Llamado al gobierno a que proteja los derechos humanos de las personas afectadas por los sismos

Por la Redacción

Amnistía Internacional, Capitulo de Puerto Rico, (AIPR) hizo un llamado al gobierno de Puerto Rico y al gobierno de Estados Unidos a que garanticen que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción protejan los derechos humanos.

Es muy preocupante que el gobierno de Puerto Rico no haya provisto una respuesta adecuada e inmediata a las necesidades predecibles de las comunidades afectadas por el terremoto. Es inaceptable que quienes quedaron sin hogar, tengan que dormir a la intemperie, sin un techo seguro, sin acceso a servicios básicos, baños, agua potable, alimento y luz eléctrica” dijo la licenciada Annette Martínez, directora de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.

El pronunciamiento es en reacción al comportamiento de ambos gobiernos ante la emergencia que vive el país tras los sismos registrados en las últimas semanas, y en particular los días 6 y 7 de enero.

AIPR denunció que de acuerdo a reportes noticiosos las personas que pernoctan en las noches en lugares públicos sin ninguna ayuda del gobierno, llegan a más de mil. “El Estado tiene la responsabilidad desde el primer día de lo sucedido de habilitar lugares aptos y dignos para todas aquellas personas que no se sientan seguros en su hogar”.

Liza M. Gallardo, directora ejecutiva de AIPR indicó además que; “A diferencia del huracán María, la zona afectada por los sismos fue más limitada y fácilmente identificada, por lo que la acción del Estado debió ser más rápida y mejor coordinada. Le recordamos al gobierno local y al federal que la vivienda es un derecho humano, que permite a las personas vivir con seguridad, paz y dignidad”.

Según Martínez la falta de medidas adecuadas para asegurar este derecho, puede acarrear graves consecuencias para la salud y seguridad de las personas. La declaración de emergencia no incluye ayuda para las casas destrozadas por el terremoto.

Recomendamos al Estado evitar los desplazamientos masivos innecesarios, y procurar implementar de inmediato medidas para corregir las fallas estructurales de las viviendas afectadas, proveer un alojamiento seguro, y garantizar acceso a servicios básicos. El desembolso de los fondos adecuados para la reconstrucción de viviendas es necesario para proteger el derecho de las personas a permanecer en sus comunidades”.

Las activistas reclamaron que ninguna decisión debe tomarse de forma unilateral, sin que antes las familias afectadas sean consultadas y decidan libremente sobre la solución que mejor se ajuste a sus necesidades. “Es fundamental asegurar la participación informada de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan y procurar la mayor transparencia en el uso de fondos públicos para atender la situación”, aseguró la Licenciada.

AIPR reparó en que la experiencia durante el proceso de recuperación luego del huracán María demuestra que muchas personas quedan excluidas de los programas de ayuda económica para la reconstrucción de viviendas.

Nos preocupa que, en este evento, ocurra exactamente lo mismo. Por ello, recomendamos al Estado que excluya de los procesos de asistencia a desastre, los requisitos de elegibilidad que imponen cargas innecesarias y discriminatorias. El gobierno debe garantizar que el proceso para recibir ayudas sea ágil y expedito, atendiendo a las necesidades inmediatas y que provean soluciones duraderas adecuadas a los mejores intereses de las familias afectadas”, puntualizó Martínez.

La experiencia internacional demuestra que los campamentos y asentamientos masificados, pueden dar lugar a otros riesgos de protección, ya que las personas desplazadas pierden el control de entrada y salida a sus espacios, se limita grandemente su movilidad y privacidad, así como las posibilidades de condiciones adecuadas de higiene, alimentación y seguridad.

En este contexto, añadió Liza Gallardo; “Es necesario que el Estado procure asegurar lo antes posible lugares adecuados de vivienda temporal ya que no es aceptable que las personas pernoctan indefinidamente en casetas o sus vehículos, igualmente es imperativo que se atiendan las necesidades específicas de las personas en mayor riesgo, como son las mujeres, las víctimas de violencia de género, la niñez, las personas ancianas, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+, entre otras”.

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