Acambio de no reducir los días de vacaciones y de enfermedad para los empleados del sector privado y la eliminación del bono de navidad el Gobernador cedió a la exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) para eliminar la Ley 80 que protege al trabajador de un despido injustificado.
En el comunicado de prensa en el cual la JCF dio a conocer los “entendimientos” con el gobierno la Junta confirmó que se llevará a cabo la Reforma Laboral para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de “empleo a voluntad”. La reforma laboral que es parte del PFG certificado por la JCF deberá estar aprobada antes de que finalice este año fiscal. Según alegó el presidente de la JCF, José Carrión en el comunicado de prensa convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de “empleo a voluntad” ayudará a la Isla a crecer y a ser más competitiva y a revertir la tendencia negativa de crecimiento.
Ante estas alegaciones y la “negociación” alcanzada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares es pertinente recodar señalamientos hechos por algunos economistas contra la reforma propuesta por la JCF, en las vistas en el Senado de Puerto Rico, presidida por el presidente del Senado Thomas Rivera Shazt, quien también ha presumido de que no se aprobaría la reforma laboral de la JCF.
Por ejemplo el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach Colón, denunció en las vistas que el PFG certificado por la JCF es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal, y que la reforma laboral de la JCF tendrá un impacto marginal o negativo en el empleo, ingreso y crecimiento económico en el país.
El economista rebatió la lógica del PF de la JCF de que el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica de manera temporal, por lo que es el momento para implementar un plan de austeridad fiscal y reformas estructurales, ya que el impacto negativo en la economía será uno modesto. Marxuach Colón desmontó esta teoría y puntualizó que la evidencia empírica demuestra que los planes enfocados en reformas estructurales orientadas hacia el lado de oferta económica, suelen fracasar en lograr sus objetivos, en especial en economías restringidas por el lado de la demanda.
Agregó -entre otros señalamientos- que el PF está anclado “firmemente” en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. “La JCFF debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal”, afirmó.
En este contexto censuró que la reforma laboral (PS919) está basada en una interpretación incorrecta de la tasa de participación laboral. Parte de la premisa de que un aumento en el desempleo eventualmente producirá una reducción en los salarios y los precios lo que a su vez aumenta la competitividad entre las firmas, por lo que eventualmente la producción absorbe nueva fuerza laboral. Marxuach Colón advirtió que este ajuste no es automático y que lo más probable es que ese ajuste en los precios y salarios tome un tiempo en ocurrir.
En segundo punto indicó que no era correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales ya que cada ley protege al empleado de un riesgo específico, que no necesariamente se compensa con un pequeño aumento en el salario mínimo. El economista comparó el modelo impulsado por la JCF de “empleo a voluntad” con el régimen laboral que imperaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Marxuach Colón citó varios estudios de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los cuales han evaluado el impacto macroeconómico de la implementación de reformas laborales que elimina protecciones al empleo tienen un impacto marginal a corto plazo y de 0.5 en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a largo plazo. En fin se concluye que los efectos de la eliminación de protecciones laborales son negativos tanto en el corto como en el mediano plazo bajo condiciones de recesión o debilidad económica, como las que enfrenta Puerto Rico en estos momentos. Además señaló que contrario a las expectativas de la JCF el facilitar los despidos puede también producir un aumento en las renuncias y reemplazos en las firmas, lo que se convierte en un desincentivo para los patronos a no invertir en capital humano, lo que a su vez genera efectos negativos en la productividad y por ende en el crecimiento económico.
Por último Marxuach Colón expresó en que es importante tomar en consideración el impacto que la reforma laboral propuesta pueda tener sobre la razón deuda/producto bruto, ante el proceso de reestructuración de deuda en que se encuentra el país. Citó que de acuerdo a un estudio del FMI se ha demostrado que la reducción de las protecciones laborales durante un periodo de recesión, resulta en promedio, en un aumento en la razón deuda/producto bruto. Ello se debe a que las reformas generan un aumento en los despidos en los periodos de recesión, al hacerlo menos costoso para el patrono, al reducirse el empleo, se reduce la demanda agregada y la producción. Cuando se reduce el PIB, la razón deuda/producto bruto aumenta, por tanto la “implementación de dicha reforma en Puerto Rico pudiera tener el efecto perverso de hacer más difícil la reestructuración de la deuda pública”, sentenció.
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