Por: Emilio Nieves Torres
Especial para CLARIDAD
Cuando se hacen comentarios sobre las deficiencias en la educación pública, se piensa en lo que ocurre en el salón de clases y no en las deficiencias administrativas del Departamento de Educación. Durante años se ha desacreditado la escuela pública mediante los resultados de pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas y luego META). De este modo, se proyecta al país que hay que atender la realidad de que los estudiantes no aprenden y los maestros no enseñan. Así se establecen contratos con compañías privadas para que se ofrezcan tutorías a los estudiantes y desarrollo profesional a los maestros. A esto se añade la asistencia técnica a directores escolares.
Esta práctica se ha realizado por más de 15 años y los resultados en las pruebas son básicamente los mismos. Los resultados favorables han sido para las compañías que generan ganancias económicas con el uso de los fondos federales. Ningún gobierno ha fiscalizado a estas compañías que en muchas ocasiones son dirigidas por ex funcionarios rojos y azules.
El pueblo se enfoca en que el problema está en el salón de clases, lo cual le permite a los administradores del DE ocultarse detrás del escenario para seguir nombrando personal a base del criterio político partidista y contratando a los que buscan hacer negocios con los fondos públicos (que incluye fondos federales).
En el 2002, luego de los actos de corrupción de Víctor Fajardo, el Departamento de Educación cayó en la lista de jurisdicciones de alto riesgo. Eso implicó que el Departamento de Educación Federal (USDE) ejerciera una fiscalización constante del uso de fondos federales y la multiplicación de procesos burocráticos y reuniones en las escuelas para cumplimentar decenas de informes. En el año 2011, sale el DE de la sindicatura por su “cumplimiento” en el uso de fondos federales.
En el 2019, luego de acusaciones contra Keleher, se requiere un síndico que lo tenemos que contratar y pagar del fondo general. Es escandaloso que se congelen $1,500 millones de fondos federales porque no hay confianza en el gobierno de Puerto Rico, por la incompetencia y corrupción de administradores del DE.
Los fondos federales del DE estarán bajo sindicatura al menos hasta el 2024. Este próximo viernes 6 de diciembre de 2019 es la fecha límite para que las empresas interesadas en imponer la sindicatura sometan sus propuestas. La empresa que sea contratada la tenemos que pagar con los fondos del pueblo. Lo mismo que ocurre con la Junta de Control Fiscal. Es decir, los problemas administrativos causados por políticos e incompetentes los paga el pueblo.
La dependencia de fondos federales ha implicado la imposición de una visión pedagógica que no responde que lo que recibimos en fondos federales. Es momento de evaluar si los fondos federales son un apoyo o un obstáculo para la educación pública.
El autor es lider magisterial.
