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Las siguen matando

CLARIDAD

 En este espacio de ordinario se comentan los eventos noticiosos de un país enfermo de colonialismo. Como la enfermedad es grave, y la realidad circular, casi siempre hay de qué hablar. Hoy, por ejemplo, podríamos escribir de la lucha de los trabajadores contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el indignante contrato con LUMA. Miles ya han sido desplazados y, ante el monumental abuso, se levanta una protesta que no escuchan.

Pero hay otra realidad desdoblándose ante nuestros ojos que reclama atención. Esta también es repetitiva, aunque, más que circular, se mueve en espiral. Quien miró las noticias que conmovieron a Puerto Rico durante el fin de semana del 1ro de mayo sabe que me refiero a la peor manifestación de la violencia contra la mujer, el feminicidio, el asesinato por ser mujer.

Son muchos los nombres que se han ido juntando en el Puerto Rico de los últimos años. A esa larga lista de mujeres asesinadas o mutiladas se unen Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz, ambas jóvenes, trabajadoras, alegres y con evidentes deseos de vivir. Dos más, o dos menos, es demasiado, pero en estos casos se juntan situaciones que enervan un poco más. En ninguno de los dos casos la muerte fue el resultado de una reacción espontánea, producto del arrebato de una conducta enferma. En ambos hubo planificación y acecho, junto a una incompetencia institucional que, además de ser su cómplice, estimuló al asesino.

Andrea se sabía en peligro, ante el acecho y ante los actos de quien fue su pareja. El miedo que debió haber sentido no la paralizó y acudió a las instituciones que, según la ley, los manuales y la propaganda oficial debían protegerla: primero el Tribunal, luego la Policía y el ministerio fiscal, y otra vez el Tribunal. Nadie la ayudó.

La “orden de protección”, esa que en muchas ocasiones se emite y sólo algunas veces efectivamente protege, ni siquiera llegó, porque la juez asignada, Ingrid D. Alvarado, no convocó a la vista que la ley y hasta el sentido común reclamaba. Ante ese primer portazo, insensible y cruel, Andrea no se detuvo. Su segunda gestión fue acudir a la Policía desde donde trasladaron su pedido a Fiscalía, como mandata el manual. Tras esa intervención por fin llegó la añorada vista.

No conocemos cómo transcurrió la audiencia, pero sí sabemos que concluyó en el “no ha lugar” que tantas veces los jueces dictaminan sin dar explicaciones, porque ninguna ley ni regla les ordena darlas. Luego de ese segundo portazo, más doloroso que el primero porque una juez la escuchó y no le creyó o, peor aún, ni siquiera la escuchó, dicen los informes de prensa que Andrea se sentía “desanimada”. La palabra debió ser burlada, rechazada o, al menos, frustrada ante la inacción de la institución que el país creó para que la protegiera. El fiscal, por su parte, pudo haber seguido en alzada, pero ya tenía un caso menos en la lista y la sensación de haber cumplido.

Ese sistema diseñado para proteger a una potencial víctima de violencia machista, aun operando, a veces no resulta efectivo, pero en este caso sólo sirvió para estimular al asesino. Es lo que pasa siempre cuando se manifiesta la impunidad. El agraciado se siente estimulado porque ni siquiera la advertencia del juez o jueza lo persigue.

Desde la presidencia del Tribunal Supremo ya se anunció la consabida investigación y ojalá sea rigurosa, no para salvar a Andrea, sino para que al menos, la impunidad no resulte absoluta. De mi brega en los tribunales sé muy bien que el problema de la judicatura boricua, contrario a otros lugares, no es corrupción, sino la incompetencia que nace del patronazgo político. Pocos llegan al cargo sólo por sus méritos, sin depender del empujón de algún padrino. A veces el agraciado resulta ser un buen juez, pero no se le escoge por eso.

A Keishla Rodríguez no le falló el sistema judicial. Tal vez en sus 27 años ni siquiera se acercó a la sala de algún tribunal. No le dieron tiempo para gestionar ayuda. A pesar de la franqueza, la alegría y la ternura que proyectan sus fotos, el machismo orquestó una ejecución de tipo mafioso, de esas que se hacen con saña, en las que la muerte es un castigo. En su caso, lo que precipitó el castigo es haber quedado embarazada.

Por esas horribles particularidades y, además, por ser el sospechoso una figura pública, el interés mediático se ha disparado, llegando en ocasiones a lo morboso. Con esa realidad, producto del afán de “rating”, tenemos que vivir, pero la cubierta noticiosa no es el problema. El dedo tiene que seguir apuntando hacia un aparato público que habla y pocas veces actúa.

Desde hace años se viene clamando por un diseño institucional que ataque la violencia machista en su raíz, pero avanzamos a paso de tortuga. Hasta hace poco tuvimos una gobernadora que se burlaba del feminismo, resistiéndose a reconocer la crisis que afecta las mujeres. El que la sustituyó, reconoció oficialmente el ambiente de crisis, sin que hasta ahora ese reconocimiento se traduzca en acciones efectivas. La Oficina de la Procuradora de la Mujer se ha tornado inoperante como resultado de repetidos nombramientos políticos. En la judicatura, por su parte, se anuncian “salas especializadas” contra la violencia de género, pero, como vimos con Andrea, los fallos del sistema son frecuentes

Donde radica el poder real, el del colonizador que actúa por conducto de la Junta de Control Fiscal, la situación es aún peor. En estos días el amigo José Rivera Santana denunció que los $7 millones presupuestados por el gobierno para atender la violencia de género, fueron reducidos por la Junta a sólo $200 mil. Para los procónsules con unos centavos basta.

Es ahí es dónde radica el problema y no en el sensacionalismo de la prensa.

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