Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
gvazquez@claridadpuerorico.com
En situaciones de crisis o desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano, incrementa la violencia de género. Voces de mujeres, un estudio publicado por el Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho (INTER-MUJERES), en 2018, señala que el número de mujeres asesinadas por sus parejas se duplicó luego del paso de los huracanes Irma y María:
“Durante los primeros ocho meses del 2017, es decir, antes de los huracanes, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas fue de siete mientras que, durante ese mismo periodo del año 2018, catorce mujeres han muerto a manos de sus parejas…”.
Tras la orden de cuarentena por el Coronavirus preocupa que se disparen nuevamente los casos de violencia de género en la Isla. Esto considerando que una víctima puede estar encerrada en su casa con su agresor.
En ocasiones anteriores, entiéndase, tanto los huracanes Irma y María como los temblores, el gobierno ha procedido con protocolos regulares que no toman en consideración este problema. Está demostrado que las organizaciones feministas y que brindan servicios a mujeres que son víctimas de discriminación o violencia de género están mucho más preparadas.
La licenciada María Dolores Fernós, profesora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y miembro de la Junta Consultiva de INTER-MUJERES, expresó a pesar de que muchas de estas organizaciones han preparado protocolos, censos, redes de recomendaciones, entre otras medidas, eso no evita que vayan a surgir situaciones de violencia. Sin embargo, reconoció que en una situación de esta naturaleza no es fácil implantar todas las medidas que se quisieran.
Cartas a la gobernadora
El pasado lunes 16 de marzo dos organizaciones, Coordinadora Paz para la Mujer, Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y Agresión Sexual, se dirigieron a la gobernadora mediante una carta cuestionando que los albergues que trabajan para proteger a las personas sobrevivientes de violencia de género no fueron definidos como servicios esenciales. Igualmente solicitaron que estos fueron incluidos en la lista de servicios esenciales.
Solicitaron también definir cómo se manejarán, de ser necesario, las pruebas para el coronavirus de las personas albergadas; garantizar el acceso a los albergues de extenderse esta situación; que se priorizara el desembolso de los fondos provenientes de agencias gubernamentales, considerando que muchas de estas suspenderían sus operaciones; que se delegara a una persona de enlace con estas agencias; que las agencias pertinentes (Administración de Tribunales, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Policía, Departamento de Justicia y Procuradora de las Mujeres) divulguen su plan para garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de las víctimas sobrevivientes.
Por otra parte, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico pidió a la gobernadora que creara un “task force” o grupo compuesto por expertos y expertas de los asuntos sociales para atender a personas LGBTTQI+, adultos mayores, niñez, mujeres víctimas de violencia de género, personas encarceladas, personas sin hogar y personas con diversidad funcional, entre otras.
Órdenes de protección
Sobre las medidas tomadas por el tribunal, la licenciada Josefina Pantoja, abogada en la Corporación de Servicios Legales y coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, explicó que la vigencia de las órdenes de protección se extendió para que las víctimas no tuvieran que acudir a los tribunales a buscarla en caso de que expiraran.
“Entendemos que son muchas cosas, pero esto es una prioridad porque es un asunto de vida o muerte también” manifestó.
En las redes sociales ha circulado material informativo sobre asuntos que la Rama Judicial de Puerto Rico estará atendiendo durante esta emergencia. Algunos de estos son las órdenes de protección, traslado o remoción de menores y asuntos urgentes que pudieran surgir en casos de relaciones de familia y menores.
La Rama Judicial coordinó con la Policía de Puerto Rico para que, en algunas regiones judiciales, las solicitudes de órdenes de protección se puedan atender a través de sistemas de videoconferencia.
Fernós advirtió que las fuerzas policíacas y judiciales tienen que atender esto sabiendo que la violencia de género se incrementa y no se reduce: “Tenemos que estar pendientes porque el crimen puede reducirse porque hay cuarentena, la gente no puede salir de noche, no va a haber ‘carjacking’ como antes porque los carros no están circulando, los robos domiciliarios tampoco, pero lo que no se reduce es la violencia de género dentro de la relación de parejas, ahí se recrudece”, añadió.
Pantoja señaló por su parte que el problema de la violencia de género luego de una crisis como esta es un problema mundial, no un miedo infundado ni paranoia, sino una realidad bien documentada que es importante que el gobierno tenga en cuenta.
