La saga de la Gobernadora

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Las imputaciones en contra de la primera ejecutiva, Wanda Vázquez Garced, de que interfirió para que el Departamento de Justicia (DJ) no completara unos referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), que la incluyen a ella y a otras figuras cercanas a su administración, son serias y no deben pasar sin una investigación legislativa.

La situación de escándalo en el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) inicia su saga tras darse a conocer la renuncia, el viernes 3 de julio, de la secretaria de Justicia, licenciada Denise Longo Quiñones, a petición de Vázquez Garced. Tras la renuncia, surgieron las revelaciones de los referidos al PFEI. Luego de un fin de semana de denuncias de una contra la otra, la gobernadora alegó en conferencia de prensa el lunes que la razón para pedirle la renuncia a Longo Quiñones fue por su interferencia en una investigación federal en el Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) en la cual está implicada Concepción Sánchez de Longo, madre de la exsecretaria del DJ, cuando era subsecretaria del DS.

“El Secretario de Justicia es un puesto de gabinete, de confianza del Gobernador; pero esa confianza jamás puede llegar al punto de que un gobernador abuse de los deberes del cargo para que el secretario de Justicia sea instruido a encubrir u obstruir la justicia”, denunció en entrevista el senador Juan Dalmau Ramírez, quien radicó una resolución para que el Senado investigue la conducta de la gobernadora.

Al destacar la seriedad de la conducta atribuida a la gobernadora y la necesidad de una investigación legislativa, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) trajo a la atención el precedente en Estados Unidos no solo de la investigación contra el entonces presidente Richard Nixon y su renuncia, sino al propio Donald Trump, que ha sido objeto incluso de investigaciones de residenciamiento por obstrucción a la justicia.

“Se trata del delito de mayor severidad que se le pueda atribuir a un mandatario. En el caso de Puerto Rico, el precedente nefasto es el del Cerro Maravilla, con Carlos Romero Barceló, que no solamente produjo al final las convicciones de agentes de la policía, sino además renuncias y salidas de funcionarios de alto nivel de ese gobierno”, recordó con respecto a los resultados de la investigación que condujo en aquel momento el Senado.

Dalmau insistió en que las imputaciones que se le han hecho a la gobernadora se deben tratar con gran seriedad y que el Senado debe de aprobar la resolución que presentó, RS 1376, para que descargue su obligación constitucional con respecto a su obligación de servir de contrapeso fiscalizador a las acciones del ejecutivo. “Aquí se ha dicho mucho en conferencias de prensa, en entrevistas, comunicados, pero quien tiene la facultad constitucional para investigar las acciones del ejecutivo bajo declaraciones juradas y bajo juramento es la Asamblea Legislativa”.

El Senador hizo la distinción de que el proceso de residenciamiento, que es básicamente la radicación de un pliego acusatorio contra un gobernante, se inicia en la Cámara de Representantes; pero un proceso investigativo sobre las acciones de un mandatario o funcionario público puede ser conducida por cualquiera de las dos cámaras. De realizarse en el Senado, el producto y el informe de la investigación se puede referir a la Cámara para que entonces esta investigue, radique los cargos si lo amerita e inicie un proceso de residenciamiento. En términos constitucionales, el Senado tiene autoridad aun sin estar en sesión —como sucede al presente— de autoconvocarse para evaluar resoluciones internas del cuerpo para una investigación. Dalmau Ramírez recalcó que, de inmediato, el presidente del Senado puede hacer lectura de la resolución, aprobarla y comenzar la investigación.

Le preguntamos a Dalmau Ramírez si consideraba que la postura del presidente de la Cámara, de quien se sabe que es partidario de Pedro Pierluisi, de no pretender llevar a cabo una investigación contra la gobernadora es por entender que la situación perjudica al PNP, independiente de quién sea el candidato a la gobernación, éste reaccionó: “La responsabilidad constitucional de los presidentes de los cuerpos ante esta situación es irrenunciable y si no actúan debido a las presiones de un contexto electoral, entonces el país tendrá que juzgar si está en las manos de las personas adecuadas para dirigir los destinos de un país o si esto se trata de un tápame tú para que te tape yo. Creo que parte de lo que ha pesado en el ánimo de no investigar es que, después de todo, estamos a meses de las elecciones y en el PNP está muy vivo el recuerdo del verano del 19. Estando ahora en el verano del 20, ellos temen estimular una investigación, aunque sea conducente a saber la verdad que necesita saber el pueblo. Prefieren encubrirla para evitar exacerbar los ánimos de un país que está indignado, frustrado y muy volátil a los temas de los abusos que se han cometido”.

CLARIDADtambién le planteó si consideraba que tanto de parte de la Gobernadora como de la ahora exsecretaria hubo falta de juicio, al nombrar esta a Longo Quiñones secretaria del DJ sabiendo que su madre era subsecretaria del Departamento de Salud y que podría asumir el cargo de secretaria en algún momento.

“Por eso es que yo, cuando las he escuchado a ambas públicamente, a la licenciada a Denise Longo Quiñones y a Wanda Vázquez, aun si uno le diera total credibilidad a ambas, eso lo que exige es que con más urgencia se tiene que llevar a cabo la investigación. Razonablemente, uno puede inferir que sea cierto que la Secretaria de Justicia estuviera interviniendo en una investigación donde su madre fuera de alguna manera una testigo o partícipe.También puede inferir que es cierto que Wanda Vázquez, de alguna manera desde Fortaleza, algunos funcionarios quisieron descarrilar unos referidos sobre personas dentro de su administración”.Reparó en que las dos pueden estar diciendo la verdad la una de la otra y observó que toda esta situación se podría estar dando sin conocimiento público si en el PNP no hubiese primarias.

En cuanto a la actuación de la nominada, y rápidamente renunciada  Wandymar Burgos, de requerir que los referidos al PFEI fuesen devueltos al DJ bajo la excusa de que ella tenía que revisarlos y que se trataba de una gestión de transición, el senador del PIP desmintió que esto fuese necesario debido a que el DJ reserva y retiene copia de los informes que refiere al PFEI y porque los tres fiscales que participaron en las investigaciones siguen siendo fiscales en el DJ. “Bastaba que la licenciada Wandymar Burgos pidiera copia de los expedientes y citara a los fiscales para que la pusieran al tanto de los referidos. No había que detener los referidos, por eso es que todavía hay mucho que responder, y que sea bajo juramento una investigación oficial a la luz del sol”.

Al presente, la actuación de la Legislatura, dominada por el PNP, ha sido que el presidente del Senado y exfiscal Thomas Rivera Shazt y el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, se han limitado a solicitar la renuncia de Burgos.