Por Manuel de J. González/CLARIDAD
El Código Civil recién aprobado por la Legislatura tiene partes buenas, que son el producto de más de 20 años de trabajo. Durante ese tiempo personas muy capaces y bien intencionadas hicieron aportaciones a un cuerpo normativo que, en su mayor parte, tiene más de un siglo de aprobado. El problema fue, que ese trabajo serio fue a dar al escritorio de la legisladora María M. Charbonier quien, motivada por su fundamentalismo religioso y sus prejuicios, como no podía poner en blanco y negro lo que de verdad pretendía, le introdujo píldoras que, como semillas del mal, sacarán sus espinas más adelante.
Entre los buenos cambios está, por ejemplo, la sección que atiende lo relativo al derecho sucesorio. Pero esas aportaciones positivas han quedado opacadas por la mentalidad retrógrada de la mayoría legislativa que, capitaneada por Charbonier, además de atropellar el proceso, corrompieron con sus píldoras y con su vaguedad, el buen trabajo de los otros.
Entre estas bombas de zapa está la figura del “no nacido”. Una de las normas legales contenidas en el Código vigente es que la vida, con los derechos y obligaciones asociados a ella, comienza con el nacimiento. Ahora, por obra y gracia de Charbonier, están sobre del tapete los llamados “derechos del concebido, pero no nacido”, una figura jurídica que tendría consecuencias funestas en cuanto al poder de la mujer sobre su cuerpo, entre muchas otras cosas. Hace bastante tiempo que los grupos fundamentalistas estaban tratando de poner eso en la ley. Ahora lo lograron.
Cuando el proyecto llegó al Senado (donde está Nayda Venegas, socia de Charbonier en asuntos de fe) trataron de encubrir la píldora añadiéndole la frase de que esa nueva redacción “no menoscabaría derechos constitucionales”, pero dejaron el fraseo original inalterado. Con lo que ya estaba y lo que añadieron en el Senado, conformaron un Franquenstein que irá abriendo los caminos que ellos quieren abrir.
Entra las muchas píldoras que la Legislatura del PNP le introdujo al trabajo que ya estaba hecho, está también la relacionada con la manera cómo se dispondrá de propiedad pública, asunto que, como sabemos, ha dado pie a tanto acto de corrupción. La norma vigente establece un procedimiento bastante riguroso para que se autorice el traslado de un bien público a manos privadas, con intervenciones de agencias reguladoras, como la Junta de Planificación, y la propia Legislatura. Ahora lo flexibilizan introduciéndole vaguedad y dejando el mecanismo a merced de futuros reglamentos. ¡Si con las normas que había se traqueteó, imaginemos lo que nos viene encima!
El Código Civil no es una ley más, sino un conglomerado de miles de artículos que rigen nuestra vida desde el nacimiento hasta después de la muerte. En lugar de atender todos esos asuntos mediante leyes separadas, en la Francia napoleónica nació la idea de juntarlas en un solo documento que, en realidad, es la suma de cientos de leyes. El Código que tenemos en Puerto Rico llegó desde España en 1889 y desde entonces ha sufrido múltiples revisiones. Prácticamente todos los años se legisla algún cambio en uno de sus millares de artículos. No es mala idea hacer una revisión general, con una visión integral que lo modernice y lo haga más efectivo. El problema en manos de quién se deja la encomienda.
EL NUEVO PLEBISCITO
Mientras nos endilgaban su versión del Código Civil, la Legislatura aprobó legislación para imponernos otra consulta de estatus, de manera simultánea con las elecciones generales del próximo noviembre. En esta ocasión la mano que dirigió el proceso es la de Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado.
Este sería el cuarto plebiscito impuesto por algún gobierno del PNP, desde que Pedro Rosselló llegó a la gobernación en 1993. Tratando de lograr una mayoría a favor de la anexión, desde entonces han jugado muchas cartas. En la primera convocaron a una consulta del modo tradicional, con las tres fórmulas y, contrario a lo que esperaban, ganó el “ela”. Entonces procedieron con otro plebiscito, dejando fuera a ese “ela”, pero el Tribunal Supremo, que en ese momento no controlaban, les obligó a incluir “ninguna de las anteriores” como alternativa, que resultó victoriosa. La tercera movida vino en 2012, con una consulta doble, primero preguntando si se quería un cambio de estatus y luego votando por alternativas que también excluían el “ela”. Así lograron una “mayoría” a favor de la estadidad, pero con el 45% de los votantes dejando la papeleta en blanco.
En esta ocasión, en la nueva convocatoria para noviembre, se atrevieron con una votación estadidad Sí o No, aunque en las definiciones tratan de enfangar un poco el No, advirtiendo que entonces se quedaría la colonia actual. De esa manera buscan que los opositores a la estadidad que también rechazan la colonia opten por no votar.
Coincido con los que afirman detrás de esta nueva consulta está el propósito puramente electoralista de darle una razón más a los del PNP para ir a votar, a pesar del malestar general creado por el Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Además de ese hecho, creo que el liderato PNP entiende que este es el mejor momento para buscar una mayoría a favor de la anexión, porque tras el huracán de 2017, los terremotos y la pandemia, la dependencia de las aportaciones federales se ha disparado.
Aun teniendo presente lo anterior, creo que la nueva movida de los anexionistas es temeraria y debemos hacer todo lo posible para que les rebote en contra. Para los “estadolibristas”, de todas las tendencias, no hay limitación para optar por el No porque, en última instancia, la selección es entre la anexión y el estado actual. Tampoco debe haber limitación para los soberanistas e independentistas. El PNP ha puesto sobre el tapete la posibilidad de expresar un rechazo contundente a la anexión y parece tentador aceptar su reto.
