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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

La inconstitucionalidad e ilegalidad de la Junta como ente jurídico y la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos son los litigios radicados ante el tribunal en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El pasado viernes 29 de marzo, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Hato Rey el conversatorio Litigios y la Junta de Supervisión Fiscal. Esta actividad tuvo como propósito atender los siguientes asuntos: ¿Cómo los litigios han ido definiendo esa entidad jurídica? ¿Qué límites se han identificado? ¿Qué controversias están desenvolviéndose?

El conversatorio fue moderado por el profesor de Derecho de la Inter, Carlos Ramos, y junto a él había un panel integrado por los licenciados Rolando Emmanuelli, Roberto Maldonado y las licenciadas Jessica Méndez y Judith Berkan.

El profesor presentó a los panelistas. Acto seguido reclamó la necesidad de más grupos de trabajo permanente que estudien las consecuencias de PROMESA de una manera más intensa y extensa, sugiriendo de tal manera, que los esfuerzos realizados hasta el momento cuestionando la legitimidad y legalidad de PROMESA son individuales. 

Expuso como ejemplos la publicación de artículos de revista y libros y la incoación de pleitos, entre los que se incluyen los expuestos durante la actividad reseñada. No obstante, no ha surgido un estudio sistemático desde la Academia sobre los problemas que representa dicha ley. 

Sin embargo, Emmanuelli aclaró en un aparte con CLARIDAD que la actividad de la revista lleva una dirección correcta en la medida en que está enterando sobre este asunto a los estudiantes de Derecho, que son los que escriben en muchos de los números de la Revista Jurídica de esa facultad. 

La abogada Judith Berkan habló sobre el pleito del Centro de Periodismo Investigativo vs La Junta, en donde los primeros exigen toda la información sobre las operaciones de la Junta en la isla, principalmente en lo que respecta a las comunicaciones (correos entre la Junta, el Congreso y otras entidades gubernamentales). 

Explicó que a pesar de que la JCF ha tenido que divulgar información, ha levantado argumentos de privilegios y de razones para no divulgar información adicional. Es por eso que la licenciada sugirió que la actitud negativa de la Junta para entregar documentos se articula como un esfuerzo para entorpecer esa labor de litigación del CPI.

Los licenciados Emannuelli y Méndez expusieron los casos de los empleados de la Corporación del Fondo de Seguros del Estado y el de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Estos casos, a diferencia del que presenta el CPI (que reclama el derecho de libre acceso a la información), plantean la inconstitucionalidad de PROMESA porque en esencia viola las libertades políticas y humanas de los puertorriqueños, amparándose particularmente en la enmienda 13 de la constitución federal. 

“Nosotros estamos alegando que el Congreso no tiene el poder de imponer una ley como PROMESA; que esa ley, en la medida que priva a los puertorriqueños de las más mínimas garantías civiles y humanas, es inconstitucional”, explicó Emmanuelli durante su presentación. 

Méndez expuso que, según resolvió el Circuito, la Junta es un ente territorial y federal, que se costea con fondos públicos; pero ¿hasta qué punto se pueden utilizar fondo públicos para pagar un ente que, aunque territorial, sus integrantes son esencialmente empleados federales? ¿Es eso constitucional?

Hasta ahora se desconoce si el pago de funcionarios federales es constitucional. En todo caso, el Gobierno tendría que plantear que dejaría de pagar ese ente, para crear una controversia y que el tribunal tenga que adjudicar. Si bien la Junta actúa como si no tuviera restricciones, según la jurisprudencia, sí las tiene; pero es el tribunal quien tiene que establecerlas a medida que los litigios se vayan desarrollando.

En cuanto a los reclamos que presenta el caso de Pinto Lugo, dirigido por el licenciado Roberto Maldonado, estos son más amplios considerando que aquí se cuestiona principalmente el poder que tiene la Junta sobre el Gobierno de Puerto Rico. Según puntualizó el licenciado, no es solo que PROMESA sea inconstitucional, sino que tanto la Junta como sus acciones igualmente lo son. Entre otras cosas, Maldonado expuso los conflictos de intereses que tiene el ente federal y además cuestiona las medidas de austeridad que ese organismo ha tomado en contra del pueblo de Puerto Rico. 

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