Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Desde el principio, los estudiantes de las escuelas públicas quienes se vieron afectados por los actos criminales que se le imputan a la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, particularmente, los niños, niñas y jóvenes de Educación Especial.
Mientras Keleher conspiraba para cometer fraude, fraude electrónico y robo, miles de estudiantes dejaban de recibir los servicios que aseguran las condiciones para una educación pública de calidad. Los maestros escaseaban, pues muchos de ellos tuvieron que “brincar el charco” luego de ofrecer sus servicios –digamos– por más de una década bajo contratos de un año.
Maestros con bachillerato, maestría e incluso doctorado, trabajaban como recursos transitorios y cobrando $1,750 mensuales. Entretanto la exsecretaria llenaba sus bolsillos y los de sus amigos.
Esto produjo un déficit de maestros y maestras de Educación Especial que por ejemplo, de doce maestros necesarios en una escuela la mitad no estaban nombrados. Por ende, sin maestros (as)los estudiantes del programa tampoco reciben sus terapias.
Ante ese deficit, el año pasado se abrieron unas convocatorias en las que cualquier persona con bachillerato podía ejercer como maestro o maestra de Educación Especial al ser contratado como recurso transitorio. Esto es absurdo porque no cualquiera está preparado para hacer ese trabajo.
“Mis estudiantes son los primeros afectados por dicho proceso”, dijo la maestra de Educación Especial, Migdalia Santiago Negrón.
La contratación de transitorios para atender el déficit de maestros en Educación Especial no es una solución ni a corto ni a largo plazo. En todo caso se debió otorgar las permanencias a los muchos maestros que ya se habían ido del país.
Santiago, recordó que bajo la administración de Alejandro García Padilla no se dieron permanencia y que las últimas se otorgaron durante el cuatrienio de Luis G. Fortuño.
“Una vez que sale a principios de año que Keleher iba a ser arrestada, el Gobernador decidió otorgar las permanencias”, comentó.
El 10 junio del año en curso 2,558 maestros del DE recibieron la permanencia luego de trabajar largos años por contrato (transitorios). Ricardo Rosselló, figuró como maestro de ceremonia en la actividad que se celebró con bombos y platillos en el Centro de Convenciones.
“Eso fue una movida política”, sostuvo la maestra y Presidenta de la organización Educamos. De un asunto interno que respecta al patrono se hizo un “show mediático”.
La semana pasada el nuevo secretario interino del DE, Eligio Hernández Pérez, dijo que había un deficit de 3 mil maestros. Hernández, también sostuvo que va a continuar con el “trabajo” realizado por Keleher. Él sabrá lo que está diciendo…
Santiago, expuso que la población actual de maestros está entre los 21 mil y 25 mil maestros. A esto, añadió que cuando la Federación de Maestros de Puerto Rico era representante exclusivo había 36 mil. En ese sentido, el DE ha perdido 10 mil maestros desde el 2008; a razón de mil por año.
“Ahora tenemos maestros con permanencia, pero también tenemos maestros que se fueron del país porque no bajaban las permanencias, les cerraban las escuelas o los declaraban excedentes”, dijo Santiago.
Santiago añadió que las dificultades que ha enfrentado el programa creado bajo la Ley Número 51 del 7 de junio de 1996, para prestar servicios educativos integrales a personas con impedimentos, entre las edades de 3 a 21 años, no es tema nuevo. Pero los contratos, el cierre de escuelas, y todo lo que ha constituido el andamiaje de corrupción dirigido por Keleher, solo ha empeorado esa situación.
Mientras la exSecretaria tenía como meta lograr un ahorro de $15 millones, otorgó de $900 millones en contratos para servicios que no se tradujeron en beneficios para los estudiantes ni en mejoras para los planteles escolares. Como ejemplo Santiago mencionó a, tus valores cuentan, las pruebas estandarizadas, sistemas de información para registro de personal y otro para el de maestros, entre otros, cámaras de seguridad para constar el “vandalismo” en las escuelas pero ninguna estrategia definida para resolverlo.
Luego del huracán María muchos niños y niñas se vieron afectados, no entendían lo que pasaba y el DE no intervino. Por ley, debió proveer un sicólogo por escuela pero eso no ocurrió, expresó Santiago.
Por otra parte, además de la falta de maestros y otros servicios como los mencionados antes, la maestra destacó que cada escuela tiene derecho a un segundo trabajador social si sobrepasa una población de 250 estudiantes “pero en la vida real eso no pasa”. “Si tienes 500 (estudiantes) y te baja la matrícula a 450, te quitan un trabajador social. El que se queda tiene que bregar con los 450”, explicó.
Al preguntársele sobre la contratación de la empresa CSA para la inspección de las escuelas luego del huracán, dijo que muchas de las inspecciones para las cuales se contrató a la compañía no se hicieron.
Mencionó que a la escuela Ramon Marín Solá fue el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE), Keleher “decía que no abriría las escuelas hasta que el Cuerpo de Ingenieros no le diera la seguridad de que estaban en condiciones”.
“A las dos semanas (del huracán) ya nosotros estábamos con la escuela lista para recibir los estudiantes, al menos por la mañana y fuera de los salones porque no había luz, pero Keleher dijo que no. Dejó que las escuelas se siguieran deteriorando porque el proyecto era cerrar más escuelas y al final eso fue lo que pasó”, reclamó.
El huracán le dio la razón y junto con la reforma –o deforma– educativa se ha dado espacio a la privatización, tanto por las Chárter como por los Vales Educativos para las escuelas privadas.
Ya se ha dicho que las Chárter al ser escuelas especializadas marginarían a los estudiantes de educación especial, más de lo que han sido marginadas hasta hoy. Por esto muchas comunidades escolares se han opuesto a esto y al momento de las 11 escuelas que estaban para convertirse en Chárter solo hay seguridad de que una va a funcionar como tal a partir de agosto.
En cuanto a los Vales Educativos, la fecha para solicitarlos se ha extendido tres veces porque no se ha llegado a las 3 mil solicitudes que se esperaba llegar para el mes de mayo.
El dinero de los Vales sale del presupuesto del Departamento de Educación. Todos los años se evalúa el presupuesto y se entrega uno nuevo. Por ende, ese dinero no está asegurado. De tal manera, padres o madres que consiguen un Vale para matricular a su hijo en un colegio no tienen la certeza de que para el próximo año van a haber fondos para que su hijo o hija pueda continuar estudiando en el mismo. En ese caso el estudiante tendría que regresar a la escuela pública.
Pero después de todo, son los planteles en peores condiciones son los que quedan para los sectores marginados, principalmente para niños, niñas y jóvenes de Educación Especial “que por sus problemas específicos de aprendizaje no pueden coger un Vale para irse a un colegio”.
