Los drones se suman a todo lo demás

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El diccionario de Real Academia Española ya tiene una definición para “dron”, pero no es la que se usa en Puerto Rico desde tiempos inmemoriales, sino que se refiere a la “avión no tripulado” que la tecnología moderna ha convertido en objeto común. Para encontrar nuestra definición hay que ir al Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico. Nuestro “dron”, palabra que adoptamos del inglés “drum”, es allí un “tambor de acero o plástico para envasar líquidos”. 

Pero los drones que han estado en las noticias de Puerto Rico durante los últimos días no son los que en nuestros hogares se usan para poner basura, sino unos parecidos que vemos todos los días en las carreteras del país para avisarnos de alguna construcción o de un gran boquete. Son objetos de color llamativo y sin fondo y esas dos características ya nos dicen algo. 

Lo que Puerto Rico conoció la pasada semana – justo cuando arreciaba la noticia de que la Junta de Control Fiscal ha ordenado que, efectivo ya, se le haga un recorte de hasta 25% en los ingresos de nuestros pensionados – es que el Gobierno había pagado drones a $500 por unidad, ocho veces más caro de lo ordinario. En medio de tanto problema, un desperdicio de $300 mil por parte del Gobierno, que fue la suma utilizada para la compra de los drones, parece un asunto de poca monta, pero el tema sirve muy bien para ilustrar el modus operandi de la corrupción pública. 

En primer lugar, el beneficiado con el sobreprecio es un amigo del alma y, más importante aún, un contribuyente a las finanzas del partido del gobernador. Es el mismo patrón que se utiliza para otorgar contratos millonarios, ya fuere para “asesoría” o para las obras públicas. En segundo lugar, la explicación que públicamente dio el gobernador Ricardo Rosselló para justificar la compra es que los drones se adquirieron en medio de una “emergencia” y en esos casos, nos quiere decir, no se repara en el precio. Pero resulta que la emergencia en cuestión, el susodicho huracán María, ya tenía un año de viejo cuando se compraron los drones. Como tercera explicación dijo que se habían pagado con “fondos federales”, implicando que como no era dinero nuestro no había que preocuparse por el precio. 

Esta “explicación”, que ofende tanto como el malgasto mismo porque supone que los que la escuchan son estúpidos, se parece mucho a la que dio la senadora Evelyn Vázquez cuando se conoció la otorgación de contratos legislativos a su “padrino” del alma para que éste, a su vez, empleara a su querido marido. Los contratos no los otorgó ella, sino “la Legislatura”, afirmó. Y en cuanto a la contratación de su marido es algo que debe explicar el dueño de la empresa contratada, es decir, su padrino, no ella. 

¿A dónde van a llegar estos nuevos escándalos? ¿Acaso alguien va a investigar y a adjudicar responsabilidades? El asuntito de los drones a sobreprecio y los contratos apadrinados se suma a los otros conocidos hasta ahora que van pasando lentamente al olvido sin que nadie responda. Como hemos dicho antes, la palabra que mejor describe la gestión pública puertorriqueña de los últimos años es impunidad. 

¿Tendremos que depender otra vez de que el FBI “nos haga justicia”? Desde hace algunos meses el jefe de ese cuerpo policíaco en Puerto Rico, Douglas Leff, (quien, como casi todos ellos, disfruta mucho pavonearse ante la prensa) anda diciendo que su oficina investiga los contratos “fantasmas” de la Legislatura y es muy probable que pronto aparezcan con algún arresto. Hasta ahora han hablado mucho sin que nada llegue, pero sería lógico esperar que durante lo que resta del 2019, que es año preelectoral, se produzcan arrestos. 

La orden para que el FBI actúe vendrá desde Washington y no precisamente porque quieran atacar la corrupción de verdad. Los arrestos llegarán porque el presidente Donald Trump necesita darle alguna justificación a su cadena de tuits sobre Puerto Rico. 

Durante los últimos meses Trump ha encontrado en Puerto Rico un tema para mantener contentos a sus seguidores. Ya no puede decir más cosas sobre los mexicanos, a quienes ha tildado de delincuentes y violadores, ni sobre los chinos con quien pelea a diario. Agotado esos temas, nació su interés por los puertorriqueños, a quienes pinta como una partida de vividores. Además de ponernos ese sello, ha echado mucha chispa contra el “gobierno corrupto” que tenemos.

Que Trump le impute corrupción a alguien suena raro porque él tal vez sea el magnate más corrupto de la historia reciente de Estados Unidos, pero ahora está en el poder y utiliza con descaro las instituciones públicas para adelantar sus caprichos. Ya colocó en el Departamento de Justicia, la agencia matriz del FBI a un peón que le responde, William Barr, quien parece operar con la misma desfachatez de su jefe. Nadie debe sorprenderse de que según se vaya acercando la fecha de las próximas elecciones las tropas del FBI entren en acción para atacar la corrupción de Puerto Rico. 

No sé si procesarán al agraciado en la compra de drones o atenderán el asunto de los contratos fantasmas de Evelyn Vázquez. Esos son pequeños asuntos de un tema mucho más vasto. Está, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica con los contratos que empezaron con la ahora lejana Whitefish, y también el campo fértil de los billones de dólares repartidos desde el Departamento de Educación. En esas dos entidades, más la Legislatura, hay carne de sobra para justificar los tuits de Trump. 

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