Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Hasta el presente, el Comité Oficial de Retirados (COR) ha facturado sobre $18 millones del dinero público en servicios legales por su participación en los litigios de quiebra y lo único que ha hecho es negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF), que en lugar de un recorte de 20% de las pensiones, el recorte sea de un 8.5%. El impacto mayor lo recibirá el magisterio, cuyas pensiones sean sobre $1,200, pero que no reciben Seguro Social. Se estima que un 74% de los maestros retirados va a recibir recortes.
Así lo denunció a CLARIDAD la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD), licenciada Eva Prados Rodríguez, días antes de que la Junta de Control Fiscal anunciara la radicación del Plan de Ajuste de Deuda. Al menos hasta el momento del anuncio del plan la gobernadora Wanda Vázquez Garced no había contestado una solicitud de reunión de los diversos grupos de pensionados. Prados Rodríguez criticó que la Gobernadora sí se ha reunido con la JCF y con el COR.
“Ese es uno de los reclamos. Por más que ella diga públicamente que va a proteger las pensiones, que para ella son una prioridad, sus acciones no van con su palabra”.
El viernes en la tarde la gobernadora en un mensaje dirigido al país expresó su apoyo al Plan de Ajuste de Deuda presentado por la JCF. Según ella, está convencida de que “la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del plan de ajuste fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”. También afirmó que el proceso del plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y que estará “muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico”.
Por su parte, Prados Rodríguez señaló a CLARIDAD que son falsas por completo las declaraciones del portavoz del COR Miguel Fabre Ramírez de que el acuerdo no necesita legislación. Indicó que la Ley Promesa dispone que para que se pueda aprobar un ajuste de deuda el plan tiene que tener una ley habilitadora. “Así que ese argumento de que van a llevarle todo a la juez y que es ella quien va a decidir imponer el recorte a las pensiones no es así. Promesa exige a la juez la legislación, por eso es importantísimo que tanto la Legislatura como la Fortaleza se mantengan pidiendo a la Junta que se busquen alternativas para evitar el recorte a las pensiones”.
La coordinadora del FCDA reveló que hasta ahora han tenido reuniones con algunos legisladores. Critic que el COR se harta de decir que les lleven alternativas, pero no se reunieron con la Legislatura y tampoco se reunieron con el pasado gobernador. Pero ahora prefieren reunirse con la Junta, aun cuando los legisladores han demostrado apertura.
Reaccionan los maestros
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FAPR) es una de las primeras organizaciones sindicales en reaccionar sobre el acuerdo. Un nutrido grupo de maestras y maestros protestó el domingo frente a La Fortaleza.
“La gobernadora Wanda Vázquez Garced le dio la espalda a los empleados públicos al respaldar los intentos de la Junta de Control Fiscal de recortar las pensiones vigentes a los jubilados y dejar sin retiro a los activos” afirmó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación, a la vez que hizo un llamado al magisterio a votar en contra de cualquier acuerdo que no proteja las pensiones.
En conferencia de prensa este domingo, la presidenta de la FMPR calificó de contradictoria la postura de la Gobernadora de oponerse a los recortes en las pensiones, pero a la vez asegurar que la mejor alternativa en esta encrucijada es la aprobación del Plan de Ajuste Fiscal, que dispone reducciones de un 8.5% en las pensiones mayores de $1,200 mensuales. “La Gobernadora se burla de nuestros jubilados y jubiladas y se desenmascara como un instrumento más de las políticas de austeridad contra los ciudadanos”, criticó Martínez Padilla.
En el caso de los maestros, la Federación explicó que las propuestas de la JCF incluyen recortar en un 8% las pensiones mayores de $1,200 mensuales, aumentar la edad de retiro y eliminar las pensiones vitalicias a los trabajadores activos cuando se retiren. Se estima que el 74% de los jubilados se verá afectado. Los activos recibirán una pensión al momento de retirarse de solo el 40% de sus sueldos, lo que representa una reducción del 35% de lo que tienen derecho actualmente.
