El caso que carga el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por hostigamiento sexual a una agente municipal, ha caído en procesos burocráticos gubernamentales, los cuales provocan poca agilidad a la hora de encontrar una solución a un asunto de tal envergadura. Esa lentitud, mantiene vigilantes y activos a los colectivos feministas que protegen los derechos de las mujeres.
En la coyuntura del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una de las exigencias presentadas por las cientos de activistas convocadas a la Milla de Oro en Hato Rey fue, precisamente, la renuncia inmediata del funcionario municipal.
Asimismo, el viernes 10 el contundente reclamo llegó a la alcaldía de Guaynabo, donde un grupo de manifestantes tomó la plazoleta frente al edificio mientras cantaban consignas sobre la conducta de abuso sexual y hostigamiento con la que se le vincula a O’Neill. Allí, dejaron claro que continuarán las manifestaciones públicas contra el alcalde hasta que este renuncie a su puesto.
De la misma manera, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico creó una petición de renuncia a través de la plataforma electrónica change.org. Esta iniciativa ha sido muy respaldada por miles de personas; tanto así que, en menos de tres días, ya se habían recogido poco menos de 6,000 firmas.
A pesar de que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le han solicitado la renuncia al funcionario, según la licenciada Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la figura del gobernador no puede destituir al alcalde ya que la Constitución del Estado Libre Asociado no le otorga esa autoridad.
La semana pasada, en conferencia de prensa, Rosario reiteró que, aunque la oficina que dirige investiga a O’Neill, son procesos que toman tiempo. Como ejemplo, mencionó el caso del alcalde de Cidra, Ángel Malavé, que empezó en el 2012 y se resolvió “final y firme” en diciembre del año pasado.
Hace dos semanas, a partir de la querella radicada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la situación ha estado presente en la esfera pública, más aún cuando trascendió que O’Neill transó con la víctima por $450 mil la querella de acoso sexual. El gobernador dictó una orden para que la OEG investigue los informes financieros del alcalde y se conozca de dónde este obtuvo el dinero pagado para silenciar el patrón de hostigamiento que sostuvo por varios años.
El Departamento de Justicia (DJ), por su parte, anunció que investiga las circunstancias en las que la mujer policía y O’Neill transaron la demanda y advirtió que se pudieron haber cometido delitos en el proceso.
Por otro lado, la licenciada La Zulma Rosario expresó que la víctima del caso no interesa continuar involucrada en la investigación. Sin embargo, la directora de la OEG la invitó, al igual que a otros testigos, a acercarse a la entidad gubernamental y les aseguró protección.
De no obtener testimonio de la querellante, Wanda Vázquez, secretaria del DJ, reconoció que la investigación será “cuesta arriba”. Agregó que investigaría si la indisponibilidad de la víctima obedece a presión o coacción. De igual forma, aseguró que buscarían otros potenciales testigos.
A raíz de la divulgación de la transacción monetaria entre el alcalde y la víctima, Rosselló Nevares solicitó al funcionario que renunciara, además de su cargo en el municipio, a todas las posiciones de liderato que tuviera dentro del Partido Nuevo Progresista. O’Neill dimitió a sus cargos políticos, pero permanece al frente de la alcaldía.
En medio de este escándalo, también se investiga a nivel federal por hostigamiento sexual al hijo del alcalde, Héctor O’Neill Rosa.
