Un golpe sobre otro golpe. Sin explicación. Nunca antes en su historia, la Universidad de Puerto Rico se había enfrentado a una crisis más complicada que la actual. Cuando se supo que la Junta de Control Fiscal exigía un recorte de 300 millones de dólares en el presupuesto de la institución, nadie supo decir cómo se había llegado a esa cifra, con qué criterios, por cuáles razones. No hubo el más mínimo intento, ni de la Junta ni del gobierno, por aclarar ante la sociedad o la comunidad universitaria de dónde salían tales cifras. En lugar de abrir un diálogo racional, el ritmo de la agresión daba otro paso y destapaba un recorte mayor. Entonces se habló de 450 millones. Tampoco hubo ningún intento de explicación. Pero la borrachera de poder siguió su curso: ahora se ha establecido una reducción escalonada hasta alcanzar la cifra de 512 millones para el 2025.
No hace falta mucho análisis para captar que con una agresión así la UPR no quedará de pie tal como la hemos conocido. Por esta razón no es una exageración decir que se ha puesto en marcha un plan de destrucción de la Universidad como institución pública. Este proceso de destrucción, debe entenderse, conlleva eliminar o transformar cualitativamente unos espacios imprescindibles para la libertad de pensamiento, para la disidencia y para el desarrollo de la imaginación creativa, a todos los niveles. Cuando se pretende golpear con tanta saña una institución de educación pública de la magnitud de la Universidad de Puerto Rico, las consecuencias serán enormes, tanto a nivel económico como cultural, si este ataque no se detiene.
Pero debemos tener las cosas claras. El ataque a la Universidad se manifestó temprano y no es algo aislado. Forma parte de una estrategia dictatorial, encarnada por la Junta de Control Fiscal. La política agresiva de austeridad, que será abarcadora e implacable contra todo el pueblo, se ha destapado primero contra la Universidad. ¿Por qué? Derrotada temprano su resistencia, el camino de la Junta se hará más fácil en el resto del país. Es evidente que este episodio de confrontación tendrá una repercusión de gran alcance. Su resultado se dejará sentir por todo el tejido de la sociedad.
Ante una situación tan compleja no tiene sentido la pasividad. Frente a la imposición, sin asomo de diálogo, tampoco tiene sentido no reconocer que la situación impone audacia. La Universidad pública nunca había estado frente a un peligro de esta naturaleza en toda su historia, así como el pueblo de Puerto Rico, en su historia moderna, no se había enfrentado a una crisis de esta envergadura. Si entendemos la complejidad de esta situación, cuando se manifestó abiertamente la agresión contra la Universidad, era imprescindible actuar. Hubo varias semanas para ponderar a fondo la dimensión del ataque. Sin embargo, hay que decir con honestidad el resultado: la única fuerza que desde el comienzo manifestó su disposición de poner en marcha acciones de resistencia fueron los estudiantes. Y debo destacar un hecho evidente: esa lucha efectiva ha tenido, en gran medida, un rostro femenino. Para comprender la dificultad que enfrentaron debemos empezar por el interior de la institución. El personal docente estuvo dividido ante la posibilidad de una huelga estudiantil. Un sector considerable atacó la huelga insistiendo en que era un error cerrar la Universidad porque se colaboraba con las intenciones de la Junta.
Muchos exponentes de esta posición encontraron terreno fértil y acogedor en los medios masivos de comunicación. Algunos de ellos, contra toda la evidencia histórica mintieron con la afirmación de que ninguna huelga había rendido resultados positivos. Durante los primeros días y semanas, los estudiantes enfrentaron dos fuerzas adversas: 1) un gobierno insensible que manifestó una docilidad vergonzosa ante las imposiciones de la Junta, y 2) unos medios de comunicación (radio, televisión y periódicos) que pretendieron aislar la huelga de la opinión pública y derrotarla. Mientras esto sucedía, los estudiantes manifestaron una idea que fue ganando terreno: el cierre de la Universidad era el proyecto de la Junta y del gobierno, de ambos, y la huelga inicial del Recinto de Río Piedras lo que hizo fue comenzar a abrir el debate de la Universidad en todo el país. Frente a una embestida hostil de los medios, apostaron a la democracia en una asamblea nacional de todos los recintos que tuvo una asistencia de más de 10,800 estudiantes. El resultado fue un voto que amplió la huelga a ocho recintos. Después de esta concurrida asamblea nacional, el Recinto Universitario de Mayagüez tuvo otra asamblea con una asistencia impresionante y también se unió a la huelga.
La extraordinaria ampliación de la huelga, las movilizaciones estudiantiles, la protesta llevada a diferentes lugares del poder financiero que pretende destruir la Universidad, ha tenido efectos de notable alcance. El estudiantado en acción, presente en la calle y en los medios, ha logrado un cambio considerable en la opinión pública. Un aspecto significativo de esta transformación se relaciona con la amplitud de miras del movimiento estudiantil. Con su presencia y su militancia han penetrado la opinión pública exigiendo la auditoría de la deuda. El país cada día entiende mejor la necesidad de saber cómo se obtuvo el dinero adeudado y cómo se gastó. Los estudiantes no han cerrado la Universidad pública. La han llevado a la calle con una energía extraordinaria. En varias ocasiones han manifestado su protesta frente a un Capitolio podrido que legisló para eliminar la posibilidad de hacer una auditoría de la deuda y trabaja en cuartos oscuros contra el pueblo.
El estudiantado ha hecho generosamente su tarea. Ha logrado mover a muchos administradores a oponerse y resistir los designios de la Junta. Ha recibido el apoyo de amplios sectores docentes y de otros sectores de la comunidad universitaria. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y otros sectores docentes organizados, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y otras organizaciones se han sumado al esfuerzo estudiantil. También lo han hecho múltiples organizaciones externas a la Universidad.
Pero hace falta más, mucho más, para detener la Junta de Control Fiscal y al gobierno. El ataque a la Universidad no es algo aislado. Viene unido a la reforma laboral ya aprobada por la legislatura para eliminar derechos adquiridos, viene unido a la imposición del empleador único, a los recortes en los sistemas de retiro, a todos los intentos de dejar totalmente desarmado al pueblo trabajador y al establecimiento de la incineradora en Arecibo. La lucha universitaria, hoy por hoy, encarna la vida de resistencia de Puerto Rico. No debe existir en torno a ella ni un vacío laboral ni un vacío de pueblo. La Junta de Control Fiscal y el gobierno que la apoya, se pueden derrotar. Pero exigirá una amplia unidad para lograrlo. Un buen momento para comenzar a dar pasos en esta dirección podría ser el primero de mayo. Por encima de cualquier división interna, debe estar la convergencia de fuerzas, el llamado a todo el pueblo que ahora sufre y sufrirá mañana, para establecer una unidad de propósito: derrotar la Junta de Control Fiscal y al gobierno de conducta colonial a su servicio. Solamente unidos el éxito es posible.
