Apenas a una semana plazo de que se vuelva a celebrar otra elección general en Puerto Rico, se revuelca una vez más el avispero público y mediático con la publicación de las listas de salarios de las y los empleados a sueldo o por contrato en las Cámaras Legislativas. El derroche se nota, sobre todo, en las oficinas de los presidentes de Cámara y Senado, en las cuales se advierten salarios y emolumentos que no los pagan aquí ni en la más rica y generosa de las empresas privadas. Se nota también que la paga jugosa tiene poco que ver con la educación y destrezas de los beneficiados, y con la importancia de la función de servicio público que puedan cumplir. Tampoco existe evidencia del trabajo que muchas de estas personas realizan, más allá de la escueta descripción genérica que ofrece la lista. Este patrón se repite continuamente, cuatrienio tras cuatrienio, lo que ha convertido las operaciones de las Cámaras Legislativas en un refugio para políticos derrotados, esposas, hijos y ahijados al servicio de la claque vencedora en cada elección.
No es que el pueblo puertorriqueño no sepa desde hace mucho tiempo lo que pasa a sus espaldas tras los muros capitolinos. La historia de la corrupción y el despilfarro de fondos públicos en Puerto Rico es dramática y tortuosa, y se ha cultivado por décadas en el caldo del bipartidismo decadente en que se hunde la fracasada “democracia puertorriqueña”. Pero una cosa es que se sepa que existe corrupción, y otra es la impunidad que prevalece contra quienes cometen estos actos. El desparpajo y la temeridad con que ciertos funcionarios electos disponen de los fondos del pueblo para premiar inmerecidamente a sus claques políticas con puestos y “sueldazos”, son merecedores de la mayor repulsa colectiva. Sin embargo, hay sectores de nuestro pueblo que ven esta conducta como un resultado casi inevitable del ejercicio político. El que gana les elecciones, se reparte el botín.
Esta visión cínica del oficio político ha contribuido a la creciente desconfianza y desilusión que expresan amplios sectores de nuestro pueblo hacia la clase política del País. Sin embargo, el hecho de que la corrupción y el despilfarro de fondos públicos hayan ocurrido en Puerto Rico por demasiado tiempo, no quiere decir que tenga necesariamente que ser así. La trillada frase de que “todos los políticos hacen lo mismo” no es solo falsa sino muy peligrosa, porque de los buenos políticos, y de la alta política, dependen los pueblos para organizarse, crear y desarrollar sus instituciones, su visión y proyecto colectivo.
La política es un oficio como cualquier otro. Puede ser noble y desinteresado, y servirle bien al fin público al cual se dedica. O puede estar podrido y corrupto, y servir a intereses mezquinos y egoístas, ajenos al bien común. En ese sentido, Puerto Rico es como cualquier otro lugar, donde coexisten políticos de todas las gradaciones, entre los cuales a veces se hace difícil distinguir el grano de la paja.
Hoy nuestro país vive una situación sin precedentes. A la crisis económica y fiscal que ha llevado a nuestro país a la bancarrota, se suma ahora el efecto devastador de los desastres naturales recientes que nos han ocurrido, y la pandemia del COVID-19 que le ha dado un vuelco inesperado a nuestras vidas y a toda la sociedad.
En estas circunstancias, la corrupción y el despilfarro de fondos públicos se convierten en un crimen que trasciende el mero robo de bienes comunes. Es una conducta despreciable e inmoral, además de criminal, la que permite que fondos que se necesitan para prestar servicios esenciales a nuestro pueblo, se desvíen para amamantar a una enorme camada de parásitos políticos.
En Puerto Rico, la corrupción y el despilfarro han ido creciendo exponencialmente en la medida en que el que el sistema colonial-capitalista se ha derrumbado a nuestro alrededor. Ese derrumbe ha disparado la dependencia cada vez mayor de fondos del gobierno de Estados Unidos. En manos de los malos políticos que nos han gobernado, ese dinero se ha convertido en un botín para seguir beneficiando a las altas esferas de los dos bandos decadentes que se han turnado en el gobierno colonial durante largos años.
Nuestro pueblo tiene en sus manos una gran oportunidad en la elección del próximo, 3 de noviembre: utilizar el voto para enjuiciar la conducta de esos políticos que le han fallado porque se consideran por encima de las leyes, y del bien y el mal. Quitarles los fondos públicos de las manos a esos farsantes sería un gran primer paso hacia el logro de una mayor justicia para nuestro pueblo.
