Por Cándida Cotto Hernández/ CLARIDAD
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Al margen de las críticas respecto al proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentadas tanto en Puerto Rico, así como en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos (EEUU), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Política Pública Energética, que se supone establece la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Ahora habrá que ver si en efecto el proceso de privatización lo permite.
El anuncio de su firma se dio este pasado jueves 11 de abril, y según el gobernador: “Hemos diseñado un marco regulatorio para adaptar nuestro sistema energético a uno resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todos los consumidores”. De acuerdo con lo que ordena la ley, la privatización debe proveer una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.
La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario, mediante una alianza público-privada (APP), en o antes del 31 de diciembre de este año. El decreto ordena a la AEE transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o Alianza público privada (APP) y determina que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación. Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor de cinco años.
Además, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
La nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (full retail net metering) para los participantes del Programa de Medición Neta. Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible –que utilice una fuente renovable de energía– puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.
Las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
En cuanto al ente regulador, el Negociado de Energía de Puerto Rico, se anunció que se le aumentará el presupuesto a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular, mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.
La ley también crea un Fideicomiso de Energía Verde, que se supone promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores. El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o dar apoyo financiero a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos. La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microredes en comunidades aisladas y comunidades de bajos y medianos ingresos; también favorecerá el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas.
La ley facilita que los proyectos de energía renovables hagan uso del proceso expedito de permisos dispuesto en la Ley 76-2000. Además, ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030. En cuanto a los trabajadores, la ley –se supone–, garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo.
Para el activista ambiental y exrepresentante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, Juan Rosario, habrá que ver si en efecto los intereses privatizadores van a dar margen a que se pueda establecer la política pública de la nueva ley de producir mediante la energía renovable. Al poner en duda que se alcancen los objetivos, apuntó a que se está hablando de crear un mercado de entre $15 a $20 millones en lo que es la restauración del sistema. Además, no se van a vender los activos de la AEE, sino que se va a usar el modelo de las APP, lo que a su juicio es peor que una venta porque el privatizador se queda con la ganancia. Tampoco favorece a que el privatizador dé paso a los otros modelos de pequeña escala, como proyectos cooperativos, comunitarios, etc. Al igual que otras voces, Rosario denunció que el país no ha tenido una discusión de cuánto gas natural se necesita. Esto es uno de los puntos más criticados del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE, que se concentra en el uso de gas natural.
