Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Se ve en el noticiero un mapa de Puerto Rico y varios municipios pintados de azul, la mayoría de la región central, oeste y sur del país; si no son lo más pobres son los más pequeños. La periodista advierte de que el mapa, tal y como lo conocemos actualmente puede cambiar. Lo que sucedería si se derogara la Ley 29 de 2019. Añade que alrededor de 40 pueblos desaparecerían.
Lo anterior resume una noticia que fue transmitida en julio del año pasado. Hace una semana la jueza federal, Laura Taylor Swain, anuló la Ley 29 que exime a los ayuntamientos de aportar al Sistema de Retiro y al Plan Vital de sus empleados. Una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) tras radicar una moción solicitando una sentencia sumaria con tales fines.
La determinación divulgada el martes pudiera dejar insolventes a dos cuartas partes de los 78 municipios cuyos presupuestos dependen sustancialmente del Fondo de Equiparación. En julio pasado, cuando ya se hablaba de las consecuencias que podía tener la derogación de dicha ley, varios alcaldes pidieron que se mantuviera la exención de casi $300 millones para evitar un caos en la prestación de servicios a los ciudadanos. También se opusieron a la eliminación de municipios y catalogaron como un mito que los municipios más grandes pudiesen auxiliar a los municipios más pequeños.
La Ley 29 fue firmada por Ricardo Rosselló en mayo a pesar de que la JCF ya había dicho que la misma era inconsistente con el Plan Fiscal. Desde antes, la administración de Rosselló estaba barajando la posible creación de condados, la consolidación de gobiernos municipales o la fundación de consorcios intermunicipales.
La famosa consolidación de municipios implicaría su desaparición. CLARIDAD abordó el tema en marzo de 2019. Para aquella ocasión el profesor y economista Waldemiro Vélez mencionó que, aunque esto pudiese redundar en costos menores y más ahorros, una pregunta fundamental que el Gobierno había pasado por alto es si aun así se mantendrían los servicios que actualmente se ofrecen a la población o si conllevaría su sacrificio.
Además, sostuvo que un paso trascendental para que esta reorganización sea verdaderamente viable es eliminar el partidismo. De otra manera, no serviría de nada que la nueva estructura se fundamentara en los mismos principios que han llevado a la inviabilidad económica de los municipios. El economista apuntaba a las insuficiencias presupuestarias como la única justificación considerada por la administración de Rosselló para llevar a cabo este proceso. Insuficiencias que al ser consolidadas rondaban los $260 millones anuales, por lo que había y hay que ahorrar para pagarle a los bonistas.
En el comunicado de prensa favoreciendo la decisión de la jueza Swain, la JCF menciona que, a pesar de la disminución en ingresos y población en los municipios a partir de 2017, los municipios no redujeron el nivel de gastos. Swain dio tres semanas al Gobierno y a la JCF para llegar a un acuerdo. Ya veremos qué sucede en el ínterin y cuál será la solución a partir de las negociaciones.
La Junta de Controlademás de establecer la consolidación de servicios municipales como una medida para mitigar las insuficiencias presupuestarias el Plan Fiscal también sugiere una reforma al impuesto sobre la propiedad.
En medio del tira y hala de la JCF y el gobierno y de la crisis pandémico-presupuestaria, es relevante recordar las repercusiones que, como se expone al principio, supone la derogación de la Ley 29 en la organización municipal. Más aun las consideraciones que debería tomar el Gobierno si decidiera ejecutar este proceso que, aunque no ha sido mencionado recientemente, sabemos que sigue ahí. Como también siguen las mismas caras de la asesina administración Rosselló.
