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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En medio de cuestionamientos de deuda ilegal conflictos de intereses, con el fin de pagarle a los fondos buitres, la Junta de Control Fiscal (JCF) se propone recortar las pensiones de los empleados públicos en un promedio de 10%. El recorte entraría en vigor este primero de julio y afectaría a cerca de 167, 000 familias. 

La organización sin fines de lucro Iniciativa de Responsabilidad Pública (Public Accountability Initiative, PAI) dio a conocer la semana pasada el informe titulado El asalto a las pensiones de Puerto Rico, en el que presenta el contexto en el cual la JCF está negociando el ajuste de deuda del gobierno del gobierno de Puerto Rico, los llamados Gos, y las deudas de los sistemas de retiro. 

Aunque la amenaza de recorte a las pensiones apareció en el panorama en mayo de 2017, cuando la JCF radicó el recurso de quiebra para la Administración de Sistema de Retiro (ASR), bajo el Título III de la Ley Promesa, noeshasta ahora que se hace patente con la negociación del plan de ajuste de la deuda –la más grande– del gobierno de Puerto Rico. Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central. 

La JCF se encuentra negociando un ajuste de deuda aun cuando el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, siglas en inglés), ha solicitado al tribunal que declare nula e inválida una deuda de $3 mil millones en bonos del ASR, basado en que el sistema no tenía autoridad legal para emitir esos bonos. Esta deuda se suma a los $6 mil millones en bonos de obligación general que la JCF procura también invalidar y que fue suscrita por bancos como Barclays, UBS, Banco Popular, Morgan Stanley y Santander. 

Mientras las y los trabajadores –hoy pensionados– aportaron durante todos sus años de servicio una parte de su salario para las pensiones, el gobierno ha fallado de manera constante en hacer sus aportaciones. En el caso de la ASR –indica el estudio–, para allegar dinero al sistema en 2008 el gobierno hizo tres emisiones de bonos –en el momento histórico en que Wall Street se sumergía en una crisis financiera. A juicio del investigador Abner Dennis, esta emisión lo que hizo fue poner las cosas peor con el resultado de que miles de millones de dólares en deuda ahora son propiedad de los fondos buitres. Ahora, para poder pagar, la JCF contempla reducir en un promedio de 10% las pensiones, dependiendo de los ingresos de cada beneficiario. Para esto, la JCF debe primero someter y aprobar el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, para lo que a su vez también necesita que la Legislatura apruebe un proyecto y, por último, llevar un proceso de votación por parte de los acreedores que tengan reclamaciones afectadas contra el gobierno central. Pero la palabra final la tendrá la juez Laura Taylor Swain. 

Según la distribución de la JCF –denunciada por PAI– los recortes serían como siguen: un 25% de los retirados no tendría recortes en sus pensiones; el 18% tendría un recorte de hasta un 5%; el 16% tendrían un recorte de 5 a 10%; el 23% tendría recortes entre 10 a 15%; el 14% tendría recortes entre el 15 a 20%; y un 4% tendría recortes entre un 20 a 25%. Esto significa que tres de cada cuatro retirados –alrededor de 125 mil familias– sufrirán de inmediato reducciones en sus ingresos quincenales. 

Sostiene el informe que las deudas de los sistemas son “sorprendentes”. La deuda de la ASR es de $38 mil millones (más que la deuda de $3 mil millones de los bonos de obligación general GOB); la del SRM es de $18 mil millones y la del SRJ de $700 millones. Dennis señala que en el caso de la deuda de la ASR, ello le añade un mayor peso a su crítica situación, no obstante, su pago dependerá de la decisión que tomen los tribunales en cuanto a su legalidad. De declararse nulos o inválidos los bonos en cuestión, la deuda sería eliminada, por lo tanto habría más dinero para las pensiones. 

Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central.

Pero los fondos buitres han demostrado que están interesados en recortar las pensiones lo más que se pueda para que se les pague, sostiene el estudio de PAI. Son dos los grupos de fondos buitres que están posicionados para beneficiarse de los recortes; los dueños de los Gos y los dueños de bonos de la ASR. Los bonistas de los Gos están organizados en cuatro coaliciones: el Grupo del Gobierno de Puerto Rico (Commonwealth Group), el Grupo de la Deuda Constitucional (Constitutional Group), el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales (General Obligations Group) y el Grupo de la Deuda Constitucional Legítima (Lawful Constitutional Group). Los millones llueven entre las 20 entidades bancarias que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico. 

El informe presenta que los inversionistas: Canyon Capital, Golden Tree, Whitebox Advisors y Taconic Capital fueron piezas clave en las negociaciones que llevaron a que se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA. Estos han estado incrementando sus inversiones en el gobierno de Puerto Rico de manera consistente en los últimos meses. El grupo de la deuda constitucional legítima contrató a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan como asesores legales. Esta fue la misma firma de abogados que representó a los fondos buitre en las negociaciones de COFINA. 

En el caso de la deuda de la ASR revela que los más de $3 mil millones en deuda de los bonos de ASR también le pertenecen, en gran parte, a los fondos de cobertura. Estos se organizaron como el grupo de acreedores asegurados de ASR y representan la coalición principal de bonistas aliados durante el proceso de quiebra del sistema de pensiones. Además, los bonistas de los fondos gestionados por UBS (conocidos formalmente como los fondos de Puerto Rico) son dueños de una porción considerable de esta deuda. Debe resaltarse que UBS también es el dueño más grande de dichos bonos. Otros nueve bancos de inversores tienen bonos de la ASR. 