“Este acuerdo incluso no garantiza una estabilidad en las pensiones de los jubilados del país. Varios economistas han planteado que las condiciones impuestas para el pago de la deuda implicará que al cabo de pocos años se registrará una nueva quiebra y se impondrán nuevos recortes”, aseveró Martínez Padilla.
La Federación también dejó claro que el Plan de Ajuste Fiscal fue sometido por la Junta al Tribunal Federal; pero no ha sido aprobado. El plan requiere que se realice una votación sobre las medidas para recortar las pensiones a los jubilados y que la jueza Laura Taylor Swain lo apruebe. En ese proceso el plan estará sujeto a múltiples enmiendas, como ocurrió en el caso de la quiebra de la ciudad de Detroit. “Esto permite que organicemos la resistencia y nos preparemos para que el país desarrolle una lucha capaz de derrotar las propuestas que buscan sumirnos en la pobreza”, explicó Martínez Padilla.
“Atropello criminal”
El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño PIP) Juan Dalmau Ramírez, calificó el acuerdo como un atropello criminal, que penaliza a quienes menos culpa tienen, mientras protege a los especuladores buitres y a los funcionarios responsables de la deuda.
En conferencia de prensa el pasado lunes los legisladores del PIP junto a sus comisionados electorales reiteraron que el recorte de pensiones impuesto por la JCF y aceptado por la gobernadora, “empobrece injustamente a los jubilados sin que represente un alivio real al problema de la deuda, que continúa siendo insostenible, a la vez que descarta la posibilidad de generar ingresos de fuentes ya identificadas, como la piñata de beneficios contributivos, que significa para el país el dejar de percibir 20 mil millones cada año. Ahí está el dinero para Centro Médico, para Educación Especial, para la Universidad y para las pensiones”.
La vicepresidenta del PIP, licenciada María de Lourdes Santiago, indicó que el plan, en primer lugar, había que verlo en su justo contexto, ya que los pagos a los que nos obliga el Plan de Ajuste atienden solo la deuda del Gobierno Central, por lo que se suma a los onerosos acuerdos de COFINA y de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) ya aprobados, y que, como han señalado economistas de renombre, sigue imponiendo una carga insostenible, que no se va a poder pagar. “Las renegociaciones no son el ‘fin de la quiebra’; son el empujón a una segunda quiebra”, indicó.
Mientras, el comisionado electoral alterno, Adrián González, señaló que, aun dentro del complejo escenario fiscal existen iniciativas que pudiera asumir el Gobierno de Puerto Rico, que de manera inexplicable se han descartado. Según expuso, el Departamento de Hacienda ha admitido que cada año concede $20,614 millones en incentivos, exenciones y créditos contributivos, de los cuales $16,000 millones son a corporaciones. Con la recuperación de apenas un 10% de esa cantidad, el país no tendría que recurrir a medidas de austeridad como el recorte de pensiones.
El portavoz en la Cámara, Denis Márquez, denunció que el Plan también incluirá un recorte de $7,300 millones para acreedores no asegurados, como pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños suplidores del gobierno y para sentencias adjudicadas contra el Estado Libre Asociado (ELA) por violación de derechos civiles y laborales. “Son miles de millones de dólares que no hay duda de que se le deben a puertorriqueños que proveyeron bienes y servicios o que sufrieron daños causados por el Estado, pero terminarán cobrando menos que ciertos especuladores”.
Los legisladores del PIP anticiparon que se opondrán a toda iniciativa legislativa que pretenda viabilizar el recorte de pensiones.
Este lunes miembros del Frente Ciudadano, de Construyamos Otro Acuerdo (COA), y la FMPR realizaron un cacerolazo, frente a la casa de José B Carrión, mientras retirados de la Universidad de Puerto Rico protestaron frente a la Fortaleza.
