CLARIDAD
“El Plan de Ajuste de Deuda de la Junta de Control Fiscal es otra enmienda a la Constitución. Esto no es un papelito, es una enmienda porque limita los poderes legislativos, limita la capacidad de emitir nueva deuda y todo eso nos va a vincular mientras dure ese plan por lo menos hasta el 2046”.
Esas son las implicaciones que a juicio del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez tiene la acción de la JCF de acudir al tribunal a solicitar a la jueza Laura Taylor Swain que haga una determinación sobre hasta dónde llega la Ley 53. Ese fue el propósito de la vista celebrada el 1.0 de noviembre ante la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el llamado Tribunal Federal (TF). Debido a que pueden haber objeciones, la jueza decidió que se va a notificar, para que todos los empleados y pensionados de Puerto Rico estén advertidos.
El experto en la Ley PROMESA comentó que cuando la JCF dijo que no tenía controversia con la Ley 53 era porque no la iba a cumplir. Esta postura de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quedó expuesta en dos mociones que radicó después de haber circulado el comunicado de prensa en donde se expresaba sobre la ley. Las mociones de la JCF dicen que continuarán con el PAD y con los recortes a las pensiones y que cualquier otra cuestión de derecho que protegiera las pensiones estaba desplazada por la doctrina de campo ocupado.
En la vista, el mismo abogado de la JCF, Martin Bienenstock, dijo que los acreedores de bonos estaban preocupados por que pueda haber una impugnación posterior del Plan, por razón de que la Junta no le quería hacer caso a lo que dice la Ley 53. Además, porque la ley condicionó la emisión de bonos a que no se recorten las pensiones y, aun así, la Junta no lo aceptó y siguió hacia adelante con el plan.
Según la JCF, aunque la Ley 53 dice que no se van a recortar las pensiones, se refiere al beneficio mensual y las pensiones actuales. Ello no impide que la Junta recorte todo lo demás, como el costo de vida o cualquier cambio que se quiera hacer en el futuro. Su significado, apuntó Emmanuelli Jiménez, es que las pensiones quedan congeladas hasta que se mueran los pensionados. Ese es el impacto que tendría la congelación de la pensión. Van a ir bajando anualmente por el alza en el costo de vida. “Eso es lo que tiene en brote a la gente, porque ni el Gobierno ni la Legislatura supieron proteger a los pensionados porque aun cuando no le quiten el 8.5 %, el año que viene, si la inflación es 2 %, pues tiene 2 % menos. El poder adquisitivo va a seguir bajando y la Legislatura no le va a poder dar más dinero a los pensionados”, afirmó Emmanuelli.
Fue la preocupación por lo que pudiesen levantar los bonistas, que la Junta reconsideró y aceptó que no habrá recortes a las pensiones. “Esa es la historia de por qué la Junta echó atrás y permitió que no se recortaran las pensiones actuales. Las pensiones futuras quedan congeladas”. Entre las pensiones que quedan congeladas están las de los maestros y los jueces.
Respecto a que el Gobierno aceptara el PAD de la Junta mediante la Ley 53 (PC 1003) y la postura que este pueda adoptar durante el proceso que comienza este 8 de noviembre, el licenciado Emmanuelli Jiménez observó: “El Gobierno de Puerto Rico, no sabemos. Es un misterio porque no ha dicho ni pío. Ni siquiera habló en la pasada vista del 1.0 de noviembre en relación a lo que la Junta quiere hacer en limitar el alcance de la Ley 53, en términos de no proteger los beneficios futuros de los pensionados, de que no se puedan modificar las leyes. A eso, AFFAC [qué es] se pudo haber opuesto; pero guardó silencio. No sabemos”. Dio a conocer que, de hecho, se esperaba que el pasado miércoles, 3 de noviembre, se presentase un nuevo plan —el octavo—, por lo que las partes que han comparecido al proceso podrían objetar un nuevo plan.
No es cierto que con la certificación del Plan se termine con la Junta
La impresión que tanto el gobernador, Pedro Pierluisi, como los presidentes de los cuerpos legislativos han pretendido hacer ver, de que con la certificación del PAD se saldrá de la JCF, es falsa. El proceso apenas comienza.
El 8 de noviembre se supone que comience la vista de confirmación, es decir, un juicio donde la jueza va a evaluar la prueba testifical, pericial y documental para establecer si se cumplen los requisitos de la Ley PROMESA que permitan confirmar el plan. Este proceso está programado para hasta la última semana de noviembre. Luego es que la jueza se retira a resolver.
Tampoco es correcta la impresión de que la jueza Swain pueda hacer cambios al PAD que se le presenten. La jueza puede sugerir y anticipar su opinión y la JCF decide si hace los cambios o no. Por su parte, los acreedores serán los que van argumentar en cierta medida si están de acuerdo o no con lo que se les ofrece.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, reparó en que si bien hay muchos acreedores que están de acuerdo con el Plan, como el Comité Oficial de Retirados, la mayoría de los bonistas y el Comité de Acreedores no Asegurados, hay mucho objetor independiente que va a tener también la oportunidad de su día en corte y presentar prueba de por qué no procede que se confirme el Plan. La jueza va a tener que considerar todas esas ópticas y resolver si procede a confirmarlo.
Mientras corre ese proceso en el tribunal, la Junta tiene que lograr preparar cuatro presupuestos balanceados consecutivos. Si hay un año en que no lo haya, tiene que comenzar otra vez. El otro asunto es que hace falta el acceso a los mercados a un costo razonable y Puerto Rico todavía no tiene al día los estados financieros. Sin esos estados no se puede lograr el acceso. Tampoco se sabe cuándo van a terminar los casos de Título III.
En fin, que lo que ocurra entre noviembre y diciembre con la deuda del Gobierno central no termina el caso de quiebra ni con la JCF. En un ejemplo de cuánto puede demorar este proceso, Emmanuelli Jiménez relató la experiencia de la quiebra de la ciudad de Detriot que comenzó en el 2014 y todavía el caso está abierto.
Reiteró que las complejidades del PAD del Gobierno central van a provocar que haya controversias por muchos años más. Así que es falso que la ley sea para terminar la quiebra; la ley es un paso adicional en el proceso, pero faltan muchas cosas. A juicio de Emmanuelli, la jueza va a confirmar. “Lo que nos queda es la lucha en la calle”, concluyó.
