CLARIDAD
La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó un Mandamus ante el Tribunal de San Juan para exigir que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) le entregue la información pública sobre la asistencia al desempleo durante la pandemia. Esta información la ha estado solicitando por más de un año.
La licenciada Pamela Bernard Boígues, indicó a CLARIDAD que el DTRH no les ha dado nunca ninguna explicación o excusa por no suministrar la información respecto al número de reclamaciones recibidas por desempleo regular y por desempleo pandémico (PUA), las reclamaciones pendientes y las no atendidas por el Departamento. La petición, subrayó, se hace urgente debido a que apenas quedan dos semanas para que el 4 de septiembre se detenga la asistencia de desempleo por COVID-19.
Según relató, en enero de 2021 hicieron una petición informal, en un principio al DRHA, con preguntas sobre cuántas apelaciones había y cuál era el proceso a seguir, entre otras. Ante la falta de contestación, en marzo ALPR decidió hacer una solicitud más formal y tampoco recibieron contestación. En mayo y junio volvieron a solicitar la información en cartas abiertas en los periódicos y hasta en las redes sociales para llamar la atención del secretario. Pero tampoco lograron una contestación. Después de todos esos intentos, Ayuda Legal decidió presentar el recurso al amparo de la Ley 141, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Bernard añadió que el Departamento del Trabajo está obviando la ley federal del PUA, la cual establece que tiene que mantener datos estadísticos sobre las apelaciones y los procesos pendientes y enviarlos al Departamento del Trabajo Federal. “Tenemos conocimiento de que los informes de Puerto Rico no están llegando al Departamento del Trabajo Federal”.
En otras palabras, la falta de esta información significa que ni el Departamento del Trabajo ni el pueblo de Puerto Rico sabe cuánto dinero del PUA no ha sido desembolsado y por qué. “En ese sentido, sabemos que hay apelaciones corriendo que el DTRH no ha atendido, hay puntos controvertibles que tampoco no ha atendido e, igual, hay solicitudes de recobro que están siendo apeladas. El problema es que el Departamento no responde a tiempo o simplemente no ha emitido ningún tipo de respuesta”, reiteró Bernard Boigues.
La petición de información de Ayuda Legal surge ante el hecho de que la mayoría de las personas —más de la mitad— que les han solicitado ayuda por sus reclamaciones ante el Departamento son mujeres; entre ellas, trabajadoras solteras jefas de familias con hijos, en trabajos que no reciben buena remuneración, trabajadoras que al momento de la pandemia no habían cumplido con el tiempo en el empleo para poder recibir el desempleo regular y se vieron obligadas a renunciar y otras que perdieron sus empleos.
La licenciada Bernard Boígues indicó que el énfasis en conocer cuántas apelaciones hay pendientes, cuántos sobrepagos hay pendientes por resolver y cuántas personas todavía no han recibido su asistencia es importante para poder identificar estrategias o políticas públicas que adelanten el que las personas que lo necesiten tengan una recuperación justa.
Censuran veto del gobernador
A la par, Ayuda Legal censuró que el gobernador vetara el proyecto 429, que buscaba prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia. En comunicado de prensa, criticó que el veto se dé a la vez que se anuncian nuevas restricciones para atender una pandemia cuya principal recomendación fue #QuédateEnCasa.
«Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas. Escogió proteger a la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas.» recalcó la directora ejecutiva de la entidad, la licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert.
Aclaró que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, emitida el 27 de agosto, que detuvo la aplicación de la moratoria federal de desahucios, no establece que la moratoria sea inconstitucional. Lo que señala es que los Centros para el Control y Detección de Enfermedades (CDC) no tienen autoridad para establecer un alto a los desahucios y que defender ese interés apremiante requiere acción legislativa. Es decir, señala que le toca al Congreso tomar acción para proteger los techos ante el COVID-19. Ante esto, el presidente Joe Biden salió al paso a pedirle a los estados y las jurisdicciones que actúen desde sus legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.
En tanto, la licenciada Verónica González Rodríguez señaló que entre el 2017 y el primer trimestre del 2021, mientras numerosos desastres nos azotaban, en la isla se ejecutaron sobre 13,248 viviendas. En los últimos diez meses se han presentado 668 nuevos desahucios. «Los desalojos no esperan a que la emergencia pase.» acotó. A su vez, las licenciadas agradecieron a las personas legisladoras de los partidos PPD, PIP, PNP y MVC que avalaron y se hicieron coautores de la medida. El proyecto peticionado por Ayuda Legal Puerto Rico contó con el aval multipartita e incluyó enmiendas presentadas por la principal institución financiera del país.
