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Las Vicisitudes de las Comunidades del Caño Martín Peña con los “Traficantes de Sueños”

 

Especial para CLARIDAD

El 25 de enero de este año 2021, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. dio notificación pública sobre su decisión de excluir el Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña del plan de trabajo para el año fiscal 2020-21. Angustiosa y frustrante noticia. Este proyecto es crítico para su realización pues es el que provee para el dragado y canalización del tramo obstruido del Caño Martín Peña.. Como se sabe, el cauce del tramo este del canal está seriamente comprometido con escombros y otros materiales vegetativos que prácticamente impiden el flujo natural de agua por el mismo. La restricción del flujo impide que la escorrentía de las aguas de lluvia pueda fluir con facilidad, lo que provoca serias inundaciones recurrentes en grandes sectores de las comunidades del Caño. Estas aguas de inundación, a su vez, están altamente contaminadas con aguas sanitarias sin tratamiento que resultan de la carencia del servicio de alcantarillado en algunos sectores y de escapes de tuberías sanitarias obsoletas dentro de las comunidades y de troncales sanitarias regionales de la AAA que provienen de sectores al norte y al sureste del Caño y discurren bajo el lecho del Caño y paralelas al mismo. Las inundaciones recurrentes, anuales, que la situación descrita produce, constituyen un serio problema de salud pública y salud ambiental para cerca de 26,000 seres humanos que viven en el sector. Esta situación ha estado prevalente por décadas.

El Caño Martín Peña tiene una extensión de 3.75 millas entre la Bahía de San Juan y la Laguna San José. En la primera mitad del siglo 20, el canal tenía un ancho que variaba entre 200 y 400 pies y estaba bordeado por un bosque de manglar en ambas riberas. A través de éste discurrían dos veces al día, un caudal impresionante de agua provocado por las mareas astronómicas que entran a la Laguna La Torrecilla, se desplazan-por el Canal Suárez, descargan en la Laguna San José y de aquí a través del Caño, descargan en la Bahía de San Juan. El movimiento de agua diario entre la Laguna San José y la Bahía de San Juan permitía el desalojo y procesamiento de las cargas de contaminantes que se recibían mediante descargas directas e indirectas en estos cuerpos de agua. Hasta finales de la década del 1960 la Junta de Planificación autorizaba proyectos de urbanización cuyos alcantarillados sanitarios descargaban directamente a los cuerpos de agua pues había muy pocas, si algunas, plantas de tratamiento de aguas usadas. Múltiples urbanizaciones, condominios y otros asentamientos urbanos utilizaban la Lagua La Torrecilla, la Laguna San José, la Laguna de El Condado y el litoral del océano Atlántico como medio de disposición de las aguas sanitarias. En ese tiempo se asumía que la dilución de las aguas usadas en un volumen sustancialmente grande de un cuerpo receptor era suficiente para prevenir la contaminación. De hecho, se acuñaba una frase que en inglés se refería a “dilution is the solution for pollution”.

En principio, esta práctica de manejo ambiental tenía algún grado de eficiencia puesto que, por un lado, la magnitud de las descargas sanitarias era pequeña en relación al volumen de los cuerpos de agua receptores, y por el otro, el ecosistema estuarino, caracterizado por los bosques de manglar, eran suficientemente robustos y abundantes como para procesar y asimilar las sustancias y nutrientes contenidas en las aguas usadas. Para 1956 escribía Eduardo Barañano (Plan Regional del Área Metropolitana de San Juan; Junta de Planificación de Puerto Rico, 1956) que menos del 28% de la población urbana en el área metropolitana de San Juan contaba con servicio de alcantarillado sanitario. Éste consistía de tuberías para recoger las descargas sanitarias de las edificaciones y transportarlas a los cuerpos de agua de lagunas y del litoral costero. A ese tiempo existían, al menos, 30 descargas puntuales a la bahía de San Juan, al Océano Atlántico (entre El Condado e Isla Verde), a la Laguna de El Condado y a la Laguna San José. A esa fecha de 1956 se estaba comenzando la construcción de la planta de tratamiento de aguas usadas de Puerto Nuevo la cual daría servicio regional de alcantarillado sanitario. Recuerdo cuando comenzaba mis estudios de planificación que en 1974 un profesor nos indicaba que, a ese tiempo, estaban descargando cerca de 18 mil unidades de vivienda de apartamentos en la Laguna de El Condado que la mantenían en nivel serio de contaminación pues se había alterado el intercambio de agua entre esa laguna y el océano como resultado de la reconstrucción hecha al puente Dos Hermanos.

El Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña supone el dragado de 2.2 millas de la mitad este del Caño entre la Laguna San José y el puente de la avenida Muñoz Rivera. Según estudios técnicos realizados por la Corporación (“Hydrologic-Hydraulic Analysis for The Caño Martín Peña Ecosystem Restoration Project; GLM Engineering Group; June 2020) el dragado y canalización propiciará una mejora sustancial en los niveles de oxígeno disuelto y una mejor estratificación de los niveles de salinidad en las aguas del Estuario, un incremento notable en la biodiversidad y mejoría general de los parámetros físicos, químicos y biológicos de todo el sistema del Estuario de la Bahía de San Juan. Probablemente de importancia mayor, el proyecto permitirá la revitalización de las siete comunidades del Caño que proveerá para una mejora dramática en las condiciones de la salud humana y de las condiciones de vida de toda la población del área. El beneficio agregado de este proyecto se hace extensivo, además, a las comunidades de residentes al norte de la laguna, como las urbanizaciones de Los Ángeles, Laguna Gardens, La Marina, entre otras. También asegurará el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín al mejorar el sistema de drenaje de las pistas de aterrizaje las cuales conectan a la Laguna San José.

Las gestiones de la Corporación del Proyecto ENLACE con el Cuerpo de Ingenieros comenzaron formalmente en el 2004 (hace cerca de 17 años) cuando esa entidad federal validó, mediante un estudio, el interés en llevar a cabo el dragado del Caño, reconociendo, además, su justificación a nivel ambiental y económico. Con ese reconocimiento y la gestión de la Corporación, el Congreso federal autorizó el dragado del Caño en el 2007 (hace 14 años) como un proyecto primario de protección contra inundaciones y de restauración del ecosistema estuarino; en esa aprobación se autorizó el uso de hasta $150 millones. En el año 2012 (hace 9 años) el Cuerpo de Ingenieros y la Corporación firmaron un acuerdo mediante el cual esta última le transfiere fondos públicos de Puerto Rico al Cuerpo de Ingenieros para que supervisara y llevara una revisión técnica del proceso de estudios de viabilidad y de Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de dragado gestión que representó una inversión de $3 millones. En 2016 (hace 5 años) el Cuerpo de Ingenieros firmó el Acuerdo de Diseño para llevar a cabo los trabajos de pre-construcción, ingeniería y diseño para el primer contrato de construcción del dragado. Este Acuerdo suponía la inversión de $3.85 millones, de los cuales el 35% fueron fondos del Pueblo de Puerto Rico. A enero de 2021, se habían asignado $5.6 millones, de los cuales $3 millones representan el pareo provisto por ENLACE mediante una combinación de dinero en efectivo y en especie, de manera que el contrato para iniciar la construcción y desarrollo del dragado está listo, pero ha sido pospuesto ya que el Cuerpo de Ingenieros tiene otras prioridades que ocupan su agenda de trabajo y posponen su colaboración en este proyecto.

La situación con el Cuerpo de Ingenieros y el Proyecto ENLACE me hace recordar las circunstancias en las que esa agencia federal ha manejado los proyectos de canalización de cuerpos de agua en Puerto Rico. La experiencia histórica dice que esa agencia, independientemente de su eficiencia técnica, es exageradamente burocrática y extremadamente lenta en la ejecución de los proyectos en los que se involucra. Tomemos como ejemplo la historia de la canalización del río Piedras. En junio de 1970 se produjeron lluvias severas e inundaciones significativas en la cuenca del río Piedras que provocaron daños multimillonarios a sobre 900 familias en Puerto Nuevo y a muchos comercios en el Sector Bechara, adyacente a la Avenida Kennedy. En octubre de ese mismo año se produjeron nuevas inundaciones provocadas por una depresión tropical que se tornó estacionaria por cinco días cerca de Puerto Rico (Coastal Flood Hazards and Responses in Puerto Rico: An Overview; Department of Natural Resources Planning Area; February 1980). Como resultado de esos eventos de inundaciones, el gobierno decide llevar a cabo la canalización del río Piedras, actividad que se encomendó a la Secretaría de Control de Inundaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Poco tiempo de iniciadas las labores de estudio y diseño, se decidió encomendar el proyecto al Cuerpo de Ingenieros. Esa entidad inició el estudio de viabilidad en el 1978 y completó el llamado Survey Report en octubre de 1984. El Congreso federal autorizó el proyecto en noviembre de 1986 (hace 35 años) a un costo total estimado entonces de $234 millones.