Un aspecto que destaca el estudio es que mientras algunos fondos de cobertura han estado reduciendo sus inversiones en la ASR, Mason Capital se ha destacado por ser un comprador agresivo desde que comenzó el proceso de quiebra. Los registros de los tribunales muestran que Mason Capital ha triplicado su inversión en bonos de la ASR de agosto de 2017 a febrero de 2019, para un total de $439.6 millones en tenencias. Mason también tiene una tajada significativa de bonos del gobierno de Puerto Rico, con más de $468 millones en tenencias, lo que demuestra que tiene una posición ventajosa en las negociaciones, ya que es tanto bonista del gobierno como bonista de la ASR. En total, Mason es dueño de $907 millones de deuda de la ASR y de obligaciones generales.

El informe además reitera que otro inversionista que ha sido parte de las embestidas legales contra Puerto Rico es el banco UBS. Respecto a este, expone que irónicamente, UBS fue una de las figuras clave involucradas en las tres emisiones de deuda controvertidas del 2008. Esto mediante el uso abusivo de la exclusión de la Ley Federal de Compañías Inversoras de 1940 (Investment Company Act), el banco no solo fungió como asesor de la transacción, sino que también fue el suscriptor principal de todas las emisiones. UBS, junto con el resto de los suscriptores, ganó alrededor de $35 millones en estas tres emisiones de bonos. 

Los conflictos de intereses

En tanto, en las negociaciones hay personajes con fuertes conflictos de intereses a sabiendas de la JCF. Uno de estos es Jorge Irizarry Herrans, quien era el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando la emisión de bonos del 2008. Además, presidió el comité de inversiones de la ASR, puesto desde el cual se reunió con asesores de UBS, entre los que se destaca el funcionario de UBS Juan Guillermo Herrans Barreras, con el que Irizarry Herrans sostiene vínculos familiares. 

Denuncia el informe de PAI que en la actualidad Irizarry Herrans es el director ejecutivo del grupo Bonistas del Patio, una organización sin fines de lucro que favorece a Wall Street y que dice representar a los bonistas locales en los casos de Título III. Mientras alega esto, el grupo ha estado en una campaña muy activa a favor de los acuerdos de reestructuración negociados por la JCF con los fondos buitre, entre los que se incluye el acuerdo COFINA. Trae a la atención el que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) procuró pagarle al grupo $7 millones con fondos públicos para servicios que no se especificaron de manera adecuada, una movida que retó el Comité de Acreedores No Asegurados. El asunto está todavía por resolverse en los tribunales. 

El otro conflicto de intereses sobre el cual se llama la atención es el que exhibe la figura del ex funcionario Héctor Mayol. El informe de PAI censura que Mayol es otro caso de los ex ejecutivos del Banco Santander que ahora son parte de la JCF y uno de los funcionarios de puertas giratorias (entre el Santander y el BGF) que ayudó a causar la crisis de las pensiones.

Ahora Mayol ocupa un papel protagónico en el proceso de la bancarrota, como uno de los abogados del Comité Oficial de Retirados (COR), que es el grupo que se designó para que representara los intereses de los retirados en el proceso de Título III. Mayol fue administrador de los sistemas de retiro desde el 2009 hasta 2013, e impuso recortes graves a los beneficios de los retirados. 

“Si esto no fuera poco, desde el sector financiero y antes de ser administrador de los sistemas de retiro, fue suscriptor de las emisiones controvertidas de bonos de los sistemas de retiro de $3 mil millones de dólares que ahora están en manos de varios fondos buitre agresivos”, manifiesta el informe de PAI. 

El PAI pone en tela de juicio la capacidad que pueda tener Mayol de representar los mejores intereses de los retirados y cómo puede participar de la evaluación de los argumentos en cuanto a la legalidad de estos bonos si él mismo los endosó, vendió y compró. Acota que, hasta ahora, estos conflictos de intereses no han sido objeto de escrutinio. 

Construyamos otro acuerdo

El informe del PAI es parte de la campaña, “Construyamos otro acuerdo”, que desarrolla el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. 

El Frente está exhortando a que todos los empleados públicos pensionados a que presionen al Comité Oficial de Retirados (COR) para exigir a que asuma su deber fiduciario de representar los mejores intereses de todos los jubilados del sistema público de Puerto Rico. Una acción en concreto que puede y debería asumir el COR es unirse a la impugnación que ha hecho la misma JCF y el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para que se declare nula e inválida la deuda de $6 mil millones en bonos de obligación general, lo cual declararía nula e invalida la deuda de los $3 mil millones de la ASR. 

Los jubilados deberían, además, pedirle cuentas al Comité de por qué contrató a Mayol como abogado aún con los evidentes conflictos de intereses. 

Los jubilados deben poner presión a los legisladores para que no apruebe ninguna medida de plan de ajuste que pueda representar recortes a las pensiones. Tercero, deben procurar la participación en el proceso de votación en el que todos los acreedores con reclamaciones afectadas –desde los bonistas hasta los trabajadores del sector público y los jubilados– puedan participar. 

Aun cuando el investigador de PAI anota que este no es un proceso por completo democrático, ya que solo pueden participar los acreedores cuyas reclamaciones se hayan reconocido formalmente como afectadas, y que la balanza del voto se inclina de manera parcial a favor de los acreedores que tienen más deuda, como sería el caso de los fondos buitre con tenencias masivas, el proceso de votación también requerirá de un voto de mayoría simple por parte de los acreedores, independiente del valor de su tenencia de la deuda. Esto ofrece la oportunidad a los jubilados a conseguir la mayor cantidad de votos que puedan, ya que no existen fondos suficientes con la capacidad de movilizar a ninguna parte que tenga la misma cantidad de acreedores individuales que los participantes de los sistemas de retiro. Los retirados que viven en los Estados Unidos también pueden votar.


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