En el año y medio que lleva Ricardo Rosselló en el gobierno hay un área de gestión administrativa que acumulaba pocos titulares negativos: el ambiente y los recursos naturales. No es que recibiera aplausos, porque su atención al problema de las cenizas tóxicas en el municipio de Peñuelas destaca como un ejemplo de manipulación y mal manejo, sino que el tema no aparecía maltratando sus días como sucede con la educación, la salud, las finanzas públicas y la permanente crisis con la electricidad.
Tal parece que Rosselló estaba esperando a cumplir año y medio en la Fortaleza para soltar los caballos contra el ambiente. La pasada semana, en dos acciones casi simultáneas, se abrieron las compuertas para facilitar el aterrizaje de los buitres que estaban planeando sobre reservas naturales y terrenos costeros.
El primer gran zarpazo fue la anulación de siete reservas naturales por parte de la Junta de Planificación. En total, todas estas áreas cubren más de 12 mil cuerdas de terreno costero, seco o sumergido. Tras la fulminante acción de la JP, cualquier buscón de esos que, con un funcionario público al lado, proclaman diariamente su deseo de “ayudar a la recuperación del país”, puede proponer un proyecto que impacte alguna de estas áreas costeras. La Mar Chiquita de Manatí, el área del Río Camuy y Punta Guilarte en Arroyo, son algunas de las áreas de crucial valor ecológico que quedan ahora “open for business”.
Como recordarán, esa “apertura a los negocios” había sido anunciada por el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, hace algunos meses cuando divulgó un catálogo elaborado por su oficina con una lista de inmuebles disponibles para venta o alquiler. Entre los terrenos ofertados estaba la isla Icacos, que es parte del Corredor Ecológico del Noreste. Tras la indignación pública que provocó el anuncio, la isla se retiró del catálogo y el asunto quedó como un “error” o “malentendido”. Ahora, con siete antiguas reservas “abiertas a negocios”, vemos como el malentendido de Laboy no fue tal.
Como ya es costumbre en este gobierno, se recurrió a una mentira casi infantil para encubrir el verdadero propósito tras la anulación. Según la oficial del JP que hizo el anuncio, la acción anuladora era necesaria porque en la designación inicial se había incumplido con los reglamentos de la propia Junta. La alegada reglamentación incumplida fue, ¡vaya usted a ver!, la que promueve la participación ciudadana. El gobierno de Rosselló quiere hacernos creer que debido a su supuesta preocupación por las opiniones de la ciudadanía se procede a eliminar de golpe y porrazo la protección de siete reservas naturales que la propia gente siempre ha querido proteger. ¡El cinismo que brota de esa alegada excusa rebasa los límites!
Mientras todavía se saboreaba la anulación de las reservas ecológicas, Rosselló procedió a convertir en ley una medida de la Legislatura que elimina una sentencia judicial y entrega un pedazo de playa a una empresa privada bloqueando, de paso, un reclamo ciudadano de 22 años. Se trata de cinco cuerdas aledañas al balneario de Isla Verde que, desde 1996, una empresa que ahora se hace llamar CH Properties, operadora del aledaño Hotel Marriot, quiere dedicar a otro desarrollo turístico privado. Posterior a aquel primer intento que levantó la protesta de la ciudadanía, el Municipio de Carolina adquirió los terrenos deteniendo el desarrollo. La acción del Municipio se sostuvo en los tribunales. Ahora, por vía de un mandato de la Legislatura, se quiere obligar al ente municipal a permitir el desarrollo o, en su defecto, entregarle los terrenos al gobierno para que lo viabilice.
La acción de la Legislatura tiene pocos precedentes, pues se trata de legislación dirigida a proteger de manera específica y abierta a una sola empresa, la que se identifica con su nombre. Detrás de la acción legislativa está un senador por Carolina cuyas menciones públicas no arrastran mucho lustre. Su nombre es Eric Correa, hermano de crianza de aquel notorio narcotraficante apodado Coquito, que lleva décadas en la Legislatura sin acciones que justifiquen su abultado salario.
A pesar de sus conflictos recientes con la Legislatura, en particular con el Senado, Ricardo Rosselló se apresuró a convertir en ley el proyecto promovido por Correa. Rencillas aparte, cuando se trata de proteger a empresarios amigos, la hermandad brota. Las dos personas detrás de CH Properties son Pedro Rosario Urdaz, quien trabajó en fortaleza en los tiempos de Pedro Rosselló, y Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, ex jefe de finanzas de Pedro Pierluisi.
Estos dos buitres beneficiados por las acciones de la Legislatura y el Ejecutivo, deben estar muy contentos. También lo están los que ya están planeando sobre las reservas naturales abandonadas. Como quiere la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico está “open for business”. Hace algunos meses la JCF promovió, y en gran medida consiguió, otro objetivo que también resumían con una frase en inglés: “employment at will”. Para hacer cumplir ese objetivo impulsaron la eliminación de casi todas las protecciones legales que tenían los trabajadores puertorriqueños, permitiéndole a los patronos contratar y despedir empleados a bajo costo y como les plazca. Con la excepción de la Ley 80, que garantiza una pequeña mesada en caso de despido injustificado, efectivamente la Junta logró su objetivo de “el empleo a voluntad”. Alcanzada esa meta, le tocó el turno a las reservas naturales que ahora están “open for business”.
