Los acuerdos de COFINA y la AEE son insostenibles

Daniel Santamaria

Por Cándida Cotto / CLARIDAD 

ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando a Puerto Rico no ha llegado la totalidad de los $1,500 millones que se supone aprobó el Congreso de Estados Unidos para la reconstrucción del país y a un mes de los temblores de tierra que han desolado el área sur, en Wall Street los bonos del Gobierno de Puerto Rico han estado subiendo de precio en manos de los compradores de fondos buitres.

El domingo 9 de febrero, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que había llegado a un acuerdo de reestructuración de deuda de los bonos de Obligación General (GBO) del gobierno de Puerto Rico. Desde el jueves 6 de febrero, antes de que se anunciara el preacuerdo de la JCF con bonistas de los GBO, el precio de los bonos estaba en plena subida de 35 a 70 centavos.

La voz de alerta de la subida de los bonos fue hecha por la organización Espacios Abiertos (EA), a la vez que llamó la atención a que este preacuerdo de reestructuración seguía el mismo camino del acuerdo de la deuda de COFINA, por el cual Puerto Rico está pagando el doble del precio de los bonos. 

El economista y analista de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, así lo confirmó a CLARIDAD. Explicó que ya antes de los huracanes, debido a que Puerto Rico se encontraba en una situación de quiebra, los bonos de COFINA marcaban unos precios. Después de los huracanes, el gobierno federal empieza a manejar unas cantidades de ayuda. El mercado de esos bonos, a través de especuladores (los buitres de Wall Street), empezó a comprar porque entendía que el Gobierno iba a refrendar las expectativas de utilizar esos fondos para ayudar a la economía. Los especuladores esperaban que hubiese un superávit y por consiguiente que el Gobierno tuviese una mayor cantidad para el repago.

Añadió que era obvio que esos efectos de superávit no se producen en el muy corto plazo y no son sostenibles. “Aun así, aparentemente, lo que nos encontramos es que el Gobierno validó eso que el mercado esperaba”.

Los señalamientos de Santamaría Ots al acuerdo de COFINA están apoyados en el estudio Efecto COFINA: quién gana, quién pierde, publicado este mes de febrero. En él se comprobó que los 171 bonos antiguos de COFINA, el Gobierno los transformó en 14 bonos nuevos, con lo cual Puerto Rico terminó pagando el doble por los ellos. “Asombrosamente, para un deudor tan estrangulado como Puerto Rico, con un bono en situación de impago como era COFINA, pasó de valer cerca de 30 centavos por cada dólar semanas antes de María, a más de 50 centavos por cada dólar a mediados de 2018”. 

En el caso de los GBO explicó que a mitad del año pasado había un preacuerdo de un recorte de $12 mil millones de los $35 mil millones que incluyen la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos, la del Sistema de Retiro y la de edificios Públicos. La JCF entendía que había $6 mil millones que vulneraban los límites constitucionales, por lo que podían ser ilegales, e incluso habló de que los iba a llevar al tribunal. Mencionó como ejemplo que cuando se va a la página donde se cotizan los bonos Electronic Municipal Market se tienen los GBO del 2014 y los 2012 —que eran los bonos impugnados por la JCF— cotizando a 35 centavos. Mientras que este jueves pasado estaban cotizando por los 70 centavos. 

Aunque al momento de la entrevista la JCF todavía no había dado a conocer detalles del acuerdo, Santamaría Ots comentó que la subida de los bonos muy probablemente correspondía a que aun antes de haber salido el acuerdo, había gente que tenía información de que el acuerdo que se iba hacer era más complaciente con los bonistas que el anterior.

“Y por eso la gente se apresura a comprar, porque si supone que va a ser más complaciente, el Gobierno de Puerto Rico va a pagar más de lo que pagaba en el anterior acuerdo. Porque es obvio que lo que nos están diciendo es si los bonos suben es porque alguien compra y si alguien compra es porque tiene la expectativa de que eso suba, y la expectativa es lo que hace que eso suba. Tiene que ver con un mejor tipo de acuerdo para los bonistas. Recordemos que estos no son bonistas cualquiera, son fondos buitres que lo que normalmente hacen es comprar bonos y litigar contra el gobierno hasta recuperar el 100% de la inversión. Estos no son fondos de cobertura que compran y venden, pero no inician un litigio. Los fondos buitres sí”, manifestó.

Satamaría Ots reafirmó que tanto el acuerdo de COFINA como el de los GBO y el de la Autoridad de Energía Eléctrica son insostenibles. Se expresó en el sentido de la deseabilidad de que la jueza Taylor Swain tenga en cuenta y entienda que los acuerdos no son sostenibles y que le van a costar al pueblo de Puerto Rico. “Al final el Gobierno no va a tener el dinero para costear las políticas públicas necesarias para que el país pueda ir hacia un sendero de desarrollo económico sostenible. Es obvio que pagar más de lo que se pueda va a tener unas repercusiones”. Reveló que esto ya lo está viendo la JCF en un documento de octubre en donde reconoce que sobrestimó los núcleos migratorios, los efectos de la austeridad en el crecimiento económico y el crecimiento del producto nacional bruto.

Sobre estas subestimaciones Espacios Abiertos dio a conocer que el plan fiscal de mayo de 2019 de la JCF confirmó una reducción en las proyecciones del crecimiento del producto nacional bruto real del plan anterior de octubre de 2018, que fue utilizado para alcanzar el acuerdo de COFINA. Esta subestimación va del 7.9% al 4% es decir, una disminución en las proyecciones de crecimiento económico para Puerto Rico de cerca de 50%. La JCF reconoció además que las proyecciones del último plan fiscal de mayo de 2019 no se están materializando y va a necesitar revisar la baja.

Gobernadora rechaza 

acuerdo de los GBO

Al tiempo que la JCF diera a conocer que había alcanzado un acuerdo de reestructuración de deuda de los GBO, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en comunicado de prensa declaró que su gobierno no se uniría al acuerdo por entender que contiene aspectos que “resultan preocupantes”, entre ellos el trato a los pensionados.

Entre los especuladores en el acuerdo están Monarch Capital LP, Golden Tree Asset Management LP, Whitebox Advirsors LLC, Aurelius Capital Management LP y Autonomy Capital.

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