Los derechos humanos en Puerto Rico

El rostro de la mujer, de la pobreza, el de la juventud, el estado colonial, la Ley de Cabotaje, lo precario del sistema de salud, la emigración, la inseguridad en que viven alrededor de 200 mil familias, el aumento de la pobreza de un 52.3% de la población tras el azote de los huracanes Irma y María, la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal (JCF), éstas y otras denuncias fueron presentadas en audiencia pública ante el Relator sobre la Pobreza Extrema de las Naciones Unidas (ONU) profesor Philip Alston, este pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ésta es la primera vez que el Alto Foro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, lleva a cabo una audiencia de esta naturaleza en Puerto Rico. La audiencia se llevó a cabo en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA). Según narró a CLARIDAD el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles, capítulo de Puerto Rico, (ACLU, siglas en inglés), la audiencia en la Isla forma parte de un recorrido que el relator Alston hizo en el mismo Estados Unidos, en donde visitó Washington DC, los estados de California, Alabama y Georgia. La visita a EE UU fue gestionada por ACLU de EE UU durante la administración de Obama. En el caso de Puerto Rico, Ramírez contó que se mantuvo enviando informes a ACLU en Nueva York, sobre las condiciones de la isla tras el paso del huracán María, lo que evidentemente provocó que Puerto Rico fuera incluido en la visita.

Antes de dar paso a los deponentes, el relator Alston, dirigió un breve mensaje a los presentes, en el cual expresó que si hubiese una fiesta religiosa de la comunidad de los Derechos Humanos, ese día sería el 10 de diciembre, día en que se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en el 1948. Agregó que es un “buen momento” para estar en Estados Unidos y en concreto en Puerto Rico, ya que desde hace años los que están comprometidos con los derechos humanos, llevan insistiendo en que se debe prestar más atención a la dimensión económica de los derechos. El relator de la ONU apuntó que tradicionalmente el reconocimiento de los derechos humanos se concentraba en los asesinatos políticos, la tortura y la detención arbitraria, pero que es importante esa ruptura por ser una insuficiente e incompleta.

En esa dirección dijo que al día de hoy en todo el mundo incluyendo el mismo EE UU hay medidas políticas económicas que tienen un impacto en el disfrute de los derechos sociales. Puso como primer ejemplo el hecho de que el año pasado en Brasil se hizo una enmienda constitucional la cual impide al gobierno durante los próximos 20 años invertir en gastos públicos, es decir educación etc.

El segundo ejemplo fue la reforma contributiva que se debate en Estados Unidos ante la cual declaró “la política fiscal es también política de derechos humanos, las prioridades que se establecen en el presupuesto, las prioridades que se establecen en un sistema fiscal y sobre todo las cuestiones que se privatizan tienen efectos en el disfrute de los derechos humanos y no solamente en los derechos civiles”.

En esa dirección la audiencia en la Isla según expuso estaba dirigida a examinar las consecuencias de las políticas económicas y fiscales que se están aplicando al presente en Puerto Rico y las que se aplicarán en el futuro. Su tarea consiste en examinar la relación que existe entre la pobreza y los derechos humanos. El resultado de su visita será presentado primero en una conferencia de prensa en Nueva York en la ONU este próximo 15 de diciembre y luego el informe será entregado a la Alta Comisión en Bruselas.

La audiencia en el teatro de la UIA contó con una extensa lista de deponentes la cual comenzó con el profesor de Derecho Constitucional de esa facultad, doctor Carlos Gorrín Peralta, quien apuntó sobre la imposición de 1898, sobre el costo de las leyes de cabotaje, y hasta la imposición del arbitrio de 20% a las exportaciones hacia EE UU con la reforma contributiva. Le siguieron las economistas Heide Calero y Martha Quiñones, quienes expusieron sobre datos sobre la pobreza.

La otra deponente fue la socióloga Marcia Rivera que entre otros señalamientos denunció que no existe un plan comprensivo de reconstrucción del país tras el paso del huracán. Mientras Eva Prados, depuso por el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD). Otro sector que depuso sobre la situación colonial y cómo la falta de poderes políticos afectan la situación económica, lo fue el Colegio de Abogados (CA) con la portavoz de la Comisión de los Derechos económicos, sociales y comunitarios, licenciada Mercedes Garriga.

En el tema de la salud presentaron testimonios el expresidente del Colegio de Médicos, doctor Eduardo Ibarra y los doctores Héctor Ortíz y Eduardo Zayas. Otros asuntos que se presentaron ante el relator fueron el cierre de las escuelas públicas, por la Federación de Maestros (FMPR), el impacto del huracán en la comunidad dominicana, la población con VIH y la situación de los deambulantes.

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