Pocos años después de esta fecha comenzaron los trabajos de dragado y canalización del proyecto, cuyo costo no conozco al presente, pero que estoy seguro de que a esta fecha excede los $1,000 millones. A modo de ejemplo, en octubre de 2010 se autorizó un contrato por $520.3 millones solamente para completar los trabajos de la quebrada Margarita, tributaria del río Piedras. Recientemente el Cuerpo de Ingenieros indica que, para llevar a cabo las actividades pendientes de construcción de la canalización desde el puente de la Avenida Roosevelt hasta la parte alta de Río Piedra Heights, invertirán otros $1,585 millones. De manera que cuando terminen lo que falta por hacer, (que es por mucho más de lo que hasta ahora han hecho), habrán invertido sobre de $2,500 millones en un proyecto que comenzó hace 43 años y que estimo le tomará completarlo otros 20 años adicionales. Es decir, las familias que esperan la protección de ese proyecto en Puerto Nuevo habrán esperado más de 60 años de su realización. Las circunstancias del río Piedras son muy similares a las que ocurrieron con el proyecto de canalización de los ríos Bucaná y Portugués en Ponce, que también los comenzó el DTOP a principios de la década del 70 y que todavía el Cuerpo de Ingenieros no ha entregado de forma definitiva.

Me resulta de gran significado saber que antes que se encomendara al Cuerpo de Ingenieros el llevar a cabo obras de control de inundaciones en Puerto rico, los ingenieros puertorriqueños del DTOP y luego del DRNA realizaban esas obras a un costo relativamente más bajo, con gran certidumbre en la programación del tiempo de inicio y terminación de construcción el cual era razonablemente corto, y con igual y quizás mayor eficiencia desde el punto de vista de ingeniería hidráulica. Esa Unidad de Control de Inundaciones Puertorriqueña llevó a cabo las obras de canalización del Río Yagüez en Mayagüez, del Río Hondo y Bayamón en Bayamón-Cataño, del Río Humacao en Humacao y de la Quebrada Mendoza en Cabo Rojo, obras que todavía están dando servicio a sus comunidades respectivas.

Pienso que la problemática de inundación y de salud pública de las comunidades del Caño no pueden esperar otras décadas para su solución definitiva. La condición de inundabilidad y de impacto a la salud ocurre ordinariamente todos los años, prácticamente todo el tiempo. Los proyectos de control de inundación a los que en este escrito me he referido afectaban a las comunidades concernidas de forma esporádica y con baja recurrencia de tiempo. La situación del Caño no es comparable a la situación que afecta al río Piedras. El sentido constante de inseguridad, el daño crónico a la salud de miles de niños y de población de mayor edad, la condición de pérdida frecuente de propiedad mueble e inmueble, la aspiración de ‘soltar el nudo’ que tiene maniatado y cautivo el presente y el futuro de la vida y el desarrollo de las comunidades no puede seguir esperando por una decisión burocrática en manos de extranjeros que parecen traficar con la indolencia cuando tratan con comunidades pobres, un claro ejemplo de injusticia ambiental. El Caño y sus circunstancias son únicos en Puerto Rico y corresponde una solución urgente, y también única. No se puede postergar más tiempo el tomar las decisiones correspondientes al dragado y canalización que ya están evaluadas, examinadas y prudentemente acordadas con todos los actores sociales involucrados. Pienso que hay que exigir que el Cuerpo de Ingenieros que revise su decisión de excluir el Proyecto del Caño de su plan de trabajo anual. Y si no está en esa disposición, exigir al Departamento de Vivienda que autorice la financiación necesaria para el proyecto de dragado y canalización del Caño con los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) disponibles y llevarlo a cabo con entidades profesionales y técnicas que no sean los ingenieros federales, tal como se ha hecho con múltiples otros proyectos de construcción en Puerto Rico. No hay tiempo para perder esperando por “traficantes de sueños”, onerosos en tiempo y dinero que parecen no tener voluntad, compromiso ni sensibilidad con las comunidades del Caño Martín Peña. Hay que ponerle fin a esta injusticia. Recordemos las palabras de Doña Consuelo Lee Tapia: “En tiempo de los cínicos la inteligencia cae en el desorden, la corroe el cáncer del no-propósito. Y éste se extirpa con el poderoso bisturí en mano firme y experta. Porque el tiempo de los cínicos siempre se supera asiéndose con bravura a los principios.” (Fragmento del poema En Tiempo de los Cínicos)

 

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