamental”.

Nosotros planteamos desde hace años que la recuperación económica de Puerto Rico exige un aumento de la inversión pública: que la posible recuperación ahora dependa de la masiva inversión pública confirma esa apreciación y refuta las teorías neoliberales que confían todo a la supuesta magia del mercado y la competencia.

Desde 2014 planteamos que Puerto Rico tenía derecho y debía exigir una aportación sustancial del Congreso para atender su crisis económica. Las transferencias federales en la actualidad compensan, insuficientemente, las limitaciones de una economía colonial que condena a la mayoría del país a la pobreza. De esta situación tan solo se benefician un puñado de corporaciones. Conviene, tanto al pueblo de Puerto Rico como al pueblo de Estados Unidos, dotar al primero de una economía que corresponda a las necesidades de su gente y que no requiera un rescate constante. Llegamos a indicar que el Congreso debía o podría aportar entre $3 y $5 mil millones anuales como contribución a esa reconstrucción. Ahora se anuncian, $34 mil millones en diez años, es decir, un promedio de $3.4 mil millones anuales. Comprobamos, entonces, que el dinero estaba disponible, que la propuesta era perfectamente viable. Como decíamos entonces: si Puerto Rico fuera un banco, hace tiempo que lo hubiesen rescatado. Hizo falta el huracán María y luego los terremotos y la pandemia para que aparecieran los fondos, o parte de los fondos, que el país necesita. Debemos recordar entonces que los estados capitalistas siempre dirán que “no es posible ni hay fondos” cuando se trata de rescatar a la gente de las consecuencias del capitalismo: no podemos aceptar tales razones. El dinero está y hay que exigirlo.

Ahora que se anuncia la asignación de más de $30 mil millones en fondos públicos para la reconstrucción se inicia la operación empresarial para convertir la mayor parte posible de ese caudal en ganancia privada. El caso más dramático es el contrato de LUMA. Justo en el momento que se recibirán $10 mil millones para reconstruir la AEE, se privatiza todo menos la generación. Es decir, los fondos serán administrados por empresas privadas. Fondos, que de otro modo podrían convertirse en más inversión pública, se convertirá en ganancias privada. Con LUMA empezó el saqueo privado de los fondos públicos de reconstrucción.

Por supuesto, en la medida en que para la reconstrucción se contrate y subcontrate a la empresa privada, parte importante de los fondos públicos se convertirán en ganancia privada. Aquí habrá de todo, pero los contralores e inspectores tendrán que desempañar la lupa: no pocos empresarios privados creativos intentarán cobrar lo más posible por las obras, descubrirán costos no previstos, pagarán lo menos posible a sus empleados, y tratarán de acaparar la mayor ganancia posible. Los tiburones ya se afilan los colmillos.

Por último, para que las obras de reconstrucción no provoquen un boom pasajero, tendrían que estar enmarcadas un plan de desarrollo económico a largo y mediano plazo y una política contributiva y de incentivos asociada a dicho plan. Todo indica que las obras proyectadas son piezas aisladas y no partes de un plan integrado. En ese sentido, conviene recordar la experiencia de la década del 1930, la época de la Gran Depresión, que tiene más de un parecido con nuestra situación actual. En mayo de 1935 se creó la Puerto Rico Reconstruction Administration, en el marco de la política del Nuevo Trato. A la PRRA la orientaba un documento formulado en junio de 1934 (conocido como el Plan Chardón) que planteaba la necesidad de sustituir el “desarrollo ciego” con un “plan fundamental” y postulaba la necesidad de redistribuir la tierra, diversificar la producción agrícola, reorientar parte de la producción hacia el mercado interno, entre otras medidas. La PRRA operó centrales como empresas públicas, organizó cooperativas agrícolas, reparó y construyó escuelas y dispensarios médicos, reforestó miles de cuerdas, construyó edificios públicos (incluyendo la torre y el teatro de la Universidad de Puerto Rico) y represas, realizó un proyecto de vivienda pública pionero (con un bello nombre socialista utópico: el Falansterio), inició la obra de electrificación generalizada y construyó una fábrica de cemento. Llegó a emplear 50,000 mil personas en una época en que la industria azucarera, durante la zafra, empleaba 100,000. No se trata de idealizar la PRRA, ni de reproducirla en la actualidad. Para empezar, era una agencia federal, controlada y dirigida desde Washington. Pero no deja de ser un ejemplo de intento de desarrollo planificado, integrado, realizado por una agencia pública en un momento de grave crisis económica.

Ante esta situación debemos exigir entonces: que se detengan o reviertan los proyectos de privatización (empezando por el de LUMA); realización de la mayor parte posible de las obras por agencias públicas y empleados públicos; en el caso de contratos y subcontrataciones, estricto control de pagos por las obras realizadas (para esto existen reglamentaciones que deben seguirse); preferencia a empresas locales en el caso de contrataciones para obras de reconstrucción; pago del salario mínimo de $15 en las obras de reconstrucción; neutralidad patronal en los procesos de organización sindical en las empresas con contratos en obras de reconstrucción y creación de un organismo de planificación estratégica para un desarrollo sustentable.

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